Ocho años después de la aprobación de la Ley de Condicionalidad de Inversiones, conocida como Nica Act, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa aferrado al poder. Las sanciones económicas y diplomáticas impulsadas por Estados Unidos y otros países no han generado una apertura democrática. Ahora, un nuevo proyecto se ha introducido en el Congreso estadounidense para reactivar y ampliar estas medidas. ¿Puede esta vez tener un efecto diferente?
El economista Juan Sebastián Chamorro, quien fue uno de los siete aspirantes presidenciales encarcelados previo a las elecciones de 2021, consideró que esta propuesta es importante por el “momento político” que se vive en Nicaragua.
Luego de las amenazas de Ortega de eliminar las elecciones competitivas, la administración de Donald Trump ha realizado convocatorias en la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunir a los cancilleres (este miércoles 19 de agosto se realizará la votación), ha nominado una nueva embajadora en Managua y realizado un llamado para pasar de las declaraciones, a “tomar medidas reales”.
“Es importante por el momento político que estamos viendo. El Congreso está enviando el mensaje de que están haciendo lo que está a su alcance: una Ley para sancionar el régimen Ortega-Murillo”, valoró Chamorro.
El político dijo que “obviamente los dictadores tratarán de escabullirse de estas sanciones”, como lo han hecho desde hace años, pero “la situación actual es completamente diferente”.
¿Qué incluye este nuevo proyecto?
La propuesta de los senadores estadounidenses Ted Cruz (republicano) y Tim Kaine (demócrata), titulada “Ley de 2026 para el restablecimiento de la equidad electoral y los derechos de la oposición mediante mandatos de rendición de cuentas”, incluye la imposición de sanciones al negocio del oro y a funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua, dos eslabones financieros claves del régimen sandinista.
Además, la iniciativa contempla sanciones a cualquier otro sector de la economía nicaragüense, identificado por el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro.
A diferencia de la anterior Nica Act, que duró cinco años (2018-2023), la nueva normativa extiende el periodo hasta el 31 de diciembre 2035, o 90 días después de que el presidente de Estados Unidos certifique que en Nicaragua se ha alcanzado una resolución a la crisis política que incluya:
- Un compromiso del Gobierno de Nicaragua de celebrar elecciones competitivas, libres y justas que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación internacional creíble.
- El cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía sandinista y por grupos armados apoyados por el Gobierno de Nicaragua.
- Investigaciones independientes sobre los asesinatos de manifestantes en Nicaragua.
Bajo este nuevo proyecto, las actividades sujetas a sanciones incluyen el arresto o enjuiciamiento de miembros, voluntarios o empleados de iglesias católicas y protestantes; condena y sentencia de un actor político o un miembro de una organización de la sociedad civil; y el suministro de bienes, servicios o tecnología que colaboren con Rusia o Irán.
El analista político Manuel Orozco, del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, explicó que para aprobar esta Ley se requiere aprobar los anteproyectos de ambas cámaras y reconciliar sus contenidos en uno solo. “Esto apenas empieza”, señaló.
Orozco mencionó que para que una Ley sea efectiva, su cumplimiento normativo de parte del Ejecutivo debe ir acompañado de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica presentar informes periódicos sobre los avances en la implementación de la ley, pero la Cámara Baja aún no tiene un procedimiento definido para ello.
Para Orozco, es un anteproyecto bastante amplio que “podría ser muy eficaz” si se le pone apoyo en la implementación de las medidas coercitivas. “¿El problema es quién dentro del Departamento de Estado sería asignado para coordinar el trabajo de implementación?”, preguntó el analista.
¿Tuvo efectos la primera Nica Act?
La Nica Act fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 20 de diciembre de 2018. La Ley buscaba detener los préstamos para la dictadura en las multilaterales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta que el régimen tomara medidas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.
Además de restringir préstamos de instituciones financieras internacionales, también se autorizó emitir restricciones de visa y congelar cualquier activo en poder de los Estados Unidos de personas o instituciones responsables de la violencia contra los manifestantes e involucrados en la corrupción. Los sancionados tienen prohibido realizar transacciones financieras con individuos o empresas estadounidenses.
Las administraciones de Trump y Biden, y otras autoridades estadounidenses, citaron la Nica Act para emitir una serie de sanciones individuales y de entidades durante los cinco años que tuvo de vigencia (caducó en diciembre de 2023).
Según el informe 2025 del FMI, hasta finales de noviembre del año pasado, el gobierno estadounidense había impuesto sanciones de bloqueos de activos a 47 personas y 15 entidades estatales (incluido el Ministerio Público, algunas pequeñas instituciones financieras y entidades mineras estatales) y restricciones de visa a más de 2200 funcionarios nicaragüenses. Entre los sancionados se encuentran la copresidenta Rosario Murillo y cuatro de sus hijos con Ortega; la Policía Nacional y la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP).
El FMI señala que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países desde 2018 no se han dirigido directamente a las principales fuentes de divisas del país: exportaciones y remesas. Sin embargo, destaca que los préstamos multilaterales en condiciones favorables (lo que buscaba la Nica Act) han disminuido, y los préstamos bilaterales (por ejemplo, de China y Arabia Saudita) aún no los han reemplazado.
Préstamos de multilaterales han disminuido, pero no se han detenido
A su vez, las medidas que ha tomado el régimen para esquivar sanciones, como la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones externas (Ley N°. 1224): “Ha aumentado el costo de hacer negocios, ya que exige que los bancos nicaragüenses presenten más informes a los supervisores y a sus bancos corresponsales para cumplir con sus propios requisitos legales”, cita el informe de la multilateral financiera.
Un informe elaborado en 2023 por Expediente Abierto, titulado Nica Act y Renacer: Análisis de las sanciones de EE. UU. en respuesta a los abusos de derechos humanos en Nicaragua, argumenta que, pese a que los representantes estadounidenses han votado en contra de los préstamos o la asistencia técnica y los desembolsos han disminuido, multilaterales continúan concediendo cierta asistencia financiera al régimen.
El Banco Mundial y el BID otorgaron préstamos para responder a la pandemia, desastres naturales y donaciones de asistencia técnica, por un monto total de hasta $500 millones hasta 2023. Por otro lado, en ese mismo periodo, el FMI otorgó préstamos de entre 180 y 540 millones de dólares.
Aunque la Nica Act proporcionaba una exención para los préstamos destinados a satisfacer las necesidades humanas básicas, el BID otorgó desembolsos al régimen Ortega-Murillo que “no fueron simplemente de naturaleza humanitaria, y a menudo se expresaron en lenguaje de apoyo a las poblaciones vulnerables, reducción de la pobreza y vida resiliente”, según el informe de Expediente Abierto, elaborado por Vicky Gass, analista político.
El informe valora que las sanciones de visas han afectado a algunas personas que tienen propiedades, familiares o tratos comerciales en Estados Unidos, pero “no han tenido un impacto tan significativo como se esperaba”: el Ejército sigue siendo leal y los líderes empresariales no confrontan al régimen por temor de ser arrestado. El régimen ha amortiguado los golpes económicos con el apoyo político y financiero de China y Rusia, y obtenido préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que no participa Estados Unidos.
“La eficacia limitada de las sanciones hasta la fecha (2023) recuerda la experiencia de las sanciones de EE. UU. contra Cuba, que ha perdurado a pesar de ser uno de los regímenes de sanciones más completos del mundo”, señala el informe.
Ley Renacer y Orden Ejecutiva
Durante el primer año del gobierno de Joe Biden, el 10 de noviembre de 2021, el Congreso aprobó la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma electoral de 2021, conocida como Ley Renacer. Esta Ley pretendía reforzar la Nica Act y revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial DR-Cafta.
También, autorizó a la administración Biden a implementar sanciones de visas a personas que obstruyeron elecciones libres, que socavan los procesos democráticos o participaron en actos de corrupción, incluyendo a la familia Ortega-Murillo. Además, se pidió la coordinación con otros países para imponer sanciones y ordenó informes sobre actividades rusas en Nicaragua, así como compras y acuerdos por parte del régimen en nombre de su sector militar o de inteligencia.
Un año después, el 24 de octubre de 2022, la administración Biden emitió la Orden Ejecutiva 14088, que allanó el camino para que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones sectoriales, más restricciones al comercio y a nuevas inversiones en ciertos sectores de la economía nicaragüense. Antes, Biden había recortado la cuota de azúcar Nicaragua e impuso sanciones al sector aurífero nicaragüense.
Iniciativa enfocada en transición democrática
La aprobación de leyes contra el régimen nicaragüense, como la Nica Act y Renacer, es valorada como positiva por los analistas. Para Juan Sebastián Chamorro, la primera normativa “sí tuvo un efecto positivo porque de alguna manera marcó una decisión del Legislativo (estadounidense) de tomar cartas en el asunto”.
Las Leyes aprobadas por el Congreso han centrado más la atención de las administraciones (Trump y Biden) y del Departamento de Estado en la política de Nicaragua. El apoyo bipartidista ha enviado un mensaje de que tanto demócratas como republicanos se interesan por los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.
Chamorro valoró como “importante” que el proyecto destaque la transición democrática. “La Ley misma establece que como un objetivo de la política es transitar hacia la democracia, y las sanciones se suspenden cuando se restablezca la democracia en Nicaragua”, añadió Chamorro.
La iniciativa apenas inicia su recorrido legislativo. Si logra avanzar, marcaría una nueva etapa de la política estadounidense hacia Nicaragua: más años de vigencia, nuevos sectores sujetos de sanciones y un énfasis en la transición democrática, mientras Ortega insiste en cerrar la vía electoral.