El retorno de la empresa minera BHMB a su propietario, Baruch Rapoport, fue producto de una estrategia de presión diplomática de Estados Unidos enfocada en proteger las inversiones de sus ciudadanos en Nicaragua, y la disposición de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo de buscar un frente de común acuerdo para frenar la impetuosa e impredecible política exterior de la administración del presidente Donald Trump.
Dos fuentes vinculadas a la estructuras legales y financieras de la dictadura sandinista confiaron a DIVERGENTES que la decisión de retornar la minera fue tomada ante la falta de otras cartas para negociar con Estados Unidos, principalmente en temas de seguridad regional y migración.
“La idea es buscar un escenario como el de Venezuela, que busca mantener tranquilo a Estados Unidos por el lado económico, mientras se va dando paso a nuevos escenarios políticos. No quedan muchas opciones para negociar, así que el Gobierno está apostando a esto, porque es un tema que interesa mucho en Estados Unidos”, dijo una de las fuentes consultadas.
La pauta de este giro en la estrategia política del régimen en su atropellada relación con Estados Unidos la habría impuesto el mismo Encargado de Negocios Elias Baumann, quien desde el inicio de su gestión dejó claro que una de sus prioridades era velar por la situación de los inversionistas norteamericanos en Nicaragua.
“Al conocer más de Nicaragua, propietarios de empresas nicaragüenses y estadounidenses han compartido conmigo los retos a los que se enfrentan cada día. Muchas de estas mismas preocupaciones fueron destacadas en el informe de la investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre los actos y políticas comerciales de Nicaragua. Como fue anunciado en Diciembre, el gobierno de Nicaragua tiene que mostrar avances en la resolución de estas cuestiones”, escribió Baumann en la red social X el 22 de enero de 2026, cuando tenía menos de un mes de estar asignado oficialmente al cargo. Baumann estaba asignado previamente como Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Managua, antes de ser designado como Encargado de Negocios.
Washington reafirma respaldo a inversionistas estadounidenses
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en respuesta a una consulta de DIVERGENTES, dejó claro que la gestión diplomática de Baumann tenía como “alta prioridad” velar por los intereses de los inversionistas estadounidenses en Nicaragua.
“El Departamento de Estado promueve los intereses comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, y Nicaragua no es la excepción. El Jefe de Misión y el equipo de la Embajada mantienen un diálogo permanente con empresarios estadounidenses en Nicaragua para conocer de primera mano sus logros y los desafíos que enfrentan. Proteger a nuestros ciudadanos y sus intereses sigue siendo una de las más altas prioridades del Departamento de Estado”, señaló un portavoz de esta cartera estadounidense.
Añade que Nicaragua bajo el régimen sandinista es un país en que “los inversionistas deben actuar con extrema cautela y ejercer la debida diligencia al invertir en Nicaragua. Los inversionistas no deben esperar una aplicación justa del Estado de derecho, ni un entorno empresarial predecible”, en sintonía con lo reportado en el informe sobre el Clima de Inversión de 2025 del mismo Departamento de Estado.
En respuesta a este medio, el Departamento de Estado recordó que se ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que las autoridades nicaragüenses “pueden confiscar bienes – incluidos terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros – sin previo aviso, ni justificación legal”.
“La Administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para defender los intereses de Estados Unidos y amplificar las demandas del pueblo nicaragüense de libertad, derechos inalienables y seguridad económica”, indicó el Departamento de Estado.
Las nuevas apuestas del régimen
El viernes 26 de junio DIVERGENTES reveló que el régimen sandinista comenzó a vender, alquilar y repartir las casas robadas por medio de confiscaciones a desterrados y exiliados. La anterior Constitución Política prohibía este tipo de despojos, pero el nuevo marco legal impuesto por la administración sandinista en enero de 2025 lo legalizó.
Asimismo, análisis previos publicados por DIVERGENTES revelaron que el régimen sandinista, por medio de una fallida negociación encabezada por el cocanciller Denis Moncada, propuso a Washington mayor cooperación en materia migratoria, algo que el régimen copresidencial ya hacía desde meses atrás con el recibimiento en silencio de vuelos de deportados en Managua. Sin embargo, Estados Unidos dijo al cocanciller que el tema ya lo tenían resuelto con base en la feroz política antimigratoria impulsada por la administración Trump.
Otro de los ofrecimientos que Moncada hizo fue restablecer y reforzar la cooperación en el combate al narcotráfico, meses después que la Administración de Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como DEA, dijera que Managua no cooperaba en esa materia y anunciara su retiro de Nicaragua. Le dijeron que esa cooperación debía existir sí o sí, porque de lo contrario era otro tema que podían resolver con bombas, como en el Caribe venezolano.
Entre la presión y la prudencia diplomática
Manuel Orozco, especialista en temas migratorios del reconocido centro de pensamiento Diálogo Interamericano, cuestiona que “si los mecanismos de política exterior y la diplomacia realmente están formulando una propuesta de defensa frente a la inseguridad jurídica y su efecto en las propiedades de ciudadanos o negocios estadounidenses”.
Dos hechos públicos que indican influyeron en el caso de BHMB fue las revelaciones de la prensa en el exilio nicaragüense al reportar que la minera había sido adjudica a un oscuro empresario chino de nombre Minhui Sun y el reclamo hecho por medio de su cuenta en X del Richard Grenell, enviado especial para Misiones Especiales de Donald Trump, calificó el robo como un hecho “indignante”.
Orozco opinó que detrás de las acciones de Estados Unidos frente a los atropellos de la dictadura sandinista hay dos escenarios posibles. “La interrogante es cómo valora Estados Unidos las acciones de Nicaragua frente a su relación con Rusia y China; frente a su corrupción que incluye confiscaciones, y frente a las violaciones de derechos cívicos y políticos”, expresó.
“La observación hasta el momento muestra una de dos cosas: una tendencia de mantener un bajo perfil hacia Nicaragua sabiendo que el poderío de Estados Unidos podría cambiar el balance de poder en minutos; o una calibración sometida de acciones orientadas a golpear poco a poco a la dictadura, mientras se dan otros pasos como el debilitamiento interno, la mejora de la oposición o el deterioro económico”, concluyó.