La diplomacia de la presión ha dado su primer resultado visible en la crisis del oro entre Nicaragua y Costa Rica. En un giro sorpresivo para la tensa relación bilateral, autoridades de alto nivel de ambos países se sentaron frente a frente en el puesto fronterizo de Peñas Blancas para acordar una estrategia conjunta contra la extracción ilegal en la zona de las Crucitas, en el lado costarricense.
Sin embargo, la foto oficial del encuentro oculta las verdaderas fuerzas que obligaron a la dictadura de Managua a negociar: el temor a que la administración de Donald Trump en Washington imponga sanciones a la lucrativa industria aurífera nicaragüense, y la urgencia de las transnacionales mineras por blindar sus exportaciones ante el fantasma del “oro de sangre” y mercurio que fluye desde territorio costarricense.
El encuentro, reportado tanto por el Gobierno costarricense como por los medios de la propaganda orteguista de Managua, reunió a los cancilleres Arnoldo André (Costa Rica) y Valdrack Jaentschke (Nicaragua), junto al ministro de Seguridad Pública tico, Mario Zamora.
Por el lado nicaragüense, participaron también el general de brigada Juan José Membreño, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua; el teniente coronel Ramón de Jesús Quiñónez, jefe de la Oficina de Asuntos Territoriales del Ejército de Nicaragua, y el primer comisionado, general Francisco Díaz Madriz, jefe de las Fuerzas Policiales y consuegro del dictador.
Adicionalmente, estuvieron el comisionado general Victoriano Ruiz Urbina, jefe de las Fuerzas Policiales; el comisionado general Luis Cañas, viceministro del Ministerio del Interior; el comisionado general Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior, e Iván Lara, ministro asesor de la Presidencia para Políticas y Relaciones Internacionales.
Operativos fronterizos conjuntos
En la mesa se pactaron acciones operativas inmediatas. Según las actas del encuentro, ambos países acordaron establecer un “punto focal” de inteligencia para el intercambio de información en tiempo real sobre las redes criminales o coligalleros.
Además, se ejecutarán operativos fronterizos coordinados —aunque no conjuntos, manteniendo cada fuerza de seguridad dentro de su respectivo territorio— para asfixiar las rutas de trasiego del sedimento aurífero. El compromiso tiene fecha de caducidad, si no hay avances: las delegaciones acordaron realizar una primera evaluación de resultados el próximo 24 de abril.
“Todos nuestros requerimientos fueron atendidos, todos y cada uno de ellos, por las autoridades nicaragüenses”, dijo el ministro costarricense Zamora, de acuerdo a reportes del diario costarricense La Nación. El jerarca agregó que cuando un coligallero es perseguido por la Policía y entra a territorio nicaragüense, está fuera del alcance.
Zamora describió la coordinación por puntos focales como una vinculación con las autoridades de Nicaragua para que, cuando está pasando ese traslado de personas que hacen minería ilegal, se pueda dar aviso y que ellos puedan detener a los sospechosos, y lo mismo en sentido contrario.
La sombra de Washington y el giro de Managua
Para comprender por qué el régimen de Daniel Ortega —que históricamente ha ignorado o minimizado los reclamos ambientales de San José— aceptó esta cumbre de alto nivel, hay que mirar hacia el norte.
Días antes de la reunión, el presidente costarricense Rodrigo Chaves y su sucesora electa, Laura Fernández, anunciaron su intención de llevar el reclamo por las millonarias pérdidas de Crucitas (estimadas en 252 millones de dólares anuales) directamente a la Casa Blanca.
Esta jugada diplomática tocó un nervio existencial para Managua. El oro es el principal rubro de exportación de Nicaragua y uno de los pocos salvavidas económicos que le quedan a la dictadura sandinista.
Una denuncia formal de Costa Rica ante un Donald Trump recién retornado al poder podría desencadenar sanciones directas del Departamento del Tesoro contra la cadena de suministro del oro nicaragüense, bajo el argumento de que este país facilita el lavado de recursos saqueados a un aliado geopolítico de Estados Unidos. Ante ese riesgo, sentarse a negociar en Peñas Blancas resultó ser la opción de menor costo para Ortega.
El “control de daños” de las mineras
El impacto de la amenaza tica no solo sacudió a los políticos, sino también a los mercados. En una sincronía inusual con la reunión diplomática, las gigantes mineras Hemco y Equinox Gold, que operan grandes concesiones legales en Nicaragua, emitieron comunicados públicos (difundidos en medios de la propaganda sandinista) para realizar un evidente control de daños.
Ambas empresas se desmarcaron tajantemente de la minería ilegal y negaron adquirir material aurífero proveniente de Costa Rica. Este blindaje corporativo es vital para su supervivencia: si el mercado internacional o las autoridades estadounidenses determinan que estas empresas están mezclando su producción con el oro extraído ilegalmente en Crucitas y procesado en campamentos clandestinos en Nicaragua, enfrentarían un bloqueo en los mercados globales. Las mineras formales necesitan demostrar que su oro está “limpio”, y para ello requieren que el Estado nicaragüense frene el contrabando fronterizo.
A pesar de los acuerdos sobre el papel y los comunicados corporativos, el desafío logístico es monumental. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua, dividida en gran parte por el río San Juan, es históricamente porosa y está dominada por redes criminales transnacionales con años de arraigo.
El material extraído en Crucitas viaja en barcazas hacia el lado nicaragüense, donde es procesado con cianuro en la espesura de la Reserva Biológica Indio Maíz, lejos del radar estatal. Queda por ver si el “punto focal” de inteligencia pactado en Peñas Blancas tendrá la capacidad y, sobre todo, la voluntad política real del Ejército de Nicaragua para desmantelar unos campamentos clandestinos que, hasta hoy, han operado con total impunidad.