Ser abogado y notario público se ha convertido en un oficio de riesgo en Nicaragua. La vigilancia sobre este gremio no solo proviene de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino también de colegas, funcionarios del Poder Judicial e incluso de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), lo que genera un clima de presión constante. La consigna es clara: acatar disposiciones sin cuestionar. De lo contrario, la represalia puede traducirse en trabas procesales, retrasos en la renovación del quinquenio o, en el peor de los casos, la pérdida de la licencia.
Alberto, un abogado que pidió anonimato al hablar con DIVERGENTES, asegura que lo que más le inquieta es la vigilancia a nivel comunitario. Según relata, los miembros de los CPC visitan a los abogados en los barrios de manera aparentemente cordial, pero con un mensaje inequívoco: “O te alineas o te alinean”.
Además, estas visitas suelen incluir la expectativa de que los profesionales participen en actividades comunitarias, lo que convierte su presencia en los barrios en una obligación adicional que refuerza el control político sobre el gremio. “No estoy en contra de las regulaciones de la CSJ, sé que hay un mayor control, pero como notarios cada vez debemos de cuidarnos más”, dice preocupado.
El abogado recuerda que la vigilancia sobre los notarios comenzó con el control de la venta de papel sellado. Ahora, para adquirirlo es obligatorio estar inscrito en la Dirección General de Ingresos (DGI) y proporcionar registro personal, correo electrónico y número de teléfono.
Cada compra queda asociada a una numeración y serie, lo que, según este litigante con más de 30 años de experiencia, convierte lo que podría verse como un ordenamiento, en un mecanismo de control. “El papel sellado cuenta con un código de barras que muestra la información del notario que lo generó en el sistema PASE, además de la fecha y la hora de emisión”, explica.
Antes, este insumo podía ser adquirido por cualquier persona e incluso prestado entre colegas. Hoy, todo queda registrado a nombre del abogado que lo compra. “Se especula entre el gremio que es una forma de imponer dos cobros: un derecho anual para cartular y pagar ante la CSJ un permiso de operaciones, y una póliza de seguro de daños en el ejercicio notarial en Iniser (Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros). Esa última medida sería un gran beneficio para el Gobierno, porque con más de 40 000 abogados, generaría un recaudo millonario”, sostiene el entrevistado.
Control sobre el papel sellado y los trámites notariales
Otra de las quejas del abogado es la limitación en la compra de papel: actualmente el sistema solo permite adquirir diez hojas de protocolo y diez de testimonio por persona, cuando antes la cantidad era libre, según las necesidades del profesional.
Esta medida, que en apariencia busca ordenar el uso de insumos, en la práctica obliga a los notarios a un control más estrecho y recurrente de parte del sistema. “Esto es un racionamiento adrede… un efecto de control que refuerza el seguimiento sobre nuestras actividades y nos quita autonomía. Antes yo administraba los papeles de protocolo y de testimonio según la demanda de trabajo; ahora no, ahora estamos llenos de tramitología. Simple: el gremio está bajo supervisión continua… y eso nos complica el ejercicio independiente”, dice Mariana, especialista en derecho de familia entrevistada por DIVERGENTES en condición de anonimato.
La abogada litigante agrega que incluso para las personas naturales, resulta complicado adquirir papel sellado, pues únicamente se les permite comprar entre tres y cinco unidades. Relata que, al menos en la Administración de Renta Sajonia donde observó este proceso, un estudiante tuvo que presentar las notas de su último año y su carné para justificar la compra. En contraste, señala que los timbres continúan disponibles de forma libre.
Quinquenios: demoras como mecanismo de presión
El retraso en la autorización de los quinquenios es otro mecanismo de presión, denuncia Alberto. Lo que antes tardaba dos meses ahora puede extenderse más de un año. Según su testimonio, este lapso prolongado “sirve para ganar tiempo, revisar sigilosamente y controlar tus procesos”.
Aunque admite que cierta fiscalización no es negativa, cuestiona la ineficiencia de un sistema con pocos funcionarios, desorganizado y que “trabaja como si estuviera improvisando”. A ello se suma una preocupación mayor: que estas revisiones sirvan, en la práctica, para indagar con qué opositores trabaja cada abogado.
Alberto forma parte del centenar de notarios que esperan la autorización de su quinquenio. La demora, asegura, ya le ha causado pérdidas económicas, pues le impide realizar escrituras públicas, compraventas, donaciones, testamentos, matrimonios, divorcios e incluso comprar papel sellado sin estar consultando en la instancia. Relata que a una colega la CSJ tardó nueve meses en otorgarle el permiso notarial y que conoce de otros notarios que llevan año y medio esperando, “cuando antes era prácticamente inmediato; ahora solo trabajan hasta el mediodía”.
Control económico y formularios obligatorios
Mariana, con 32 años de experiencia notarial, asegura que el gremio nunca había sentido tanta vigilancia como ahora. Explica a DIVERGENTES que, desde su perspectiva, el mayor control se concentra en los trámites de índole económica, especialmente a partir de la Ley No. 977 —Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva—. A ello se suma la supervisión conjunta de la Procuraduría General de la República (PGR) y la CSJ.
Cuenta que ambas entidades han sido especialmente sigilosas con los trámites de cesión de derechos hereditarios y compraventas. Explica que, tras la reforma a la Ley 977 aprobada el 30 de noviembre de 2023, se exige al abogado llenar el “Formulario de declaración contra lavado de dinero y procedimiento de registro para certificaciones DLD/FT”. Este documento, además de requerir todos los datos del litigante, debe enviarse a la CSJ, la cual lo remite a la PGR para su revisión.
Según la abogada, antes no existía este requisito: había cierto control, como la regulación de protocolos, pero no era necesario completar, ni enviar un formato de este tipo. Ahora, en cambio, es obligatorio hacerlo en línea, y conservar el documento en el protocolo de los abogados para trámites que superen los 200 000 córdobas.
“Es un formato de control; sin embargo, los datos que solicitan son invasivos, no sólo para mí como abogada, sino también para los clientes. Entiendo que el Gobierno quiere rastrear de dónde proviene el dinero y tener un mayor control, pero ahí está la barrera: hay abogados que no quieren cumplir con la norma, otros no saben cómo llenarla y, en algunos casos, la familia tampoco puede hacerlo (porque existe un formulario para la persona natural y otro para el abogado). Además, es un trámite largo y tedioso”, detalla, y agrega que la CSJ tiene una lista amplia de trámites para los que este tipo de formularios es obligatorio, porque, como sostiene, “todo es investigación”.
Abogados impedidos de tramitar en oficinas estatales
Hasta litigar se ha vuelto más complejo. Primero por la vigilancia, luego por los casos que se aceptan como abogado, la inscripción en la DGI, y ahora porque incluso realizar trámites en el Ministerio de la Familia, el Ministerio del Trabajo y otras oficinas estatales se ha vuelto tedioso.
Mariana comenta que en esas instituciones ya no dejan ingresar a los abogados, ni siquiera a la PGR: “Únicamente puede realizar trámites la persona natural, mientras que a los abogados los echan a la calle o los mandan a sentar a la sala de recepción, o te dicen ‘se queda callado, no puede hablar’, situación que antes no ocurría”.
La justificación oficial es que los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de un abogado. Sin embargo, la eficiencia y la agilidad distan mucho de ser características de las instituciones estatales.
Como explica la abogada: “La Defensoría dice que ellos también son abogados, y todo es gratuito… Cuando te ven, te sacan y solo dejan entrar al cliente. Eso nos afecta porque realizamos trámites y damos acompañamiento. Incluso llevando un poder de representación, la persona natural debe estar presente”. Para ella, esta práctica forma parte de la estrategia del régimen de mantener bajo vigilancia a los nicaragüenses en sus gestiones personales.
Aclara que en materia penal y civil aún se permite el acompañamiento de abogados, pero en los trámites administrativos es cada vez más complejo. El control es tal que, si la persona solicitante no puede presentarse, debe designar a un familiar y entregar sus datos para que lo represente, pero nunca un abogado.Todo este mecanismo de control para ejercer la abogacía o la función notarial en Nicaragua obliga a los profesionales a lidiar con regulaciones estrictas, trámites supervisados y vigilancia constante, tanto institucional como comunitaria. El gremio, que antes podía ejercer con independencia, enfrenta ahora un sistema que monitorea cada acción, limita su participación en los trámites y mantiene bajo escrutinio tanto a abogados como a quienes dependen de ellos. La gran pregunta es: ¿qué autonomía le queda a un abogado en estas condiciones?