Nicaragua atraviesa el período más duro de su historia reciente. El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo desmanteló toda posibilidad de oposición real, forzó al exilio a decenas de liderazgos y estableció un modelo de control total basado en la vigilancia, la represión y la concentración familiar del poder.

Hoy en día, la vía democrática tradicional —elecciones libres, regreso de exiliados, restauración de derechos— parece imposible. El régimen no sólo ha rechazado abrir estos caminos, sino que ha intensificado su ofensiva. Leyes cada vez más duras, cierre de organizaciones civiles, encarcelamiento de críticos y eliminación sistemática de antiguos aliados han caracterizado su estrategia.

En los últimos meses, algo preocupante entre los simpatizantes del partido ha comenzado a suceder: el régimen ha dirigido sus ataques contra figuras históricas del propio sandinismo. La investigación contra Bayardo Arce, durante años asesor cercano de Ortega, y la huida de Lenin Cerna, exjefe de Seguridad del Estado, después de que allanaran su casa, muestran una creciente desconfianza interna.

Estos episodios, junto con el aislamiento domiciliario y posterior muerte de Humberto Ortega, sugieren una limpieza dentro del círculo más cercano al poder. Ni siquiera la vieja guardia del sandinismo está a salvo. La lealtad absoluta al núcleo Ortega-Murillo se ha vuelto el único criterio para mantenerse en el aparato estatal, partidario y hasta familiar.

Con la oposición desmantelada, la sociedad civil criminalizada y los liderazgos en el exilio, el poder del régimen descansa únicamente sobre tres estructuras: la Policía Nacional, la “Policía Voluntaria” —o mejor llamarles lo que son: parapoliciales— y el Ejército de Nicaragua. Han sido fundamentales para sostener el modelo represivo desde las protestas de abril de 2018.

La Policía se transformó en el brazo político de la represión, ejecutando detenciones arbitrarias y control territorial. Mientras la “Policía Voluntaria”, encapuchada y conformada por trabajadores estatales, fueron oficializados e incluidos en la nueva Constitución y juramentados por Murillo a mitad de febrero de 2025. Y el Ejército, bajo el comando del general Julio César Avilés, juró lealtad a la copresidencia matrimonial y a la Constitución OrMu.

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU reveló por primera vez información creíble de que el Ejército participó directamente en la represión contra ciudadanos durante las protestas de 2018, usando armas letales en coordinación con la Policía y grupos armados progubernamentales.

El general Julio César Avilés fue ratificado por Ortega en al menos cuatro períodos consecutivos al frente del Ejército. Su continuidad se ha garantizado mediante reformas legales que lo blindan frente a cualquier intento de cambio interno. Pero incluso esta lealtad podría tener límites.

La muerte de Ortega no cambia el sistema

Muchos apuestan por una salida natural: que Daniel Ortega deje el poder por razones de salud o edad. Pero la estructura actual está diseñada para sobrevivir sin él. Rosario Murillo, como copresidenta oficial, controla el aparato estatal, la propaganda y las redes de vigilancia partidaria.

La eventual muerte de Ortega no sería una transición democrática, sino una sucesión dinástica. El régimen ya ha dado pasos para blindar ese escenario. Cualquier esperanza de apertura sería ingenua si consideramos que Murillo —con mayor rigidez ideológica y control directo— ha demostrado no estar dispuesta a desmontar el sistema que ha construido.

La historia reciente de América Latina ofrece pocos paralelismos, pero uno de los más recientes es el caso de Bolivia en 2019. En ese contexto, tras denuncias de fraude electoral, protestas masivas y un creciente aislamiento político, Evo Morales fue “invitado” a renunciar por las Fuerzas Armadas. Lo hizo públicamente, ante cámaras, y posteriormente abandonó el país. Se instaló entonces un gobierno interino con respaldo militar, sin consenso político, que generó también nuevos episodios de represión y polarización.

Ese episodio dejó una lección ambigua: los militares pueden propiciar un quiebre, pero su intervención no garantiza por sí sola un camino democrático. En el caso nicaragüense, una acción semejante sólo podría tener legitimidad si está sujeta a reglas claras, con acompañamiento internacional, y un mandato temporal que desemboque en elecciones libres.

Las recientes purgas han enviado un mensaje que resuena incluso en los cuarteles: nadie está seguro si no se alinea completamente con el núcleo de poder. En esa lógica, el descontento o la fractura —aunque incipiente— pueden convertirse en el germen de un quiebre.

¿Tiene el Ejército Nacional capacidad y voluntad para actuar? ¿Lo haría por convicción democrática o por cálculo interno? ¿Conduciría su acción a una transición o a una reconfiguración del autoritarismo? Son preguntas que deben analizarse sin eufemismos, pero con cautela.

El debate sobre el papel del Ejército no es una defensa de soluciones autoritarias, sino una lectura de la correlación real de fuerzas dentro del país. La transición democrática ideal no está disponible en las condiciones actuales. Sin embargo, ignorar otros escenarios potenciales impide entender la complejidad del momento.

Plantear la posibilidad de una intervención militar como única salida viable no implica desearla. Pero tampoco se puede ignorar la realidad: en un país donde el régimen ha cerrado todos los caminos legales, institucionales y pacíficos, la pregunta sobre quién podría romper ese cerco se vuelve inevitable. El periodismo responsable no aboga por salidas autoritarias, pero tampoco puede ignorar la realidad. 

Cualquier salida debe apuntar al restablecimiento de derechos y libertades, no a su sustitución por nuevas imposiciones totalitarias. Al mismo tiempo, es legítimo abrir el debate sobre escenarios que, aunque incómodos, podrían marcar el inicio de una transición posible hacia la democracia que los nicaragüenses merecen.