El falso poder del pueblo: la realidad del control absoluto de Ortega y Murillo en Nicaragua

El diputado Wálmaro Gutiérrez afirmó que el poder en Nicaragua pertenece al pueblo, pero la realidad muestra un régimen autoritario que mediante reformas constitucionales, leyes represivas y violaciones a derechos fundamentales, suprime la voluntad popular, persigue la disidencia y comete crímenes de lesa humanidad, sometiendo a los ciudadanos bajo un violento estado policial


Lo dicho:

“El poder no se divide, el poder es único y le pertenece al pueblo. Esa teoría de la separación lo que ha llevado es a repartir el Estado como que fuera un botín de guerra. Ahora, con esta reforma constitucional, los poderes dejan de ser poderes para convertirse en lo que son, órganos del Estado nicaragüense al servicio del soberano, que es el único que es el dueño del poder, que es el Estado nicaragüense”

Clasificación:

Falso - La información no es verdadera

Verificamos:

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, en una reciente entrevista en un canal oficialista, afirmó que “el pueblo nicaragüense le pertenece al pueblo”. Sin embargo, su declaración es falsa

Sus palabras hacen referencia a la aprobación en la Asamblea Nacional en segunda legislatura, de la nueva reforma constitucional, que, aunque oficializa una práctica ya vigente por las vías de facto, evidencia los esfuerzos del régimen por centralizar el poder en el Poder  Ejecutivo. Esto consolida una estructura que refuerza el control oficialista y margina la voluntad popular.

Según las Naciones Unidas, los Estados deben ser democráticos, implicando el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizando que las personas puedan ejercer su voluntad libremente. Esto significa que los nicaragüenses, sin distinción, tienen el derecho de decidir y exigir la rendición de cuentas a través de los poderes del Estado. Sin embargo, tras 18 años de gobierno ininterrumpido de Daniel Ortega, la realidad es que los ciudadanos son quienes tienen menos poder, y este control impuesto se ha recrudecido desde 2018. Estos son algunos  de los actos que demuestran que en Nicaragua, el poder en realidad lo ejerce una casta de represores y autoritarios, y no el pueblo como tal. 

El régimen Ortega-Murillo privó arbitrariamente de la nacionalidad y confiscó sus bienes a 451 nicaragüenses opositores con base en la Ley 1055 de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, y la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, entre otras (Ley 1145).

La Resolución 2/23 sobre el derecho a la nacionalidad, la prohibición de su privación arbitraria y la apatridia establece que la nacionalidad es un derecho fundamental inderogable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que la privación arbitraria de la nacionalidad, especialmente cuando se utiliza como sanción por motivos políticos, viola las normas del derecho internacional, incluidas la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ambas ratificadas por Nicaragua.

Esto demuestra que el Gobierno actúa según sus propios intereses, ignorando principios constitucionales y la voluntad del pueblo, quien es el verdadero soberano. La nacionalidad no puede ser arrebatada arbitrariamente, ya que su respeto es esencial para garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de los ciudadanos.

En Nicaragua existe un debilitamiento progresivo de los poderes del Estado, cuya independencia y contrapeso uno de los pilares fundamentales de la democracia que garantiza la independencia y la voluntad del pueblo. “Argumentar que el poder no debe dividirse. Es justificar el absolutismo, donde las instituciones dejan de representar al pueblo y se convierten en herramientas de opresión. Esto crea un sistema totalitario en el que los ciudadanos quedan desprotegidos ante el abuso del poder”, afirma el politólogo y expreso político Félix Maradiaga. 

“Sin una separación clara, el Ejecutivo tiene carta blanca para coartar libertades, controlar el uso de impuestos, manipular las leyes a su favor y reprimir cualquier disidencia. Este principio no es un lujo teórico; es el mecanismo que asegura justicia, rendición de cuentas y servicios públicos efectivos para la población”, enfatiza.

Al ratificar “la orquestación” de poderes, el poder del pueblo queda anulado. No existe supervisión legislativa, los recursos pueden ser desviados para enriquecer a las élites, en el caso de Nicaragua a las vinculadas con los orteguistas, no hay garantías de justicia equitativa, y la represión prevalece contra los ciudadanos, mientras el régimen abiertamente protege a sus operadores. 

Rebelión de Abril

El Estado nicaragüense criminalizó a partir de 2018, la libertad de expresión y la manifestación pacífica, derechos fundamentales del pueblo, evidenciando su desapego a la legalidad. Entre las medidas adoptadas, destaca la Ley de Ciberdelitos, diseñada para perseguir delitos como hackeo, robo de identidad y espionaje informático, pero también para criminalizar a quienes “difundan información falsa”. Esto permite perseguir a críticos de Ortega en redes sociales, así como a medios de comunicación que, según el Gobierno, desinforman. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó en un informe presentado en noviembre de 2024, que “las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, palizas y aislamiento prolongado, contra estudiantes y profesores por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al Gobierno”.

La criminalización de estos derechos resultó en la muerte de al menos 355 personas, más de 2000 heridas y más de 2000 detenidas arbitrariamente, concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esta represión contra el pueblo que se manifestó derivó en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, privación de la libertad, persecución, violaciones, torturas y desapariciones forzadas de voces disidentes. Otros nicaragüenses, enfrentando la ausencia de estos derechos, optaron por huir. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “más de 440.000 nicaragüenses solicitaron asilo a nivel mundial entre 2018 y 2023”.