El nuevo mandato de Ortega: aislamiento, sanciones y menos financiamiento

Analistas consultados esperan que en los próximos cinco años la comunidad internacional presionará con medidas diplomáticas y económicas el nuevo mandato del régimen Ortega-Murillo. No se espera la expulsión de la OEA ni rupturas de relaciones de países, y tampoco rompimientos de acuerdos comerciales, pero sí cierres de financiamiento internacional y sanciones específicas contra los aliados y grupos armados que apoyan a la pareja de mandatarios.


Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguran esta tarde un nuevo mandato de cinco años en el poder con un escenario inédito: una crisis política de casi cuatro años y atravesando un aislamiento internacional que provocará presiones diplomáticas en foros internacionales, medidas bilaterales de algunos países, sanciones específicas y reducción del financiamiento internacional, según expertos consultados. 

Para tratar de contrarrestar este escenario, el régimen se ha acercado a otras potencias como Rusia o China, con la que restableció relaciones diplomáticas el pasado 10 de diciembre, y rompió con Taiwán. Sin embargo, el analista del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, asegura que el valor de intercambio de esas relaciones “es limitado, y no es proporcional al apoyo que la comunidad internacional y democrática le ha dado a Nicaragua”. 

​Orozco expresa que la comunidad internacional aplicará el aislamiento desde varios frentes: Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, y oenegés internacionales que trabajan en democracia y derechos humanos. Otros analistas consultados consideran que los países que no han reconocido la legitimidad de este nuevo mandato tomarán medidas de forma bilateral. 

Tiziano Breda, analista encargado para Centroamérica de la organización Crisis Group, explica que el aislamiento tiene dos consecuencias principales. La primera es que alimenta una desconfianza en los mercados e instituciones financieras internacionales, que puede complicar el acceso del gobierno a recursos económicos tales como préstamos e inversiones. “Pero también pone en una posición incómoda a aquellos Estados que quisieran mantener  los canales de diálogo con un gobierno que consideran ilegítimo”. 

Breda dice que la situación de Nicaragua va a permanecer en la agenda de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En los próximos meses vencerán los plazos de una serie de informes y decisiones previstos en la Ley Renacer, y Nicaragua sigue siendo un tema de debate y hasta de interés electoral. Según Breda, esto “aumentará la presión hacia Biden para que tome medidas que den resultados, en vista de las elecciones de mitad de legislatura”. 

El analista de Crisis Group espera que se expanda la lista de oficiales y entidades sancionadas, pero ve difícil la suspensión de acuerdos comerciales. “Que se combinen con acercamientos diplomáticos bilaterales y multilaterales para buscar persuadir a Ortega a hacer algunas concesiones”, amplía. 

Cierre de financiamiento internacional

El 12 de noviembre, la OEA aprobó una resolución que declaró ilegítimas las votaciones y urgió, mediante la última resolución del 8 de diciembre, la realización de nuevas elecciones en este país. Por tal motivo, la mayoría de los países del hemisferio occidental no asistirán a la investidura de Ortega y Murillo. En el acto de este lunes, previsto a realizarse en horas de la tarde, estarán representantes de Cuba, Venezuela, Belice, Honduras, China, Irán, Bolivia, Palestina, la República Árabe Saharau, Rusia, India, México, Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, Angola, Siria, Turquía, Bielorrusia, Egipto, Malasia y Yemen. Además, estará presente una delegación de la secretaría del Alba y el exsecretario general del SICA y expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo.

Pese a que la mayoría de países democráticos desconocen este nuevo mandato, los analistas consideran que la expulsión de Nicaragua de la OEA es muy difícil, porque muchos países temen “que podría cerrar todos los canales de comunicación, y hacer que Ortega y Murillo estén menos dispuestos a cumplir con las obligaciones interamericanas de derechos humanos”. 

El analista político, Manuel Orozco, dice que el régimen sabe que ningún país hará un corte de relaciones diplomáticas de inmediato. Sin embargo, este año será difícil para el régimen, porque la comunidad internacional presionará a los mandatarios con más aislamiento, reconsiderará acuerdos comerciales, frenará los que ya existen y cortará la inversión; reducirá la asistencia económica, introducirá sanciones a violadores de derechos humanos y que forman parte de la élite cleptocrática del régimen.

Breda explica que los países no rompen relaciones diplomáticas con Nicaragua porque consideran que “es más deseable mantener abiertos algunos cables de comunicación, en caso de que el gobierno quisiera utilizarlos, mientras la ruptura de las relaciones implicaría un cierre de la vía diplomática para la resolución de la crisis”.

El último informe de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU) señala que el aislamiento puede llevar al cierre del financiamiento internacional, cuyos desembolsos recientes se han basado en ayudas humanitarias. 

Sanciones específicas

 Vista de la entrada principal de la Embajada de Luxemburgo en Managua, después que ese país anunció su retiro de Nicaragua. EFE

Aunque para la comunidad internacional no existe una “hoja de ruta” definida, la prioridad que han dejado clara es la liberación de los presos políticos, como un paso para iniciar una mediación que resolvería el conflicto. Orozco dice que la comunidad internacional tiene la percepción de que “la mediación es importante y necesaria para resolver el conflicto, y por lo tanto es importante ofrecer buenos oficios para mediar”. 

Actualmente existen unos 170 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. De estos, 46 fueron arrestados desde finales de mayo del año pasado durante el período electoral, en el que se privó la libertad a políticos, periodistas, campesinos, universitarios, activistas, abogados defensores, empresarios, entre otros opositores. 

Breda coincide en que la comunidad internacional “aún no tiene claro cuál será la estrategia que adoptará, mucho menos cuál será su objetivo”. Hasta el momento “no hay indicios de que haya cambios drásticos en la respuesta internacional, aunque es probable que se intensifique la combinación de presión diplomática y, de alguna manera, económica”, señala el experto. 

Los analistas consideran que Estados Unidos y otros países están dispuestos a aumentar las sanciones contra Nicaragua para “socavar la base de apoyo de Ortega y Murillo”. A diferencia de las medidas tomadas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en el caso de Nicaragua las sanciones tendrán un enfoque más específico en contra de los aliados del régimen y grupos armados. 

Los expertos coinciden en que la presión internacional es un esfuerzo a mediano plazo, pero se prevé un año en el cual el régimen orteguista enfrentará el estrechamiento del cerco de sanciones en contra de sus operadores. 

Para Breda será crucial que exista aislamiento internacional y la habilidad de la oposición de reorganizarse “y revivir el ánimo de los nicaragüenses que protestan para determinar si la actitud de Ortega y Murillo se encaminará hacia el recrudecimiento de la represión o la apertura a alguna concesión”.

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