El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado el 22 de noviembre, concluye que la economía de Nicaragua se mantiene estable gracias a “políticas económicas adecuadas, colchones considerables y apoyo multilateral”.
La institución explica que en gran medida, esto se debe al nivel récord de remesas, que este año alcanzarán hasta el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, junto con las exportaciones.
El resultado es que este año el PIB crezca en un 4%, que la inflación desacelere y que la posición fiscal presente un pequeño superávit y amplios depósitos.
Hasta septiembre de este año, las remesas totales de Nicaragua se contabilizaban en 3433.5 millones de dólares, una cifra que ya supera las recibidas en todo el año pasado (3224.9 millones), a tres meses de que finalice 2023.
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El aumento exponencial de remesas se vivió en 2022, cuando más de 300 000 nicaragüenses salieron del país producto de la crisis política y económica que vive el país. Esto resultó en que las remesas aumentaran en más de un 50% de un año para otro.
Pero, el porcentaje de remesas recibidas se estima continuará aumentando en 2023. Sólo en los primeros seis meses del año, las remesas ya igualaba las divisas por exportaciones de mercancías que se situaban en 2216.5 millones de dólares.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las remesas es superior, pues en los primeros seis meses de este año creció en 58.6%, mientras las remesas apenas crecieron 2.7% en el mismo período de 2022.
Migrantes, el principal producto de exportación de Nicaragua
El FMI estima que a finales de 2023, las remesas representarán casi un tercio del PIB de Nicaragua, un porcentaje que ha aumentado al doble desde finales de 2021.
El Fondo concluye que las remesas “están impulsadas por el rápido aumento de migrantes nicaragüenses”. El prestigioso centro de pensamiento Diálogo Interamericano, calcula que luego de que inició la crisis política en Nicaragua en 2018 han migrado más de 600 000 nicaragüenses, un 9% de la población total del país.
El director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, dijo que la economía de Nicaragua se sostiene por la expulsión masiva de nicaragüenses a causa de la represión y la crisis política. “El principal producto de exportación de Nicaragua es la gente”, concluye Orozco.
Ampliación de sanciones pueden afectar las perspectivas económicas
Pese a que las perspectivas económicas son favorables y los riesgos están equilibrados, el FMI advierte que el desempeño económico y los resultados sociales son vulnerables a desastres naturales, dada la alta exposición y dependencia económica de Nicaragua de sectores sensibles a los efectos del cambio climático.
Por otro lado, “en el ámbito político existe el riesgo de que las sanciones internacionales se amplíen y profundicen, afectando negativamente las perspectivas económicas”, señala el FMI.
El documento prevé que el PIB real crezca en torno al 3.5%, una tasa por debajo del promedio histórico del 3.9%. Esto se debe “a un limitado acceso a financiamiento oficial y a una menor contribución del empleo al crecimiento debido a la reciente emigración”, según la institución, lo cual indica una parte negativa de la migración.
En tanto, se espera que el sector público consolidado mantenga un ligero déficit, si es que la inversión de las empresas estatales sigue en aumento y éstas presentan déficits.
Recomendaciones: fortalecimiento institucional y derechos de propiedad privada
El Fondo brindó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una serie de recomendaciones para impulsar el crecimiento económico: facilitar la creación de empleos formales e incrementar el capital humano, desarrollar los mercados de capital; y mejorar el clima de negocios mediante el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y el cumplimiento de contratos, “protegiendo los derechos de propiedad privada y el marco de resolución de insolvencia”.
En este sentido, el régimen ha ejecutado desde 2018 una serie de confiscaciones que rompen con los derechos de la propiedad privada. Desde la crisis, se han cerrado más de 3500 organizaciones de la sociedad civil, cuyos bienes se ordena que pasen a manos del Estado, según las resoluciones del Ministerio de Gobernación, la institución a cargo de ejecutar estas confiscaciones.
La ola confiscatoria ha devorado instalaciones de medios de comunicación y oenegés, propiedades de empresarios, sedes diplomáticas, viviendas y fincas a ciudadanos desterrados o exiliados.
El documento explica que la Contraloría General de la República ha tomado “medidas para fortalecer la supervisión del gasto en el uso de fondos públicos”; sin embargo, “se requieren mayores esfuerzos para garantizar auditorías basadas en riesgos y la publicación de informes de auditoría del gobierno central y de las empresas públicas”.
“Fortalecer el Estado de derecho”
Al final, el Fondo recomienda reforzar el marco anticorrupción del país. Entre las sugerencias se encuentran la publicación de las declaraciones de bienes de las personas políticamente expuestas; la implementación de evaluaciones basadas en el riesgo de estas declaraciones; y la promulgación de normas de protección de los denunciantes.
“Con el fin de garantizar que los marcos anticorrupción y de gobernanza sean eficaces, y de proteger debidamente los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y las inversiones, el Gobierno y el sistema judicial deben fortalecer Estado de derecho garantizando un recurso administrativo y judicial adecuado, eficaz y justo en el curso de los procedimientos legales que tengan consecuencias para los derechos de propiedad”, concluye el documento.