Patrullas de policías rodearon la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), horas antes de que se oficializara su confiscación a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB), el pasado 25 de septiembre.
Los policías posteriormente ingresaron al campus Francisco de Sola, de unas 95 manzanas de extensión, cuyo valor estimado es superior a los 30 millones de dólares, para consumar un nuevo robo ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El campus del INCAE está localizado en Montefresco, ubicado en las afueras de Managua. Cuenta con edificios académicos, viviendas estudiantiles, sucursales bancarias, gimnasio, tiendas de conveniencia, centros de estudios, diversas áreas deportivas (canchas de fútbol, tenis y piscinas).
“Nos han cerrado nuestro maravilloso campus de Managua con instalaciones de primer nivel en el mundo”, escribió el rector del INCAE, Enrique Bolaños Abaunza, luego de darse la confiscación.
Recibe nuestro boletín semanal
La confiscación del INCAE es una de las últimas ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a instituciones críticas y opositoras. Esta cruzada confiscatoria inició con instalaciones de medios de comunicación y de oenegés, para luego avanzar con la toma de sedes diplomáticas, universidades y las casas de algunos opositores.
En esta lista se encuentran propiedades millonarias, como el campus del INCAE, las propiedades de la Compañía de Jesús– que incluye las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA)–, y el plantel donde funcionaba el diario La Prensa. Se tratan de propiedades de más de 20 millones de dólares, cuyas instituciones tenían más de 50 años de trayectoria en Nicaragua.
Más de 4000 graduados en el INCAE Nicaragua
El Incae Business School fue fundado en 1964 por empresarios centroamericanos, el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy y la Escuela de Negocios de Harvard.Además del campus en Managua tiene otro en Costa Rica, el campus Walter Kissling Gam, y se definen como la mejor escuela de negocios de América Latina.
Según el comunicado del INCAE, en el campus de Nicaragua se han graduado más de 4000 estudiantes. Añade que más de 6000 profesionales se forman actualmente en el INCAE, tanto en modalidad física, como virtual, con programas abiertos y corporativos.
Desde la crisis de 2018, esta casa de estudios trasladó la mayoría de operaciones al campus de Alajuela, Costa Rica, para garantizar la seguridad de sus estudiantes internacionales. Las actividades en Nicaragua estaban reducidas al mínimo: al momento de su cierre contaba con unos 80 colaboradores y cinco profesores.
Más que confiscaciones, son robos de propiedades, aseguran afectados
El politólogo Félix Maradiaga, quien fue graduado en el INCAE, dijo que se trata “de una voracidad confiscatoria” por parte del régimen Ortega-Murillo. “Indudablemente existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es una vieja maña del Frente Sandinista”, agrega el excarcelado político.
Juan Lorenzo Holmann, gerente del diario La Prensa, califica estas confiscaciones, como la realizada a las instalaciones del periódico que dirigía, de un “robo, porque no hay ninguna base legal para hacerlo”.
Desde la crisis de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha ejecutado el cierre de más de 3500 organizaciones de la sociedad civil, cuyos bienes se ordena que pasen a manos del Estado, según las resoluciones del MIGOB, la institución a cargo de realizar estas confiscaciones.
Un reportaje de Confidencial informó sobre la confiscación de al menos 87 propiedades, más otra decenas de propiedades expropiadas a medios de comunicación, empresarios, representantes del sector privado, sedes diplomáticas, y ciudadanos que fueron desterrados o exiliados.
La prohibición de la Constitución y la falsa promesa de Ortega
La Constitución de Nicaragua, en su artículo 44, prohíbe “la confiscación de bienes” y establece que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
El propio Daniel Ortega prometió en 2006 “respetar la propiedad privada y no se debe ocupar propiedades pequeñas, medianas ni grandes”. El caudillo sandinista dijo estas palabras tres días después de haber ganado las elecciones que lo regresaron al poder.
Diario La Prensa, 20 millones de dólares en pérdidas, más su tesoro bibliográfico
El plantel industrial del diario La Prensa fue confiscado el 13 de agosto de 2021, tres meses antes de las votaciones en las que Ortega y Murillo se auto eligieron para otro período presidencial de cinco años.
Los directivos del diario calculan en más de 20 millones de dólares las pérdidas por la confiscación del periódico. Esta estimación incluye los terrenos y los bienes que estaban dentro, al momento de la toma.
Sin embargo, los directivos dijeron que también se tiene que calcular el lucro cesante desde 2018, es decir, las ganancias que el diario dejó de percibir como consecuencia directa de las agresiones y los embargos aduaneros sobre los equipos, que se hicieron durante tres años, y obstaculizaron la liberación de papel, tinta y otros insumos necesarios para la elaboración del diario.
Una de las máquinas de más valor que había en La Prensa es la rotativa, marca Goss Urbanite, que mide unos 50 metros de largo y 3 metros de alto. El valor actual de mercado de esta maquinaria ronda los dos millones de dólares.
La otra máquina valiosa es la imprenta plana, cuyo valor es de 3.8 millones de dólares. Se utilizaba para trabajos comerciales, la mayoría de ellos externos, como revistas, libros, folletos, volantes, brochures, boletas electorales, publicidad, entre otros productos.
Además del valor monetario, el gerente de La Prensa explicó que está la confiscación “intangible”, como es el caso de la hemeroteca de La Prensa que contenía periódicos, revistas, suplementos, libros, fotografías, entre otros documentos de valor histórico publicados en los últimos 90 años en Nicaragua.
UCA: Confiscación de un valor monetario “incalculable”
La UCA fue fundada por la Compañía de Jesús en 1960. Se convirtió en la primera universidad privada de Centroamérica. Estaba construida sobre un terreno de 10 manzanas de extensión. Actualmente contaba con varios edificios donde funcionaban las áreas académicas, los laboratorios, imprentas, institutos, entre otros.
En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el presidente de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, Luis Arriaga Valenzuela, dijo que en las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), congeladas por el régimen, había alrededor de un millón de dólares “para pagar la nómina de los empleados”.
El sacerdote jesuita Andreu Oliva, rector de la UCA de El Salvador, dijo que el valor monetario de la UCA de Nicaragua es “incalculable, sobre todo, por ser un valor intangible”. Oliva se refiere a los 63 años de historia en la educación universitaria de Centroamérica y los demás bienes de valor científico y social.
La UCA contaba con el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), el Laboratorio de Biología Molecular, el Centro de Idiomas, el Bufete Jurídico, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales (IICN); el Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan), el Centro de Innovación (CI), la Biblioteca José Coronel Urtecho y la Imprenta de la UCA.
Fincas, condominios, hoteles y áreas de conservación
Amaru Ruiz, activista ambiental, es presidente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, conocida como Fundación del Río.
Esta organización es una de las que fueron despojadas de su personería jurídica, y por ende de todos sus bienes. Ruiz asegura que la Fundación del Río fue despojada de al menos 22 propiedades, entre las que se incluyen dos radios, un hotel y dos áreas de conservación con una extensión de 750 hectáreas.
A la familia de Ruiz, quien fue incluido en la lista de 94 “apátridas”, también le confiscaron al menos tres propiedades. La confiscación a la Fundación del Río se estima en más de 1.5 millones de dólares.
Otra confiscación que ha tocado a ciudadanos que no son políticos es la del condominio Amazonia. En este complejo de apartamentos vivían la periodista Sofía Montenegro y la abogada, Azahálea Solís, ambas incluidas en la lista de los 94 despojados de su nacionalidad y sus bienes.
Sin embargo, no sólo ellas fueron confiscadas, sino todos los dueños de los 16 apartamentos de Amazonia, donde incluso vivían cinco personas simpatizantes sandinistas y otros propietarios que adquirieron las propiedades a mediados de los 2000.
Una de estas personas es Claudio Galeno de Magalhães Linhares, un periodista brasileño retirado que fue exesposo de Dilma Roussef, expresidenta de Brasil. La familia de Galeno es cercana a la administración Ortega-Murillo. Incluso, dos de sus hijas trabajan para instituciones gubernamentales.
La confiscación de los 16 apartamentos en Amazonia ocurrió el 17 de febrero de este año. Ese día, la Intendencia de la Propiedad entregó las notificaciones a los residentes para revisar sus casos por supuesta “ocupación de las viviendas”.
Las autoridades dijeron que los documentos de compraventa que tenían los propietarios quedaban anulados porque eran “irregulares” y, por lo tanto, pasaban a su propietario anterior, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (Midinra).
Confiscaciones de sedes diplomáticas
El régimen no ha respetado ni siquiera las sedes diplomáticas: confiscó las propiedades de la Embajada de Taiwán, con quien cortó relaciones en diciembre de 2021, y las instalaciones donde funcionaba la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 10 de diciembre de 2021, el régimen Ortega-Murillo cortó 20 años de relaciones diplomáticas con Taiwán para restablecerlas con la República Popular de China. El 26 de diciembre se conocieron las intenciones de Taiwán de donar el edificio de la sede diplomática a la Arquidiócesis de Managua de la Iglesia Católica.
Sin embargo, ese mismo día una nota de prensa de la Procuraduría General de la República señaló que el reconocimiento del Estado de “una sola” China, “implica el inmediato registro de todos bienes inmuebles, muebles, equipos, a favor del estado reconocido, la República Popular China, con absoluta e irrestricta propiedad y dominio”.
Taiwán rechazó esto y lo calificó como “una ocupación ilegal de su propiedad y su transferencia ilegal”. El pequeño país asiático dijo que hizo una “venta simbólica” a la Iglesia Católica que firmaron el 22 de diciembre con abogados locales, que el Gobierno de Nicaragua no reconoció.
Mientras que el edificio donde se ubicó la OEA, en Managua, fue ocupado por agentes de Policía el 24 de abril de 2022. La Procuraduría ordenó el desalojo inmediato de sus bienes.
El organismo internacional aprobó una resolución de rechazo a esta medida. El secretario general, Luis Almagro, dijo que una situación como esta no había ocurrido jamás durante otras dictaduras. De hecho, sería también la primera vez que el régimen toma una sede diplomática, lo que crea un mal precedente en una región donde otros regímenes ven con malos ojos al organismo interamericano.
La nueva Piñata
Esta ola de confiscaciones recuerda a la ejecutada por el primer Gobierno sandinista de los años 80, conocida como “La Piñata”, cuando los líderes del partido expropiaron viviendas y propiedades.
El propio Daniel Ortega confiscó a Jaime Morales Carazo la casa donde vive. Morales Carazo, en ese momento, era un somocista, quien luego se convertiría en vicepresidente de Ortega cuando regresó al poder en 2007.
La primera “Piñata”, como era de esperarse, provocó serios problemas judiciales que desencadenó en una deuda de más de 2200 millones de dólares, que los nicaragüenses continúan pagando a través de impuestos.
El pago de la “Piñata” ha sido por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998 para financiar las indemnizaciones de los afectados por la primera “Piñata” del Frente Sandinista.
El economista Enrique Sáenz, quien también fue incluido en la lista de 94 desnacionalizados y confiscados, considera que las confiscaciones demuestran que al frente del régimen existe “una pandilla mafiosa e irracional”.
Sáenz dijo que “los nicaragüenses continúan pagando los abusos de los años 80, y ahora están imponiendo una nueva carga hacia el futuro”.
Para Félix Maradiaga se debe establecer un compromiso de que, cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, “todo lo robado debe de regresar a sus dueños”. Maradiaga considera que no deberían de ser los contribuyentes quienes paguen por los bienes usurpados, sino “todos aquellos que se beneficiaron de lo ajeno”.