En un campo ubicado en una zona rural de Jinotega, un departamento situado al norte de Nicaragua, un grupo de diez empleados de distintas instituciones gubernamentales se arrastran en el lodo. Avanzan dos metros pecho a tierra, simulando una “persecución sigilosa”. “Vamos, vamos, vamos, apúrense… hay que capturar a los terroristas”, dice uno de los entrenadores, que viste uniforme de la Policía Nacional.
Dentro del grupo de empleados públicos está Beatriz, una mujer de treinta y tantos años, que ruega por evitar la prueba del lodo. Su motivo: ha padecido desde niña problemas dermatológicos y teme que el lodo podrido le produzca un nuevo daño a su piel. La súplica, sin embargo, no es escuchada por el comandante que dirige el entrenamiento. La joven, en medio de lágrimas, se arrastró varias veces, mientras el oficial se burlaba por no tener “carácter” y “disciplina”.
“Es la peor humillación que he tenido. Ese hombre me maltrató física y psicológicamente”, relata vía telefónica Beatriz, ahora exfuncionaria del Gobierno sandinista, quien aceptó relatar su experiencia en el nuevo “servicio militar obligatorio” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El “nuevo servicio militar obligatorio”, como lo nombran los extrabajadores del Estado que hablaron con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, son entrenamientos que el régimen sandinista empezó a mediados de 2018, previo a la Operación Limpieza que la dictadura ejecutó en las distintas ciudades del país que en aquel momento se oponían a la continuidad del Gobierno, que dejó más de 350 asesinatos, de acuerdo al recuento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
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De los paramilitares “policías voluntarios” al nuevo servicio militar
Una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Mint), que habló bajo condición de anonimato, explicó que en aquel momento solo se convocaban a estos campamentos a civiles que no estaban en la nómina del Estado.
Esos que fueron nombrados por el propio Daniel Ortega como “policías voluntarios”. Dicho de otra forma, solo los paramilitares que ocupó el régimen para las operaciones limpiezas eran entrenados en aquellos días por oficiales de la Policía.
No obstante, a medida que la dictadura se atornilló en el poder y debido a las deserciones policiales y de los mismos “policías voluntarios”, la orden fue exigir a los trabajadores del Estado la participación en estos entrenamientos, sin posibilidad de objetar.
Desde 2021 se orientó a la Policía, autoridades de las distintas instituciones de Gobierno y partidarios sandinistas, que en cualquier momento los empleados públicos tenían que entrenar para “estar preparados contra el golpismo”.
“La decisión de someter a los trabajadores públicos a semanas de entrenamiento policial y militar está relacionado con dos puntos importantes: el primero es la paranoia del régimen ante un, casi imposible, ataque armado de la oposición. Y el segundo, probar la fidelidad de su militancia frente a cualquier ataque”, explicó un experto en seguridad con amplios conocimientos en temas policiales y militares.
Durante 2023 y 2024, según la fuente del Mint y el experto en seguridad consultados para este reportaje, el régimen sandinista ha ordenado la instalación de más campamentos de entrenamiento para trabajadores del Estado en las distintas ciudades del país.
Generalmente estos se ubican cerca de delegaciones policiales, pero con amplio espacio y en zonas boscosas, de esta forma logran que los civiles pasen pruebas de sobrevivencia simulando las que ocurrieron en los años 80 del siglo pasado, durante la guerra civil entre los sandinistas y la denominada Contrarrevolución. La única diferencia es que en la actual época, no hay un enfrentamiento armado contra ningún grupo político.
Si quieren mantener su trabajo, tienen que cumplir con el servicio militar
Cuando el jefe de Beatriz le comunicó que tenía que asistir a un campamento de entrenamiento policial durante una semana al aire libre, esta le pidió que hiciera una excepción porque no tenía condiciones físicas para hacer caminatas largas, y mucho menos exponer su piel a varios días sin la higiene adecuada. A pesar de que llevó constancias médicas y su historial clínico, su superior le explicó que era una orden de “arriba” y por lo tanto, si quería mantener su trabajo, tenía que cumplirla.
“Recuerdo que nos citaron a la oficina y ahí nos dijeron que íbamos a irnos una semana, que nada de celulares y que le dijéramos a nuestras familias que era una capacitación importante a la que íbamos. Nos amenazaron con ir a la cárcel si decíamos algo. Yo sentía que iba a la guerra, es que esa es la sensación que tenés, y el discurso de los policías te parece que es eso”, contó Beatriz.
Junto a sus compañeros de trabajo, Beatriz llegó a un campamento que ella reconoce en Jinotega como propiedad de la Policía. Sin embargo, en el sitio no habían solo oficiales de esta institución, sino miembros del Ejército. Todos eran nacionales, pero con “cara de malos”. A todos les repitieron la amenaza de cárcel si decían una palabra de lo que iban a vivir esa semana.
“Nunca dormimos, solo ‘descansábamos’. Estuvimos al aire libre luchando con los zancudos, hacer tus necesidades en el monte y bebiendo agua que quién sabe si era potable. Solo nos daban de comer arroz y guineo. Por el día teníamos esos entrenamientos que para mí eran humillantes porque cuando uno decía ‘no puedo’, te decían vulgaridades y se burlaban según ellos, para agarrar fuerzas y hacer la prueba, pero eso para mí era crueldad”, explica la joven.
Por la noche, relató Beatriz, los entrenadores “detonaban una bomba” y les ordenaban ir a buscar el punto de la explosión porque en ese sitio estaba “el enemigo”. Todos salían a la zona boscosa, cargando un pedazo de madera que simulaba una ametralladora, y no regresaban al punto de reunión hasta “acabar con el enemigo”.
“Parecía un juego de niños pero con traumas de guerra. Porque cuando llegábamos donde ese tal ‘enemigo’, que no era nadie, nos decían ‘disparen’ y todos apuntábamos con el arma y hacíamos sonidos de balas. ‘Pam, pam, pam’ y ya después nos regresábamos en plena madrugada hasta el campamento. Una locura”, recuerda la joven exfuncionaria.
El día en que la sometieron a arrastrarse por el lodo, que fue el penúltimo, Beatriz entendió que por un salario no iba a permanecer en la institución de Gobierno para la cual trabajaba. Verse las manos sucias y sentir en la cara la podredumbre del lodo, dice, la hizo reflexionar de que en Nicaragua no iba a poder vivir en paz.
“Fue una escena triste y cruel. Yo pedía ayuda, sentía que el lodo me quemaba. Algunos quizá digan que soy ‘llorona’, pero creo que solo alguien con traumas por una enfermedad crónica puede entenderme. Por eso terminé yéndome del país, con el apoyo de mis padres y mi pareja. Regresar, mientras estén esos locos, no es una opción”, afirmó Beatriz.
El reclutamiento es obligatorio y sin excepciones
Los trabajadores del Estado y exfuncionarios de Gobierno que entrevistó DIVERGENTES para este reportaje, coincidieron en que la orden de asistir a los campamentos de entrenamiento no podía ser contrariada por nadie. Ni siquiera por la máxima autoridad de la institución. La directriz, aseguraron, era casi como una ley marcial que debía cumplirse sí o sí.
La fuente vinculada al Mint explicó que si bien la orden baja desde “arriba”, los que se encargan de coordinar el campamento son la Policía, los secretarios políticos de las instituciones y en algunas ocasiones funcionarios del propio Ministerio del Interior.
Los agentes policiales realizan el trabajo de entrenamiento en los campamentos. Por su parte, los secretarios políticos de los ministerios se encargan de solicitar la lista de los empleados que asistirán al “nuevo servicio militar obligatorio” y si hace falta, el funcionario del Mint también toma parte en la coordinación general.
“A mi grupo le avisaron tres días antes. Nos dijeron que íbamos a una capacitación al aire libre y que no lleváramos teléfonos. Tampoco podíamos comentarlo con nadie. Pero como ya andaban las bolas, pues uno se imaginaba a qué íbamos”, señaló Miguel, otro extrabajador entrevistado por DIVERGENTES.
Miguel explicó que al inicio llevaban a las personas más jóvenes y que luego les tocaba a los mayores. No obstante, a finales del año pasado, en Managua, que es donde él trabajaba, las edades no fueron tomadas en cuenta para los entrenamientos. Tampoco si el empleado público era hombre o mujer.
Una vez en el campamento, son los oficiales de la Policía los que se encargan de explicar a cada trabajador del Estado qué van a hacer durante la semana en la que estarán entrenando. La misión, según las autoridades que “capacitan”, es terminar la semana con amplio conocimiento para estar preparados ante cualquier “rebelión terrorista”.
“Los más jóvenes aguantan todo el entrenamiento, pero porque tienen más energía. Los de mayor edad no. No tenemos las mismas fuerzas y tampoco se nos pasa por la cabeza la idea de ir al monte a buscar enemigos. Sus ideas enfermizas están agotando a la gente. Lo del reclutamiento es solo una más de sus locuras”, afirmó Miguel vía telefónica desde México. Al igual que Beatriz, decidió marcharse del país luego de ser sometido al reclutamiento.
Después de estar siete días en entrenamiento, los trabajadores del Estado son regresados a la oficina desde la que partieron al inicio de la semana y de nuevo les recuerdan que no deben decir una sola palabra. Los secretarios políticos toman nota del desempeño de cada “recluta” y los que tuvieron mejor desarrollo, son anotados en otra lista bajo la categoría de “competente”.
“Luego a la semana siguiente sale otro grupo. La orden es capacitar a todos, hombres o mujeres, para una ‘guerra’ que solo existe en la cabeza de los fanáticos de esta gente”, en alusión a Daniel Ortega y Rosario Murillo, enfatizó Miguel.
Entrenamientos de día, búsqueda del “enemigo” por la noche
A Raúl, que tiene una discapacidad motora, su jefe le dijo que tenía que asistir al campamento sí o sí. No se tomó en cuenta la dificultad que tiene para moverse. Este hombre de piel tostada y mirada apagada pasó las noches previas al inicio del entrenamiento, preocupado por su salud.
“Tengo este problema, no puedo moverme bien. Claro que estaba preocupado porque había escuchado historias de compañeros que sufrían con todas esas pruebas que les hicieron pasar. Esta gente no anda con cuentos”, dice Raúl vía telefónica desde un país de Centroamérica. “Salí tan traumado que mejor le dije a una hermana que me mandara a traer”, confiesa.
Al igual que los demás entrevistados, Raúl relató que su jefe le advirtió que no llevara teléfonos y que no dijera nada a su familia. Que los siete días alejado de los suyos iban a pasar rápido y que no tenían por qué preocuparse.
El día que fueron trasladados al campamento, ubicado en un departamento de la zona del Pacífico Sur de Nicaragua, Raúl notó que había compañeros que igual que él estaban temerosos. Sin embargo, otro grupo, parecía entusiasmado. “Eran jóvenes de otro municipio que según entendí ya habían participado en varios campamentos”, explicó.
El experto en seguridad que habló con DIVERGENTES explicó que como en todos los grupos, hay personas fanáticas que disfrutan de este tipo de actividades y en su mayoría eran jóvenes que recién empiezan una vida laboral en el Estado.
“Es un grupo minoritario, pero existe. Su principal motivación es ‘no trabajar’ y la curiosidad de transitar por esa experiencia que les contaban sus abuelos o bisabuelos sobre la guerra en los 80. Es parte del trauma que dejó esa época en la sociedad nicaragüense”, expresó.
Aunque les dijeron que llevaran hamacas para “dormir”, Raúl explicó que lo que menos hicieron fue eso. Durante el día pasaban realizando pruebas como la de arrastrarse en lodo o saltar obstáculos, y por la noche, debían estar alerta para salir a patrullar y cuidar el campamento del enemigo.
“Una noche yo estaba muy cansado, me moría del sueño, y nos hicieron salir para desactivar una bomba. Yo pedí al entrenador quedarme atrás porque quería cagar. Me dijo que sí y me quedé, pero dormido en medio del bosque porque ya no aguantaba”, contó Raúl.
Siete días de entrenamiento, 15 libras menos y patadas
La misión de búsqueda de explosivos se convirtió en la de “busquemos a Raúl”. Sus compañeros y el oficial que dirigía la “misión” caminaron varios minutos hasta que lo encontraron dormido.
“Yo le dije al jefe que me había picado algo y que por eso me había quedado, pero no me creyó, me pegó una patada, no voy a decir que fuerte, porque no fue tan así. Y después me regañó y con el grupo seguimos caminando hasta el campamento”, relató el hombre de cuarenta y tantos años.
Los siete días que estuvo Raúl en el “nuevo servicio militar” comió mal. Solo consumía arroz y una sola vez un enlatado entre todos. Dice que bajó alrededor de 15 libras y que notó que sus heces cambiaron de color en los últimos días.
“Nos hicieron cagar en el monte. No es que me las dé del asquiento, pero no es humano obligar a las personas a hacer eso teniendo dónde hacerlo. Y para los policías era lo más normal. Parecíamos perros tapando con tierra la suciedad”, contó.
El día que regresaron a sus casas, Raúl fue interrogado por su familia sobre la famosa capacitación. Él prefirió guardar silencio y solo les contó hasta que estuvo a salvo, junto con todos ellos, en otro país, alejado de “la locura” del Frente Sandinista, como él mismo dice, y del país que lo vio nacer.
La paranoia del régimen ante una nueva insurrección ciudadana
La directriz bajada desde “El Carmen” de obligar a los trabajadores del Estado a participar en campamentos de entrenamiento militar policial durante una semana tiene que ver con una idea, descabellada según dos fuentes consultadas por DIVERGENTES, sobre un nuevo levantamiento civil en Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La fuente vinculada al Mint y el experto en temas de seguridad, explicaron que la idea de un supuesto ataque al Gobierno ha sido alimentada por informantes que tienen los mismos dictadores a sus servicios y que, según los entrevistados, están desacertados.
“La idea de un levantamiento siempre ha existido. Pero que tome fuerza en estos momentos, seis años después de que el régimen descabezó a la oposición y desterró a sus críticos, es exagerada. Considero que los dictadores toman en serio estas filtraciones porque fue lo mismo que les dijeron cuando enfrentaron a la Contra en los 80, pero claramente son contextos distintos”, aseguró el experto en temas de seguridad.
Deserciones desangran a la Policía del régimen
La decisión del régimen de formar a “nuevos soldados” tiene el fin de copar los espacios que tienen las fuerzas policiales a raíz de las deserciones, cuyos números se desconocen porque la institución dejó de publicar sus anuarios estadísticos.
El problema según la fuente vinculada al Mint, es que los empleados públicos están renunciando y no tienen el más mínimo deseo de enfrentarse a sangre y fuego ante un nuevo eventual levantamiento.
“También lo que pretenden desde ‘El Carmen’ es limpiar el Estado y reconocer a los funcionarios que sí estarían dispuestos a librar una guerra, que dudo que vaya a existir, por su dictadura. Es una cuestión bien ideológica en la que para ellos debería prevalecer el servicio al régimen sandinista”, manifestó el experto en seguridad.
Para ambas fuentes, esta obligatoriedad del régimen con los empleados públicos, en lugar de nutrir a sus grupos armados, está provocando que los funcionarios del Estado desistan de seguir con sus trabajos y tomen la opción de marcharse del país para empezar de nuevo, sin la presión de estar en esta especie de “servicio militar” que provoca zozobra y miedo entre ellos y sus familiares.
“He conocido situaciones de extrabajadores que se han marchado del país por temor a que los elijan para ‘defender al partido’. Muchas cabezas de familia que ni siquiera renuncian, solo se van del país y no avisan a sus jefes en el Estado”, refirió el experto en seguridad.
“Claro hay otros que no tienen cómo marcharse, entonces tienen que aguantar esta clara violación a sus derechos. Yo honestamente no creo que el resultado que cree el régimen se esté logrando, no parece ser exitoso”, añadió.
Raúl, Miguel y Beatriz son parte de ese número de funcionarios públicos que han abandonado el país por temor de continuar en esos campamentos de entrenamiento. Los tres se marcharon con su núcleo familiar cercano y aceptaron relatar sus historias con la condición de no ser identificados para proteger al resto de su familia, que aunque no trabajan en el Estado, permanecen en el país.
“Mi jefe inmediato fue como tres veces a los campamentos. Se terminó hartando y un día se fue del país. Hace unos meses hablé con él y dice que otros del ministerio también se fueron. Es que nadie quiere estar donde te obligan a hacer algo que no tiene sentido”, relató Miguel.
El último caso: los que no son empleados, pero están ligados al Gobierno
Gonzalo no trabaja para el Estado de Nicaragua. Nunca, dice, ha recibido dinero de una institución pública. Sus “aventuras” laborales han estado más ligadas al voluntariado y la ejecución de actividades concretas en organismos no gubernamentales.
“No trabajo para el Estado, pero la organización en la que estoy actualmente tiene vínculos muy cercanos con el Gobierno. Pero no nos pagan, ni nos dan donde estar ni mucho menos. Pero digamos que andamos de la mano porque al final son ellos los que dan los permisos de operación”, explica.
Aunque no recibe salario de ninguna institución pública y su jefe tampoco es algún ministro o director de alguna entidad nacional, el hecho de tener una relación cercana con el Gobierno, lo llevó a vivir la experiencia del “servicio militar” durante una semana.
Un domingo del mes de mayo de 2024, Gonzalo recibió la llamada de un funcionario del Estado con quien tiene relación porque este supervisa el trabajo de la organización para la que él trabaja. Este le dijo que el lunes, es decir, al día siguiente, había una capacitación importante a la que debían asistir todos los colaboradores del Gobierno. “No noté ninguna malicia, pensé que iba a ser una capacitación en un hotel y ya”, relató.
El lunes, en la mañana, le informaron que sí habría una capacitación, sin embargo, era distinta a las del pasado. Le explicaron que tenía que asistir a un campamento de entrenamiento y que al final del mismo le iban a entregar una canasta básica.
“No me lo exigieron, pero la tensión y la forma en cómo lo dijeron me hizo entender de que tenía que ir como sea. Mis compañeros de otras organizaciones también sintieron lo mismo. No pudimos decir no. Nos fuimos todos al entrenamiento”, explicó.
El campamento se desarrolló en una propiedad de la Policía Nacional. Gonzalo solicitó omitir detalles por seguridad. Además de pasar por las mismas pruebas y “humillaciones” que los demás entrevistados en este reportaje, les aseguraron al terminar el entrenamiento que ellos ya estaban preparados para cualquier eventualidad del enemigo.
Gonzalo no lo entendió. En aquel momento, y después de seis días en el bosque, lo único que quería era regresar a su casa y dormir en su cama. Durante el entrenamiento comió mal, no pudo dormir por los constantes llamados de los policías para salir a “patrullar” y tampoco bañarse bien. Su familia, relató, estaba preocupada por su bienestar porque nadie sabía de su paradero durante esos días.
Una vez en su casa, la única persona que supo de su experiencia fue su papá. “Yo no viví tan de cerca el servicio militar, pero después de hablar con él, pude entender que fue más o menos parecido. Con la diferencia de que no anduve armas, solo un palo de madera, que según ellos era nuestra AK”, afirmó.
Gonzalo recibió su canasta básica al finalizar el campamento. Sin embargo, el arroz y el aceite y demás granos básicos no valieron lo que tuvo que padecer durante siete días en el entrenamiento. Ha pensado seriamente en dejar de trabajar en la organización que tiene estrecha relación con el régimen sandinista porque no quiere pasar por lo mismo, o en el peor de los casos, ser carne de cañón en una eventual “guerra”.