El 9 de febrero marca un antes y después en la aguda crisis política que atraviesa Nicaragua. Luego del destierro de 222 presos de conciencia que estaban encarcelados en los penitenciarios de la dictadura, nuevas interrogantes y variables se abren en un país que vive bajo un régimen autoritario. Para algunos analistas consultados por DIVERGENTES, Daniel Ortega y Rosario Murillo están a las puertas de una nueva encrucijada que tiene dos caminos: apertura democrática o más radicalización. La “deportación” masiva de ciudadanos nicaragüenses, declarados apátridas por la maquinaria sandinista, es una acción sin precedentes en la historia nicaragüense.
Sin embargo, Ortega parece optar por la radicalización de su modelo, negando cualquier apertura democrática o intento de diálogo. Según lo que explicó el mandatario sandinista la tarde del jueves, Murillo se comunicó con la Embajada de Estados Unidos en Managua para solicitar la deportación de 228 presos políticos. “No estamos pidiendo nada a cambio, es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo. Que se lleven a sus mercenarios, que se los lleven, como se llevaron a sus mercenarios después de la invasión de Cuba”, aseguró Ortega, quien enfatizó que no existe ninguna negociación de por medio.
No obstante, algunos analistas consideran otros puntos a tener en cuenta luego de esta medida. “Es indudable que ha habido intentos, incluso conocidos, de acercamientos de parte de la Administración Biden con Nicaragua. Me resulta difícil creer que esto no haya sido planteado en algún momento en esos acercamientos. Es posible que las conversaciones hayan podido continuar y me parece difícil creer que Ortega ceda unilateralmente a lo que él ha considerado siempre como una ficha de negociación, que eso son los presos políticos”, explica Tiziano Breda, investigador experto en Latinoamérica para el Istituto Affari Internazionali (IAI) con sede en Roma, Italia.
A Breda, quien se ha dedicado al análisis de las crisis políticas en Centroamérica, lo tomó por sorpresa la polémica decisión del régimen de desterrar a los presos políticos a Estados Unidos, una medida que también fue acompañada de una muerte civil. Para la dictadura, las 222 personas son “traidores a la patria” y han sido despojados de su nacionalidad nicaragüense.
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La decisión por parte del régimen fue llevada a cabo la madrugada de este jueves. De manera inmediata, los presos políticos abordaron un avión chárter con destino a Washington, en el que serían recibidos por las autoridades estadounidenses. También fueron atendidos por médicos tras pasar un tiempo prolongado bajo tortura. El régimen de Ortega y Murillo los mantuvo en lapsos que superan el año, en la mayoría de los casos, y bajo condiciones inhumanas. Los familiares de presos políticos denunciaron a lo largo de las detenciones pérdida de peso, deterioro cognitivo y la agudización de otros padecimientos físicos y mentales.
Por su parte, Estados Unidos aseguró que Nicaragua tomó la decisión de forma unilateral y que no ha sostenido ningún tipo de negociación o diálogo con el régimen. “Nuestras sanciones y otras restricciones siguen vigentes, aunque esperamos que este sea un paso para que Estados Unidos y Nicaragua puedan seguir adelante”, señaló Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. Luego, manifestó que esto último dependía de Nicaragua. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó este jueves que la liberación de los presos políticos “abre la puerta al diálogo” con Managua, una que, debido a la radicalización del régimen en los últimos dos años, no ha tenido lugar. Más bien, Ortega y Murillo han lidiado con un aislamiento internacional sin precedentes luego que sellaran su control político en las elecciones de 2021 y 2022.
De acuerdo con Pedro Fonseca, internacionalista y experto en relaciones exteriores, la medida del régimen –aunque represiva y poco humanitaria debido a la muerte civil que enfrentan los presos políticos– puede ser leída como una concesión de Ortega y Murillo en aras a un futuro y no del todo diálogo.
“Si estamos hablando en términos de que nos encontramos en un proceso de negociación, claramente quiere decir que hay voluntad por parte del régimen de negociar. Y, desde que existe cierta voluntad de negociación, hay voluntad para emitir concesiones. No sabemos si en seis meses o en cinco años, pero la situación nacional tiene que cambiar. En primer lugar, el régimen como tal no es capaz de administrarse unilateralmente. Por otro lado, ha quedado en evidencia que no tiene la capacidad de administrar el poder político sin las fuerzas tradicionales que convergen en el escenario nacional, como medios de comunicación, partidos políticos y la misma empresa privada”, explicó Fonseca.
En pocas palabras, Fonseca reitera que “nos estamos abriendo al cambio, al diálogo político y a las concesiones que son fundamentales para cualquier proceso de este tipo”.
La vía electoral
El destierro impuesto por el régimen sandinista también contó con la rapidez de la maquinaria del partido y su control en los poderes Legislativo y Judicial que intentaron dotarla de un halo de legalidad. Algunos analistas se preguntan por qué Ortega y Murillo optaron por una decisión tan radical, que despoja de su ciudadanía a los 222 presos políticos. Para Elvira Cuadra, esto quita del medio a los principales rostros de la oposición, que, de hecho, fueron encarcelados en 2021 tras retar al régimen en su propio juego electoral.
“Lo que hace suponer esa medida es que Ortega se está preparando para un escenario eventual en el que tuviera que llevar a cabo una competencia electoral. Él no quiere a ninguna de estas personas como parte de una propuesta política”, reiteró Cuadra.
La escalada represiva de 2021 se llevó a cabo luego de que siete aspirantes de la oposición provenientes de sectores diversos de la sociedad mostraran su apertura a correr por parte de la oposición. Una vez que fueron eliminados de la contienda a través de artimañas legales, como la invocación de leyes tales como la “Ley de defensa a los derechos del pueblo”, la dictadura ejecutó una cacería. Activistas, precandidatos e incluso periodistas fueron capturados en la embestida que eclipsó cualquier intento de salida de la crisis por la vía electoral. Ortega y Murillo se hicieron con el poder por cinco años en un proceso sin competencia, con la sola participación de cinco partidos colaboracionistas que no tenían ninguna base social y cuyos candidatos eran desconocidos en su mayoría.
“La posición que adopte el resto de los países del hemisferio americano, no solo los latinoamericanos y Europa, frente a este nuevo escenario que se está abriendo, va a ser un elemento clave para que Ortega marque un derrotero, ya sea una la posibilidad de apertura democrática o bien la radicalización del régimen”, reiteró Cuadra.
Lo que hay detrás del destierro
La acción del régimen también estuvo sustentada por dos de los principales poderes del Estado, quienes esgrimieron una serie de argumentaciones y modificaciones a la Constitución para maquillar un hecho que jamás había sucedido en la historia reciente del país. El despojo de la nacionalidad y la expulsión del territorio ha sido una táctica que la dictadura empleó en ciertos casos como los de Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL); o el de la activista Ana Quirós. Sin embargo, en ambas situaciones contaban con otra nacionalidad que las ampara.
La expulsión de 222 presos políticos constituye la primera aplicación masiva de la reforma que hicieron los diputados al artículo 21 de la Carta Magna, que establece que serán despojados de su ciudadanía aquellos que sean declarados como “traidores a la patria”. Para el abogado Juan Diego Barberena, el anuncio desde el Tribunal de Apelaciones de Managua que dieron un grupo de jueces con afinidad sandinista la mañana de este jueves, goza de ilegitimidad, pues “no tiene jurisdicción para suspender el derecho ciudadano”.
“Lo otro es que la reforma al texto constitucional que acaba de hacer la Asamblea Nacional es nula, porque el texto constitucional establece el procedimiento especial de reforma a la Constitución Política, e implica que sea aprobada en dos legislaturas. Una vez introducida la iniciativa de reforma constitucional, debe darse a conocer al plenario para que se conforme la Comisión Especial de carácter constitucional, que debe encargarse de dictaminar y de hacer las consultas pertinentes para dictaminar la iniciativa”, explicó el experto en derecho.