Horas antes de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llegara al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) para inaugurar esta “megacárcel”, hecha al calco del controvertido “modelo de seguridad” de Nayib Bukele, dos creadores de contenido, uno tico y otro salvadoreño, se conocieron en el bus de la Policía Penitenciaria que nos llevaba al evento.
El salvadoreño se presenta como Hey Obi al tico, llamado Steven Salas. Ambos tienen algo en común: el primero celebra en YouTube “las megaobras” del Gobierno de Bukele y el segundo es un furibundo chavista que se dedica a machacar en redes sociales a cualquier crítico de la administración de la “continuidad” de la mandataria costarricense, en especial al Frente Amplio.
Es la primera vez que Hey Obi visita Costa Rica y le recomienda a Salas, que también planea ir por primera vez a El Salvador en diciembre, los imperdibles turísticos que no debe saltarse cuando viaje: los volcanes, la playa El Tunco y el centro histórico remozado por Bukele.
—Hace poco inauguraron una gran tumba, un mausoleo, que tiene cambios de guardia. Está vergón. Tenés que ir —recomienda Hey Obi al tico.
—¿De quién es el mausoleo? —pregunta Salas, el único en el bus que viene en pantalones cortos al evento presidido por la presidenta que apoya.
Hey Obi calla. Pide que lo espere, que ya le dice de quién es el mausoleo. Saca su celular, pero no tiene conexión.
—No tengo internet, pero es de un señor hondureño, pero que estaba enterrado en San Salvador… Mmmm, se llamaba…
—Francisco Morazán —responden al unísono los periodistas que escuchaban la plática, al ver la dificultad del joven youtuber salvadoreño para recordar el nombre, a pesar de que hace apenas dos semanas el mismo Hey Obi hizo una transmisión en vivo de la inauguración del mausoleo del prócer unionista centroamericano que fue encabezada por Bukele.
Superado el impasse, Hey Obi (que se llama en realidad Obed Bonilla) alentó a Salas a ir, sí o sí, al viejo centro de San Salvador, una de las “joyas” de la presidencia del popular mandatario de Nuevas Ideas. Le dice que allí antes funcionaba un mercado negro donde se vendía todo lo que los mareros robaban a la gente, pero que ahora —le jura— puede ir con una cadena de oro por fuera y no le pasará nada.
Todo gracias a las populares —como controvertidas— medidas del modelo de seguridad de Bukele, uno que desde la administración del expresidente Rodrigo Chaves y ahora bajo la de su sucesora, la presidenta Fernández, se busca emular en Costa Rica. El mejor ejemplo de ellos es la prisión CACCO, hecha a imagen y semejanza del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), cuyos planos fueron donados por el propio Bukele a Costa Rica.
En el CECOT, el mandatario salvadoreño ha recluido tanto a mareros como a migrantes deportados por Donald Trump y presenta esta prisión como un modelo para el mundo… una suerte de antídoto para problemas de seguridad tan añejos como complejísimos como los padecidos por El Salvador.
Agobiado por la propia crisis de seguridad tica —que durante la presidencia de Chaves llevó al país a rozar el millar de homicidios anuales—, el exmandatario costarricense recibió de Bukele, un asiduo visitante de Costa Rica, una oferta de colaboración: los planos del CECOT para replicar su modelo en Alajuela, contiguo a la vieja cárcel de La Reforma.
Desde que el ahora ministro de Hacienda y Presidencia puso la primera piedra del CACCO junto a Bukele, en enero de 2026, pasaron diez meses de construcción. La prisión, que al final no es tan “mega” si se compara con el CECOT —con capacidad para 40 000 reclusos frente a los 5100 del CACCO—, se convirtió en la piedra angular del discurso político del Gobierno de continuidad Chaves-Fernández.
“Un monumento”, como lo llamó el expresidente Chaves durante la inauguración, “que ejemplifica y tapa bocas”. La frase tenía destinatarios claros: los jerarcas del Poder Judicial, desde el fiscal general y los magistrados hasta el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que no asistieron al acto de apertura del CACCO.
Una ausencia que tanto Chaves como su heredera política se encargaron de martillar durante sus discursos, aprovechando para descargar una vez más sobre los operadores judiciales la culpa por la inseguridad que azota Costa Rica. Todo ello pese a que la propia administración de Chaves impulsó un recorte presupuestario de 9536 millones de colones al OIJ, una de las principales instituciones encargadas de investigar el crimen en el país.
“Yo respeto la separación de poderes, pero les digo a los diputados aquí presentes que llamen a cuentas al Poder Judicial”, insistió la presidenta Fernández, después de que su biministro se extendiera en un discurso con tanta confianza como si todavía ocupara el Ejecutivo, precedido por unas palmadas a las paredes de una de las altas celdas del CACCO.
“Hoy nace un nuevo modelo de mano dura, pero apegada a la tradición costarricense de respeto a los derechos humanos”, agregó la mandataria tica, reiterando sus amenazas contra los “fiscales, jueces y magistrados que están del lado de los delincuentes, indolentes ante el daño que esta gente (criminales) le ha causado a nuestra amada patria”.
Un día después que el “modelo Bukele” empieza a hacer aguas
La inauguración de la prisión de máxima contención CACCO ocurrió menos de 24 horas después de que el “modelo Bukele” empezara a hacer aguas por primera vez. La noche anterior, el presidente salvadoreño reveló la existencia de una comisión gubernamental, paralela al sistema judicial y a la Fiscalía General de la República, que evalúa los casos de las más de 92 000 personas detenidas durante los cuatro años y medio de régimen de excepción y que podría beneficiar a “más o menos el 50%” de ellas con la libertad condicional.
Algunos críticos del “modelo Bukele” han interpretado el anuncio como un reconocimiento indirecto de lo que organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales llevan años denunciando: que miles de personas fueron encarceladas sin haber cometido delitos en El Salvador. Socorro Jurídico Humanitario (SJH), por ejemplo, estima que unas 30 000 de las cerca de 92 000 personas capturadas bajo el régimen de excepción son inocentes o no tienen vínculos con las pandillas.
Es decir, una de cada tres. Una realidad que el bukelismo ha aceptado a regañadientes, pero que ahora pretende abordar mediante una suerte de “tercera justicia”, una comisión gubernamental en la que participa personal del despacho de su esposa, Gabriela Bukele, y que se abre paso entre los jueces y la Fiscalía para decidir quiénes pueden recuperar su libertad.
Preguntada por la prensa internacional sobre el anuncio de Bukele y la admisión indirecta de que habría inocentes entre los detenidos, la presidenta Fernández respondió de manera tangencial, después de pasarse buena parte del acto elogiando el modelo penitenciario salvadoreño y prometiendo replicarlo en Costa Rica: “No suelo opinar de las políticas públicas que son decisiones de otros presidentes de la región. Voy a revisar con mi equipo el plan y si hay algo valioso, dado que nos han dado tanta cooperación, lo vamos a estudiar”.
Antes de eso, la mandataria anunció que este viernes 16 de octubre viajará a El Salvador para “conocer de primera mano el funcionamiento del CECOT”. “Para aprender todo del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado por las pandillas. Nosotros ya tenemos la infraestructura”, sostuvo la presidenta, que anunció beneficios de vivienda y educación para los policías durante el acto.
“Orden, control y disciplina en el CACCO”
El CACCO costó unos 33 millones de dólares, financiados con recursos del presupuesto nacional tico. El complejo está dividido en cinco grandes módulos independientes, con capacidad para 1020 reclusos cada uno, distribuidos en celdas colectivas de hasta 60 personas, acomodadas en literas.
El Gobierno defiende que la nueva prisión permitirá ejercer un mayor control sobre los reclusos más peligrosos, en particular los cabecillas del crimen organizado que siguen dirigiendo operaciones delictivas desde las cárceles. Sin embargo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) llegó a pedir que el CACCO no entrara en funcionamiento, al advertir sobre la falta de reglas claras para determinar quiénes serán enviados allí, cuánto tiempo permanecerán recluidos y bajo qué condiciones.
El organismo también alertó sobre los riesgos de arbitrariedad e injerencia política en la administración del centro penitenciario. Dudas que este miércoles la presidenta Fernández, junto a su ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, contestaron con más detalles, como por ejemplo, qué tipo de criminales van a trasladar al CACCO. El primer recluso será el responsable del asesinato del policía Gerson Rosales, pidió la presidenta Fernández.
Sin embargo, por ahora, la megacárcel inaugurada con tanta pompa no recibirá a sus primeros reclusos sino hasta finales de octubre, una vez que la Policía Penitenciaria se familiarice con las instalaciones y sus sistemas de vigilancia. La verdadera prueba, más allá de sus altos muros, sus literas y los discursos de mano dura, será si consigue impedir que el crimen organizado siga operando desde las prisiones, uno de los principales dolores de cabeza para las autoridades en general.
En ese particular, el ministro Aguilar, tan parecido al presidente colombiano Abelardo de la Espriella en estética como en verbo encandilado, prometió severidad para los reclusos. “¡Orden, control y disciplina en el CACCO! ¡Que Dios bendiga a la policía penitenciaria”, resumió con dos gritos tajantes.
En el fondo del recinto, donde los periodistas estábamos en minoría frente a los creadores de contenido acreditados —como periodistas—, en otra emulación del estilo Bukele, el influencer Steven Salas hacía su “cobertura” junto a otros creadores de contenido ticos, algunos de ellos asesores legislativos de Pueblo Soberano. La emoción y contundencia de su transmisión estaban rematadas por una música de acordes épicos que acompañaba el video, ilustrado con una imagen de la presidenta Fernández con semblante de autoridad, sobre una fotografía de su megacárcel.
Hey Obi, por su parte, estaba complacido. Había conseguido hacerle una pregunta a la presidenta Fernández y saludar a dos ministros salvadoreños presentes en la inauguración del CACCO, transmitida por los medios ticos: Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, y René Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional.