El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo gestiona un sistema de Gobierno en el que se promueve la existencia de ministerios que prácticamente son “de adorno”, debido a su nulo impacto en la población, pese a que por sus funciones son claves en la sociedad actual.
Son entidades cuya relevancia se mide únicamente por los constantes cambios en sus representantes, la nula efectividad de sus políticas públicas y sus planes de trabajo poco claros. Algunos ejemplos de este tipo de instituciones son el Ministerio de la Mujer (Minim), el Ministerio de la Juventud (Minjuve) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), por mencionar algunas.
Algunas de dichas instituciones tienen más de 10 de años de existencia, otras mucho más, pero sin importar el tiempo que llevan funcionando, se sabe muy poco sobre su labor y no son muy reconocidas por la ciudadanía e incluso por otras entidades del Estado.
Su rol ha sido únicamente propagandística, con el objetivo de aparentar una intervención del Estado en poblaciones vulnerables y para repetir discursos de la dictadura, explica la socióloga y feminista, María Teresa Blandón.
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El Ministerio de la Mujer, la réplica del feminismo de la “copresidenta”
El trabajo del Ministerio de la Mujer (Minim) realmente tiene poco o nada que ver con las mujeres nicaragüenses. En la práctica, solo funciona como un directorio institucional, ya que todos los programas y políticas relacionadas a las mujeres están a cargo de otras instituciones.
La ocupación real del Minim es ser el mayor portavoz del régimen Ortega-Murillo sobre las acciones que supuestamente hace el Gobierno a favor de las mujeres, y gestionar el proceso de elaboración de una serie de cartillas informativas, según su discurso, “para empoderar a las mujeres”.
De acuerdo con Blandón, el Minim “es una réplica de la comprensión que tiene la copresidenta sobre temas de género y derechos de las mujeres”.
“La violencia y la pobreza son los dos principales obstáculos para el empoderamiento de las mujeres. El régimen Ortega-Murillo no tiene una estrategia integral para reducir la pobreza, que como sabemos afecta de manera particular a las mujeres, y tampoco tienen una estrategia integral para combatir la violencia”, puntualiza.
Los femicidios ignorados por el Ministerio de la Mujer
“Tenemos 40 femicidios en lo que va del año. Este régimen tiene 17 años en el poder y sobra el tiempo para que crearan una estrategia integral sostenible contra la violencia. Lo único que han hecho es sacar estas cartillas que seguramente se las dictó Rosario Murillo, ya que son sus palabras, es su lenguaje y es su pésima comprensión de la violencia”, agrega.
El Minim ha sido una de las instancias que más cambios ha tenido desde la llegada del régimen Ortega-Murillo al poder en 2007 y de las que ha tenido menos políticas efectivas para la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Inició como el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) en 1987. Sin embargo, desde su nacimiento, nunca fue una institución sólida para la defensa de los derechos de las mujeres y tampoco tenía capacidad para presentar propuestas de ley o formular políticas públicas a favor de las mujeres, explica Blandón.
“El INIM siempre fue una pequeña oficina. Desde que nació, nació chueca y nació mal. Primero era un instituto con muy poco presupuesto y sin una presencia importante, ni en el gabinete social, ni en el gabinete económico. De tal manera que entre 1990 y 2006, en esos tres gobiernos neoliberales y conservadores, el INIM fue muy débil. Vivía básicamente de donaciones de la cooperación internacional”, expresa.
Al llegar el régimen Ortega-Murillo a la Presidencia, se inició una oleada de despidos y destituciones de diferentes titulares de ministerios, y el INIM no fue la excepción.
Dictadura aplicó “barrida” en el INIM por motivos políticos
“El Gobierno de Ortega corrió a todo el personal que estaba en el instituto, que tenía una mínima experiencia en el tema, y pone a gente que no tiene absolutamente ninguna capacitación o formación en derechos humanos y muchos menos en derechos de las mujeres”, relata Blandón.
La directora ejecutiva del INIM cuando el orteguismo llegó al poder fue María Ester Vanegas. Fue destituida el 3 de enero de 2007, junto con otra docena de personas. Vanegas apenas tenía cinco meses de haber asumido el cargo durante la administración del expresidente Enrique Bolaños y recién había presentado el Programa Nacional de Equidad de Género, la primera propuesta importante del INIM, que finalmente fue desechada por el régimen sandinista.
La destitución de Vanegas fue apenas el comienzo de la constante movilidad de personal y titulares en esta institución. Su reemplazo fue Emilia del Carmen Torres Aguilar, que luego de tres meses, también fue retirada del cargo.
El siguiente nombramiento fue el de Rita del Socorro Fletes Zamora, que luego de cinco meses fue destituida por Claudia Fátima Cerda López, que permaneció en el cargo hasta diciembre de 2008.
Es decir, que hubo tres destituciones y nombramientos solo en 2007, y en total, se dieron otros siete cambios de representantes desde ese año hasta el 2012, cuando el INIM fue elevado a la categoría de ministerio.
Un simple instrumento de propaganda
Pese a que una de las funciones del INIM era la defensa de los derechos de las mujeres, la institución no realizó ninguna intervención cuando el régimen Ortega-Murillo modificó leyes que violentaban los derechos de las mujeres, tal como la derogación del aborto terapéutico, que permitía a las mujeres acceder al aborto cuando el embarazo pusiera sus vidas en riesgo.
“Empiezan a funcionar como equipo de propaganda del Gobierno. Se callan con todas las cosas que pasaron en el primer período de Ortega, como la penalización absoluta del aborto. Era como si realmente no existiera. De vez en cuando hacían una feria para hablar de VIH o de lactancia materna, pero nada más”, recuerda Blandón.
Solo un par de años después, el INIM perdió las donaciones de la cooperación internacional —las cuales se reducieron desde la penalización absoluta del aborto en 2007—, por su falta de diligencia en materia de defensoría y promoción de los derechos de las mujeres.
También inició una política de exclusión de la ciudadanía que caracterizaría al régimen Ortega-Murillo: cerró todas sus puertas al diálogo, alianzas y trabajo colectivo con las organizaciones de mujeres. “Las directoras ni siquiera tenían permiso para reunirse con las organizaciones feministas, lo tenían prohibido”, señala Blandón. Su institucionalización se desmoronó en poco tiempo, agrega.
En 2013, el INIM fue elevado a rango ministerial mediante la Ley 832, Ley de Reforma y Adición a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo; por lo que pasó a llamarse el Ministerio de la Mujer (Minim). Sin embargo, el cambio fue de forma, pero no de fondo, porque no hubo ninguna variación en su actuación.
12 directoras y ministras en los últimos años
Desde 2007 hasta 2024, han habido 12 titulares de esta entidad: siete directoras durante la institución y cinco ministras durante el rango ministerial. Es decir, solo logran mantenerse en el cargo durante un promedio de año y medio.
La ministra más longeva ha sido Jessica Yaoska Padilla, quien estuvo casi cinco años en el puesto. El pasado 13 de mayo fue destituida para ser nombrada embajadora en República Dominicana, trabajo que no tiene relación alguna con sus funciones dentro del Minim. Ahora la nueva ministra es Tamara Vanessa Martínez, una cantante orteguista graduada de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
La mayoría de estas titulares no han tenido un currículum enfocado en temas de género, ni han trabajado con la población de mujeres. Tampoco han cumplido sus obligaciones representando al Estado en acuerdos internacionales a los que Nicaragua está suscrito y relacionados a los derechos de las mujeres, ni han rendido cuenta sobre la situación de las mujeres y niñas en el país durante su presencia en convenios y otros convenios.
“Fueron puestas para repetir el discurso de la señora Murillo. Ni siquiera conocían cuáles eran las convenciones internacionales a las que el Estado nicaragüense tenía que ir. No participan en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Cepal para darle seguimiento al Consenso de Montevideo. No presentan informes cada cuatro años para el Examen Periódico Universal de la Cedaw”, explica Blandón.
De hecho, en la última sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) realizada en octubre del año pasado, las expertas del Comité solicitaron la expulsión de Nicaragua “por no hacer nada para proteger a la mujer nicaragüense”.
PDDH, una institución callada ante la violación de los derechos humanos
El trabajo “de pantalla” como lo llama Blandón, no es exclusivo del Minim. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), una institución creada para la “promoción, defensa y tutela de las garantías constitucionales” de la ciudadanía nicaragüense, tiene muy poca relación con su origen.
Si bien en un principio el trabajo de la PDDH fue beligerante en cuanto a la defensa de los derechos humanos, al igual que con otras entidades gubernamentales, su independencia fue gradualmente cooptada por el régimen Ortega-Murillo rápidamente.
“Entre 2007 y 2011 tuvo una cierta beligerancia. Estaba muy bien reconocida por los mecanismos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Participaban en esas reuniones y presentaban informes alternativos, lo que era su trabajo. El hecho de que hubiese una procuradora para las cárceles, para las mujeres, para la diversidad sexual, entre otros, hacía pensar que efectivamente era una institución fortalecida”, explica.
Esa fortaleza institucional no duró mucho tiempo, cuando la PDDH cerró todo diálogo con la sociedad civil, con la que trabajaba conjuntamente hasta antes del régimen Ortega-Murillo. También dejó de dar cuentas sobre su trabajo y se alejó de las instancias internacionales de derechos humanos debido a las críticas por su cada vez más falta de beligerancia.
“A pesar de ser un ente descentralizado, progresivamente fue perdiendo credibilidad, tanto en Nicaragua como en el propio Sistema de las Naciones Unidas. Llegaba el procurador o los delegados a las reuniones y en vez de dar cuenta por el Estado de Derecho de Nicaragua, defendía al Gobierno y a supuestamente ‘desmentir’ las denuncias por violación de derechos humanos que hacíamos las organizaciones”, indica Blandón.
Procuraduría ya no recibe denuncias de la población
En la actualidad, el trabajo de la PDDH es bastante similar al del Minim: brindar visitas casa a casa para entregar cartillas informativas cargadas de propaganda orteguista, además de un sinnúmero de temas. La garantía y protección de los derechos de la ciudadanía es un trabajo que abandonaron hace mucho tiempo.
Si bien la PDDH tiene una guía de atención en línea, y en teoría, una visita a sus oficinas bastaría para interponer una denuncia por violación a los derechos humanos. La PDDH muy pocas veces responde a estas denuncias y sus actuaciones dependen de las órdenes de los procuradores.
En 2018, la PDDH rechazaba las denuncias de familiares de personas asesinadas o heridas durante las manifestaciones antigubernamentales en 2018, pero sí aceptaba aquellas en contra de los “tranqueros” y “golpistas” (como llamaban a los protestantes). Estas denuncias eran preparadas por el sistema de propaganda de la dictadura, con la complicidad de esta institución.
La mentira a la comunidad de la diversidad sexual
Sus procuradoras y procuradores han sido señalados de mentir a la población sobre propuestas de ley que han anunciado y no se han cumplido. Por ejemplo, Samira Montiel, Procuradora Especial de la Diversidad Sexual, aseguró en 2013 que estaba preparando una Ley de Identidad de Género. Sin embargo, cuando las organizaciones de la diversidad sexual insistieron en que se presentara el anteproyecto de ley, Montiel no lo hizo. Después de once años, dicha ley nunca se dio.
“Ella había dicho que no podía presentar el proyecto porque no quería que los grupos conservadores atacaran la iniciativa, pero era mentira. Nunca hubo una iniciativa”, dice Blandón.
De igual manera, las procuradoras especiales de la mujer, que fueron Deborah Grandison desde 2002 hasta el año 2019 y Yahoska Rivas en la actualidad, también cerraron filas contra las organizaciones de mujeres, e hicieron caso omiso a sus denuncias cuando se reformó inconstitucionalmente en múltiples ocasiones la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer.
“En el primer período de Gobierno de Ortega, nosotras (las feministas) pensamos que íbamos a tener una oportunidad de dialogar, coordinar y concertar esfuerzos con la procuradora de la mujer de ese momento (Deborah Grandison), pero rápidamente nos dimos cuenta de que les prohibieron cualquier tipo de vínculo con las organizaciones de mujeres, al igual que el Minim”, señala.
El desconocido Ministerio de la Juventud
El Ministerio de la Juventud (Minjuve) es uno de los grandes desconocidos dentro del aparato estatal. La institución fue creada en 2013, y sus programas se centran en la participación juvenil, formación y capacitaciones, según las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda. Aunque en la práctica es solo una extensión del brazo dictatorial del régimen Ortega-Murillo y de la Juventud Sandinista.
Su última gran labor es dar promoción a Reinas Nicaragua, Embajadora de Amor a Nicaragua, el concurso de belleza que creó el régimen Ortega-Murillo después de perseguir y criminalizar a la exdirectora de Miss Nicaragua y a su familia, Karen Celebertti. Desde la convocatoria hasta la más reciente actualización, el Minjuve es el ente que mayor protagonismo le ha dado a este evento.
Pero hasta antes de esta actividad, su trabajo se centraba especialmente en el Programa Nacional de Becas. Estas becas están caracterizadas por tener el requisito de escribir una carta de solicitud de beca dirigida al “comandante Daniel Ortega”, y por estar altamente politizadas en cuanto a la selección de las personas beneficiarias.
La ministra Lucien Nahima Guevara Agüero fue elegida en el cargo el 20 de abril de 2022, cuando hizo su primera aparición pública. Hasta antes de eso, no hay información sobre su formación o labor en la población joven. Al igual que el Minim, la movilidad de personal y representantes ha sido una constante en el Minjuve.