La Iglesia Católica tiene una bochornosa tradición de encubrir la pederastia. Desde la congregación de Marcial Maciel hasta el más reciente caso masivo descubierto y compilado por el diario El País sobre 840 abusos en España. Es por eso que uno no duda ni un ápice cuando surge una denuncia de violación contra un sacerdote. Es bastante difícil ceñirse al principio de presunción de inocencia cuando hay miles de víctimas de pederastia por todo el mundo, al punto que el Papa Francisco ha pedido perdón en varias ocasiones por esos pecados mortales de los suyos.
Una sensación similar sentí cuando la Policía de la dictadura Ortega-Murillo arrestó a monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en Boaco, a 90 kilómetros de Managua. Las autoridades judiciales acusan al religioso por la presunta violación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una niña de 12 años. Tras su captura, decenas de feligreses protestaron en apoyo al sacerdote, desafiando el estado policial impuesto en Nicaragua. “¡Libertad, libertad!”, coreaban. “¡Viva la Iglesia Católica!” Muchas suspicacias parroquiales sobre un supuesto caso de violación. Les explico:
Aunque el sacerdote Urbina no criticaba abiertamente a la dictadura Ortega-Murillo en sus homilías –como sí lo hacen otros curas–, feligreses dicen que “oraba por una Nicaragua libre” y que, en una ocasión, apoyó con víveres a simpatizantes contrarios al gobierno. Digamos que en Nicaragua eso basta y sobra para ser criminalizado por el régimen. La captura del monseñor ocurre en un momento álgido de la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua y, además en virtud de la presunción de inocencia, uno se detiene a analizar ciertas cuestiones.
El primero más grave y estructural es el total descrédito del Poder Judicial. Ante una denuncia tan grave como esta, la desconfianza es mayúscula y no debería ser así, sobre todo por la víctima. Hace pocas semanas condenaron al sacerdote de Nandaime, Manuel Salvador García, a pesar de que el montaje sobre violencia contra una mujer se les cayó, luego de que la supuesta víctima negara los hechos públicamente. El religioso no fue absuelto, sino que la justicia orteguista lo condenó a dos años al cambiarle el delito imputado a otro: “amenaza con arma” en perjuicio de reconocidos simpatizantes sandinistas. Además, como castigo, sentenciaron a cinco años a la supuesta víctima que desmintió el relato de la Fiscalía.
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Las suspicacias han salido a luz muy temprano en el caso del sacerdote de Boaco, gracias al abogado en el exilio Yader Morazán. El también extrabajador del sistema de justicia presentó una ficha judicial de abril pasado, cuando el padre Urbina presentó una denuncia por hurto y estafa contra un tipo cuyo apellido, coincidentemente, tiene las mismas iniciales de la niña que figura como víctima en la acusación de violación. Y no solo eso, este jueves 100% Noticias informó que los testigos presentados en el caso son trabajadores de la alcaldía sandinista de Boaco. Un patrón que hemos visto en la fabricación de los juicios de los presos políticos. En su larga data de persecución contra la Iglesia Católica, el sandinismo ha hecho variedad de montajes contra sacerdotes: en 1982, monseñor Bismarck Carballo fue protagonista de un escándalo sexual planificado por el FSLN. Años después los sandinistas pidieron perdón, pero ahora el modus operandi parece resucitado (como las confiscaciones de propiedades).
El abogado Morazán agregó otra suspicacia: “Lo más raro en el caso del padre Leonardo Urbina es que en los procesos de violencia lo más importante es proteger a la víctima, su identidad e integridad, y con más razón, cuando se trata de una niña, por eso nunca se había visto darle tanta publicidad a este tipo de procesos”. Como con el padre de Nandaime, la maquinaria propagandística se ha desplegado para ventilar la captura y la audiencia inicial.
En el supuesto que monseñor Urbina sea culpable de la violación, el gobierno ocupa el caso para sacarle ventaja política en su persecucción contra la Iglesia Católica con el show mediático. Refuerzan la narrativa anti sacerdotes y obispos, ya que ahora no solo son “golpistas”, sino que hasta abusadores sexuales. Uno podría estar de acuerdo con ellos si, en principio, Daniel Ortega no fuera un violador impune y Rosario Murillo una madre que dio la espalda a su hija, Zoilamérica, cuando denunció su violación en 1998 a manos de su padrastro. Tampoco porque el Poder Judicial tiene una larga lista de procesos políticos y condenas que han sido disfrazadas con delitos comunes.
Al final, sea culpable o inocente monseñor Urbina, lo más bochornoso del caso –como la pederastia de la Iglesia Católica– es que el Poder Judicial sometido a la pareja presidencial pone en el último lugar de prioridad a la víctima. Más vale el interés de los dictadores en su cruzada contra la Iglesia Católica, que la integridad de esta niña de Boaco. Los Ortega-Murillo nunca han tenido tacto con el abuso sexual porque escribieron con Zoilamérica una página de la historia de la ignominia.