La dictadura Ortega-Murillo ha propuesto una nueva terna para el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), esta vez encabezada por el excanciller Denis Moncada Colindres y completada por Arling Alonso, diputada y miembro de la junta directiva del Parlamento orteguista, y la ministra de Familia, Johanna Flores. 

Es claro que el objetivo principal del régimen es obtener el respaldo suficiente de los ministros de Relaciones Exteriores de la región para que el nuevo secretario general del principal organismo integracionista de Centroamérica sea Moncada Colindres, tras sus fracasos para imponer al ahora canciller Valdrack Jaentschke, lo cual representa unos riesgos altísimos para la comunidad regional.

Si la dictadura ha tenido un férreo e inamovible defensor ante la comunidad internacional, ese es Moncada Colindres. Todos hemos sido testigos de cómo ha ejercido el filibusterismo diplomático en los organismos internacionales multilaterales de todo tipo: en la Organización de Estados Americanos, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y como principal delegado en las dos mesas de diálogo nacional en 2018 y 2019.

En todos esos espacios, Moncada obstaculizó los debates con extensas intervenciones llenas de argumentos vacíos en defensa del régimen orteguista. Justificó la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil desarmada, inobservando todos los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano, como en el Sistema Universal de Protección. Siempre bajo el alegato del intento de “golpe de Estado” promovido por los Estados Unidos. En ninguna de sus acciones de defensa se salió del guión que le fue dado por Rosario Murillo. 

La terna del totalitarismo de Managua no representa los valores ni los principios del SICA que están contenidos en sus propias normas. El Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que es el documento jurídico fundante y constitutivo del SICA luego de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), tras la posguerra en Centroamérica, en su artículo tercero establece que es objetivo del organismo consolidar la democracia en la región mediante el fortalecimiento de las instituciones sobre la base de gobiernos democráticamente electos e impulsar un régimen amplio de libertad, regla que no cumple Nicaragua, desde luego. También el artículo cuarto enlista los principios fundamentales del sistema, siendo el primero: la promoción y respeto de los derechos humanos como base constitutiva fundamental del SICA.

Es claro que la terna propuesta en general, y Moncada en particular, no cumplen con los presupuestos del SICA. No podemos concebir un sistema respetuoso y promotor de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos con un secretario general que  ha sido el más alto representante internacional (alto, solo por el cargo) de la dictadura más totalitaria de Latinoamérica.

Acá no estamos hablando de un funcionario medio, sin mayor antecedente como era el caso de Werner Vargas, sino de quien ha dirigido la política exterior de Nicaragua en los últimos ocho años, durante los cuales se ha desarrollado el contexto de mayor represión, violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, persecución a la disidencia política, encarcelamientos, destierros y desapariciones forzadas, todo ello documentado y sustentado por organismos internacionales.

Las mayores consumaciones de los ilícitos internacionales más graves han sido defendidas por Denis Moncada, y no solo defendidas, sino también, como se ha dicho, justificadas sin ningún reparo. Pero aún hay más hechos que deben tener en cuenta los Estados centroamericanos, sus ministros y sus presidentes, algunos de los cuales, por cierto, andan proponiendo “una liga de naciones”. 

Y es que durante la gestión de Moncada Colindres como principal responsable de la política exterior de Managua, fue tomada manu militari y confiscada arbitrariamente la sede diplomática de la OEA en la capital de Nicaragua, así como sus documentos y mobiliario secuestrados, violando gravemente el principio de inviolabilidad e inmunidad de las sedes diplomáticas, contenido en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. Hecho de grave relevancia internacional y diplomática del cual se desprenden una serie de responsabilidades de conformidad al derecho internacional público.

Es más que evidente que el canciller de la tiranía Ortega-Murillo no tiene la aptitud ni idoneidad política y democrática para ocupar la secretaría del principal espacio de integración de Centroamérica. Sin embargo, existe otro elemento más que considero importante relevar: y es el riesgo para la seguridad regional que conlleva que un agente de Ortega de la categoría de Moncada dirija el SICA. Esto generaría un terreno demasiado fértil para que las pretensiones geoestratégicas y desestabilizadoras de Rusia –que ya es Estado observador permanente del Parlamento Centroamericano–, China, Irán y Afganistán tengan eficacia y coloquen a la región en una situación altamente vulnerable de carácter global.

Es esta una de las principales razones por las cuales los Estados miembros deben ponderar la propuesta de la dictadura, misma que tiene acéfalo al SICA, tras obligar a Werner Vargas a renunciar de forma inadecuada. Finalmente, Centroamérica pasa por momentos complejos, no solo por el desmedro a la democracia y el Estado democrático, sino por el acecho del crimen organizado y el narcotráfico que tienen a Ortega como aliado. Una elección de un agente como Denis Moncada como secretario general del SICA sería la consumación de la sumisión de Centroamérica a la des-democratización, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos y la impunidad como norma.