La Organización de Estados Americanos (OEA) finalmente no pudo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Después de casi seis años desde que empezó la crisis en Nicaragua en abril de 2018, el organismo no logró evitar la deriva totalitaria del régimen, y a partir del próximo 19 de noviembre, se oficializa la salida de Nicaragua del redil de la organización.
En la última resolución que se aprobó el pasado 8 de noviembre, la OEA recordó que el régimen sigue obligado “a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte”.
Además, anunció que “continuará prestando especial atención a la situación en Nicaragua, haciendo sus mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto de Nicaragua a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos del país”.
Lo anterior, sin embargo, es una de las promesas que ha realizado la OEA desde inicios de la crisis de 2018. La primera resolución aprobada por el Consejo Permanente, el 18 de julio de 2018, expresaba “la disposición para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estime apropiados, en búsqueda de una solución pacífica a la situación que enfrenta Nicaragua, de conformidad con la normativa de la Organización”.
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Mecanismos de la OEA fueron insuficientes
DIVERGENTES contabilizó una declaración y 17 resoluciones aprobadas por el Consejo Permanente o por la Asamblea General, principal instancia del organismo, entre junio de 2018 y noviembre de 2023. Sin embargo, los mecanismos políticos de esta organización fueron insuficientes para “mover la voluntad política de la dictadura hacia la búsqueda de una solución pacífica a la crisis”, dijo, en condición de anonimato, un exdiplomático de la OEA.
El exasesor de la OEA, Guillermo Belt, señaló que la OEA no cuenta con mecanismos para obligar a un Estado miembro a cumplir con las obligaciones establecidas por la Carta de la organización.
“Los órganos políticos (la Asamblea General y el Consejo Permanente) pudieron y debieron hacer mucho más, dentro de sus atribuciones estatutarias, para presionar a la dictadura y hacerla respetar los derechos del pueblo nicaragüense”, apuntó Belt, quien fue asesor del secretario general, Joao Baena Soares, a finales de la década de los 80.
En tanto, un sociólogo que habló con este medio, en condición de anonimato, explicó que la OEA sí ha servido como un instrumento de contención de abusos, pero “con gobiernos que tenían que medirse, y jugaban las reglas del juego democrático”.
Sin embargo, estos instrumentos “son insuficientes” cuando los gobiernos, como el de Ortega y Murillo, “deciden jugar otros juegos”. En el caso de Nicaragua, “Ortega y Murillo no están jugando con las reglas (de la OEA)”.
Los analistas consultados consideran que la OEA ha servido como un instrumento de denuncia a nivel internacional. Sin embargo, “las sanciones económicas pueden ser más efectivas que las resoluciones diplomáticas”, dijo el sociólogo consultado.
“Algo no va bien en la OEA”
En la última votación sobre la crisis de Nicaragua, el embajador de Uruguay, Washington Abdala, uno de los diplomáticos más comprometidos con la denuncia al régimen orteguista en la OEA, dijo que “no se van ir (Ortega y Murillo) tan fácil de la defensa de los derechos humanos en el continente, no va a ser tan simple, no debe ser tan simple”. Abdala señaló que “este es un tema esencial”, pues el régimen nicaragüense “ha roto todas las líneas rojas”.
Por otro lado, el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, dijo sobre la salida de Nicaragua que hace falta autocrítica. Abrão, quien encabezó una misión de trabajo durante los primeros meses de la crisis en Nicaragua, apuntó que en 75 años se había perdido un país miembro en el contexto histórico de la Guerra Fría. Pero en los últimos cinco años se perdieron dos miembros (Nicaragua y Venezuela). “Es necesario reconocer que algo no va bien (en la OEA)”, agregó Abrão.
Denuncias por fraude electoral enfurecieron al régimen
El 19 de noviembre de 2021, el régimen anunció la decisión de retirarse de la OEA, luego de que el organismo rechazara la legitimidad de las elecciones presidenciales realizadas 12 días antes, en las que Ortega obtuvo una nueva reelección como presidente, y Murillo como vicepresidenta.
Meses antes, el régimen realizó una redada en la que encerraron a unos 50 adversarios políticos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. “No fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, dijo el organismo en su resolución aprobada el 12 de noviembre.
Luego de anunciar el retiro de la delegación de Nicaragua, la OEA señaló que el régimen “no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”.
Cinco meses después, el canciller Denis Moncada Colindres leyó un comunicado en el que ratificó “la invariable decisión de abandonar la OEA”. Moncada dijo que a partir del 19 de noviembre de 2021, “dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas”.
Confiscación de sede de la OEA, algo que “nunca había ocurrido”
Moncada, además, anunció el cierre de las oficinas de la OEA en Managua: “Tampoco tendrá este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada”. Minutos después del anuncio, la Policía Nacional rodeó las oficinas de la OEA en Nicaragua, ubicadas a las afueras de Managua, mientras sus símbolos eran desmontados.
El 28 de abril se declararon las instalaciones de la OEA en Nicaragua “de utilidad pública”, para que fueran utilizadas por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) para construir el “Museo de la Infamia”. De esta forma quedaron oficialmente expropiadas las instalaciones, ubicadas en Las Sierritas de Santo Domingo en Managua.
El 13 de mayo de ese mismo año la OEA aprobó una nueva resolución de condena por estas expropiaciones de su local. El secretario general, Luis Almagro, dijo que una situación como esta no había ocurrido jamás durante otras dictaduras.
“Nunca, ni en los peores momentos de nuestra historia, había ocurrido un hecho similar. Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día”, expresó Almagro.
Actividad voluminosa y constante de la OEA
Si la OEA no pudo lograr que el régimen hiciera cambios, no fue por falta de voluntad y ni de sus funcionarios. Desde que inició la crisis en 2018, los órganos que la conforman se activaron: el Consejo Permanente, la Asamblea General, la CIDH, hasta crearse el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Además, se creó otro grupo de trabajo que generó varios informes. “La actividad diplomática, hasta el presente, ha sido voluminosa y constante, a través de resoluciones de condena y propuestas concretas que fueron sistemáticamente rechazadas por el Gobierno de Nicaragua”, afirmó el exdiplomático.
El especialista dijo que en este tipo de conflictos es importante tomar en cuenta que para llegar a una solución pacífica “la voluntad de todas las partes es crucial”. Sin el consentimiento de una de las partes, en este caso del régimen Ortega-Murillo, “no hay avance”, apuntó.
Guillermo Belt, exasesor de la OEA, también considera que la “dictadura Ortega-Murillo rechazó todas las gestiones de buenos oficios iniciadas por los órganos políticos de la OEA”.
Los errores de la OEA
Para el exdiplomático que fue parte del organismo, la OEA debe tomar como lección el caso de Nicaragua para comenzar a aplicar “la diplomacia preventiva” que debe ser extendida a las relaciones internacionales y la diplomacia. “La diplomacia preventiva trabaja con análisis de tendencias y sistemas de alerta”, explicó.
En el caso de Nicaragua, por ejemplo, antes de la crisis de 2018 la actitud de Luis Almagro con el gobierno de Ortega y Murillo era complaciente, aún cuando existían antecedentes de fraudes electorales y demolición de la democracia.
En diciembre de 2016, luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año, el secretario general se dio por complacido, luego de firmar con Ortega un Memorándum de Entendimiento que nunca cumplió, pero le sirvió al caudillo sandinista para ganar tiempo y legitimar su segunda reelección. Sin embargo, los otros órganos de la OEA tampoco se pronunciaron por la demolición democrática que ya estaba desarrollándose en el país.
Según los especialistas consultados, el otro error que cometió la OEA fue demostrar que no pudieron aplicar la Carta Democrática Interamericana al régimen Ortega-Murillo en estos cinco años de crisis. Para la aprobación de este documento, se requiere el voto de dos tercios de los Estados, pero la mayoría de delegaciones se opusieron, por lo que, esto ni siquiera fue puesto a votación.
Una de las razones para no aplicar la Carta Democrática, que significaba la expulsión de la representación del régimen, era que los diplomáticos consideraban que era mejor tener en el redil de la OEA a Nicaragua para tener alguna capacidad de influencia.
Sin embargo, la salida voluntaria del régimen demostró que “este cálculo político es erróneo, al menos en este caso”, dijo el exdiplomático.
El sociólogo opinó que la OEA sólo se limitó a hacer amenazas, que al final el propio Ortega concretó. “Seguramente la OEA nunca hubiera expulsado a Nicaragua y se hubiera limitado a hacer votaciones y resoluciones.”, dijo el analista político. “Lo que demostró el régimen de Ortega y Murillo es que le vale, que la OEA no pinta nada y que ellos están jugando otro juego”, puntualizó.
Un logro de la OEA: la creación del GIEI
No obstante, uno de los resultados más exitosos de la OEA fue la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para “la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018, en Nicaragua”. Durante las negociaciones en el primer Diálogo Nacional, el régimen aceptó la investigación de este grupo en Nicaragua, pero el 19 de diciembre de ese mismo año, el GIEI fue expulsado.
El régimen también expulsó ese día al Meseni, es decir, a las dos misiones que envió la CIDH a Nicaragua, por “falta de imparcialidad y objetividad y de mostrar una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del Gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua”, según la carta oficial del Gobierno de Nicaragua.
Sin embargo, el trabajo del GIEI ya se había hecho. Con la expulsión, el régimen lo único que evitó fue que este grupo presentara los resultados en Nicaragua. La conclusión del informe, sin embargo, fue demoledora: el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió “crímenes de lesa humanidad”.
Además, recomendó investigar a Ortega y a directores, subdirectores y jefes departamentales de la Policía Nacional, además de otros funcionarios, por su responsabilidad en los hechos de violencia.
El informe del GIEI fue ampliamente difundido a nivel nacional e internacional. La minuciosidad de la información publicada da cuenta de pruebas para futuros juicios por estos crímenes. Casi cinco años después, en marzo de 2023, un nuevo informe de la ONU concluyó lo mismo: Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
El experto que dirigió el equipo de la ONU, Jan-Michael Simon, comparó al régimen nicaragüense con el nazi. “El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi”, dijo el investigador.
El exdiplomático expresó que pese a que la OEA no pudo mover la voluntad política de la dictadura, los esfuerzos de este organismos “han servido para llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua”.
Sanciones económicas en lugar de resoluciones
El sociólogo explicó que la crisis nicaragüense demostró que los organismos supranacionales como la ONU o la OEA –que procuran la paz, la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos– tienen menos poder que las multilaterales financieras como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Es un hecho que genera más impacto la aplicación de leyes que le corten el financiamiento a Nicaragua que las resoluciones de la OEA”, remarcó el sociólogo.
El Gobierno de Estados Unidos aprobó, en diciembre de 2018, la Ley “Magnitsky Nica”, que ordenaba sanciones individuales para personeros del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tres años después, el 10 de noviembre de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la Ley Renacer, que incluía una revisión formal del Ejecutivo para determinar la continuidad de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
Si bien estas leyes tampoco han logrado que el régimen acepte una salida a la crisis, decenas de sus funcionarios han sido sancionados individualmente, provocando movimientos y destituciones en sus propias filas. Además de otros cambios financieros en instituciones sancionadas como la Policía Nacional o empresas de la familia presidencial involucradas en el negocio de los combustibles.
El sociólogo apuntó a que estas sanciones se han aplicado de forma individual y no se ha utilizado todavía “el corte de flujo económico” de las multilaterales financieras, pues el régimen ha recibido préstamos después de los huracanes Eta e Iota en 2020, además de los efectos de la pandemia ese año y en 2021.
“Subir la parada con presiones económicas”
En vista de esto, en junio de este año, dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para reactivar y ampliar la Nica Act y la Renacer. La nueva propuesta contiene adiciones para presionar a la dictadura, entre ellas, reducir el financiamiento del BCIE, revisar el Cafta y prohibir la inversión de empresas americanas en Nicaragua.
El politólogo Manuel Orozco considera que en Estados Unidos existe consenso de que las sanciones individuales no tienen la precisión necesaria para generar reformas políticas en el país, “por lo que, se está pensando subir la parada con otras presiones económicas”.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió en abril pasado que Washington seguirá imponiendo sanciones económicas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para así presionarlo para que rinda cuentas por sus “abusos generalizados” y pueda retornar la democracia y el respeto de los derechos humanos en la nación centroamericana.“Es indudable que el brazo de las finanzas tiene más fuerza que el de los derechos humanos, y que la presión en lo económico puede generar un cambio en la dictadura”, dijo el sociólogo.