El más reciente sondeo del organismo Hagamos Democracia ha revelado que casi la mitad de los nicaragüenses consultados, un 44.9%, prefiere “una intervención más directa de Estados Unidos y/o de actores internacionales” para poner fin a la larga crisis sociopolítica que atraviesa el país bajo el régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Cuando la consulta del organismo preguntó qué acción internacional sería más útil para apoyar una salida democrática en Nicaragua, una intervención más directa fue la opción más escogida, con 44.9%. La cifra queda muy por encima del resto: el acompañamiento a una negociación política reunió 24%, la presión diplomática 14.1% y las sanciones a funcionarios responsables de abusos apenas 10.4%. Solo 3.5% consideró que ninguna acción sería útil.
El dato proviene de la decimoquinta Consulta Ciudadana de Hagamos Democracia Nic-CR, un ejercicio que recogió 396 respuestas válidas en 40 municipios y distritos del país entre el 19 y el 27 de junio de 2026. “No es una encuesta probabilística ni pretende representar a toda la población: describe lo que piensan quienes participaron, en un país donde opinar en voz alta implica riesgos”, explicó Jesus Tefel, presidente del organismo. “Su valor está en abrir un canal de escucha donde el miedo y la vigilancia han cerrado casi todos los demás”.
La consulta no precisa qué entienden los consultados por “intervención más directa”. La categoría es amplia y admite lecturas que van desde la presión económica agresiva hasta escenarios más drásticos. Pero la ronda se levantó en un momento marcado por el giro de Washington sobre la región. El propio cuestionario ancló el tema a las declaraciones de Marco Rubio sobre una nueva ruta de presión hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, y el informe sitúa la consulta en un 2026 reordenado por la captura de Nicolás Maduro, un hecho que alteró el mapa de aliados del régimen Ortega-Murillo.
Esa preferencia por la mano dura externa, sin embargo, no es un entusiasmo ciego. Convive con un miedo igual de extendido a sus consecuencias. Al preguntar por el efecto más probable de una mayor presión de Estados Unidos, 49.5% espera que acelere una negociación o transición democrática. Pero un 38.9% anticipa con miedo lo contrario: que endurezca al régimen y aumente la represión. Otro 6.3% teme que termine afectando principalmente a la población. La cercanía entre quienes esperan una salida y quienes temen más castigo revela una ciudadanía que apuesta por la presión externa y al mismo tiempo desconfía de ella.
El mismo patrón aparece cuando se pregunta directamente si Nicaragua será parte de esa nueva ruta de presión estadounidense. Un 52.8% cree que podría contribuir a una transición, mientras 27.3% teme que endurezca al régimen copresidencial. La esperanza gana, pero por un margen que no permite hablar de consenso.
Según Tefel, el respaldo a la intervención se entiende mejor a la luz del desencanto con las demás vías. La consulta se levantó semanas antes del anuncio de Ortega de abolir las elecciones, y ya entonces la expectativa electoral estaba en el suelo: solo 40.1% creía que habría oportunidad para comicios libres en 2027, una caída de más de 15 puntos frente a marzo. El escepticismo, en otras palabras, no nació con el anuncio del caudillo sandinista el pasado 19 de julio.
A eso se suma una valoración crítica de la oposición, calificada como buena por apenas 21.5% de los consultados, y una participación política real que no llega a la tercera parte. Con la vía electoral ahora desahuciada, la oposición en entredicho y la negociación vista con reservas, una intervención más directa aparece como la única palanca en la que una porción amplia de la ciudadanía consultada todavía deposita expectativas.
Por otro lado, el 98.2% considera importante que cualquier salida a la crisis empiece por la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución. Es el consenso más amplio de toda la consulta, el punto donde coinciden quienes esperan una transición y quienes temen más represión. El ejemplo más fehaciente de eso es cuando preguntaron por el caso de Brooklyn Rivera, preso político fallecido en tutela del Estado.
“51.3% considera que demuestra la responsabilidad directa de la dictadura Ortega-Murillo en la muerte de presos políticos y 37.9% que evidencia la gravedad de la persecución política y la desaparición forzada”, se lee en el informe. “En conjunto, 89.2% interpreta el caso desde alguna de estas dos dimensiones. Un 4.5% indica que no conoce el caso y 3.0% prefiere no responder. Estas cifras recogen las valoraciones de las personas consultadas y deben leerse como percepciones ciudadanas sobre el caso”.
Sobre el tema de la vigilancia política, la encuesta resalta que el control social sigue siendo una de las marcas más nítidas de la vida bajo el régimen Ortega-Murillo. El 83.2% de los consultados afirma haber detectado algún tipo de vigilancia o control sobre la ciudadanía en su entorno. Entre quienes identificaron a los responsables, las estructuras del CPC o partidarias son las más señaladas, con 62.5%, seguidas de la Policía, los paramilitares y los propios vecinos o informantes, una cifra esta última que revela hasta dónde ha penetrado la desconfianza en la vida comunitaria.
La vigilancia también se extiende al mundo laboral, en específico en el sector público, donde el 83.7% reporta asistencia obligatoria a actividades partidarias como la forma más común de presión.
Hogares asfixiados por el costo de la vida
Como en anteriores consultas, el costo de la vida se perfila como la principal asfixia de los nicaragüenses. El 58.6% de los consultados afirma que sus ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos básicos del mes, y un 55.6% dice no poder pagar la canasta básica, que en abril de 2026 rondaba los 21,245 córdobas según cifras oficiales del INIDE. El encarecimiento se siente en la mesa. Según Hagamos Democracia, el 71.5% considera que los precios subieron mucho en los últimos tres meses, y los productos más señalados fueron la carne, los huevos, el queso y los medicamentos. La presión económica también empuja hacia la salida: el 57.7% de quienes respondieron dijo que se iría del país si pudiera.
El deterioro de los servicios públicos es uno de los hallazgos más consistentes de la consulta. El 92.9% califica negativamente la educación pública y el 84.5% hace lo mismo con la salud. Pero el dato más revelador no es la mala calidad, sino la política que la atraviesa: el 95.2% considera que la atención en salud está condicionada políticamente, la percepción que más creció respecto a marzo. En educación, el 91.1% afirma haber sido testigo de prácticas de adoctrinamiento político hacia niños, niñas y jóvenes en las aulas, y la partidización del sistema aparece como la causa más mencionada del deterioro escolar.
Por otro lado, el 83% de los consultados percibe que la inseguridad ciudadana aumentó en los últimos tres meses, seis puntos más que en marzo. El robo encabeza con claridad los delitos más mencionados, con 82.6%, seguido a distancia por los asesinatos, el hurto y los femicidios. A esto se suma la corrupción municipal, ya que tres de cada cuatro personas que respondieron dijeron conocer actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en su municipio durante el último trimestre, con el uso indebido de bienes públicos y el nepotismo como las prácticas más señaladas.