Contrario a sentir indignación o que le habían arrebatado un derecho fundamental, Josefa más bien sintió “alivio” cuando escuchó el pasado 19 de julio la pretensión de Daniel Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua. “Es un gran alivio que quiten las elecciones, porque así no nos obligan a ir a votar; participar en un circo, pero sobre todo no nos marcan”, dice la mujer originaria de Managua, una de esas ciudadanas que para poder mantener a su nutrida familia “no se mete en política”, pero terminó aceptando el carné de militante sandinista que el secretario político de su localidad le ofreció.
“¿Qué te queda cuando, después del censo que hicieron, llegan a tu casa a ofrecerte la renovación del carné de militante? Pues no podés decir que no”, relata Josefa, cuyos apellidos se omiten por razones de seguridad. Viene de una familia sandinista, activa en la revolución de los ochenta. Luego se “distanció de la política” e incluso apoyó a los heridos de 2018. Aunque está en total desacuerdo con la represión sostenida desde las protestas sociales, vive en Nicaragua con una especie de mordaza. La asume como necesaria para seguir “sobreviviendo” y sacar adelante a sus hijos.
En las pasadas elecciones de 2021, Josefa entendió la hondura del control territorial del régimen en los barrios. Asegura que uno de los funcionarios sandinistas le explicó que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) están encargados de “levantar listas” de las personas que habitan en los domicilios y, con base en el padrón electoral, verifican “quiénes no fueron a votar”. “Entonces es así como te marcan. O sea, si no votás te convertís, para ellos, en opositor de entrada. Y creo que no tengo que explicarte qué significa ser considerado ‘traidor’ para el gobierno”, dice.
Lo que describe Josefa está documentado por DIVERGENTES con anterioridad. En 2022, una filtración de centenares de correos electrónicos analizada por este medio de comunicación confirmó que los secretarios políticos del Frente Sandinista ordenaron a empleados públicos ir casa por casa a levantar el número de integrantes de cada familia y a registrar quiénes tenían edad para votar. “Ellos quieren tener certeza de quién vota y quién no”, dijo entonces uno de los trabajadores que participó en esa jornada. Los correos exponían que ese control partidario se ejecuta en las instituciones del Estado desde finales de 2018.
Los Consejos del Poder Ciudadano nacieron en 2007 como estructuras de participación ciudadana y de distribución de programas sociales. En 2013 fueron incorporados al Código de la Familia con otro nombre, Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida, aunque en los barrios la gente siguió llamándolos CPC. Después de abril de 2018 su función cambió. Empezaron a identificar a los líderes territoriales y entregaban listas a instancias superiores del partido y a la Policía, y muchas de las personas en esas listas terminaron presas. Luego de eso, comenzaron a identificar a todos aquellos que no se declaran sandinistas.
En ese sentido, Josefa se vio obligada en 2021 a asistir al centro de votación en contra de su voluntad, aunque marcó nulo el voto. En realidad lo que ella quería era quedarse en casa, demostrar con su abstención a un proceso que consideraba una “farsa”, en gran medida porque todos los candidatos presidenciales de la oposición fueron arrestados por Ortega y Murillo. Josefa no fue la única. El observatorio Urnas Abiertas estimó que la abstención en aquellos comicios fue de 81.5%, con una participación promedio de 18.5%. El Consejo Supremo Electoral, en cambio, reportó una participación de 65.23%.
El observatorio electoral independiente advirtió una limitación de su método que describe justamente el caso de Josefa: sus observadores contaban desde fuera de los centros, así que en la cifra de participación pudieron quedar incluidas personas que entraron obligadas y no votaron por nadie. Ese día también se documentó hostigamiento a trabajadores del Estado para forzarlos a votar y presencia de encapuchados que pedían la cédula antes de entrar a los recintos. En paralelo, los empleados públicos fueron obligados a enviar una foto de la boleta electoral para garantizar el sufragio en la casilla dos.
“Entonces, no es que sea mala ciudadana, pero que Daniel haya dicho que no habrá más elecciones es un gran alivio. No sé qué vaya a pasar, pero lo mejor es que anulen por completo el ir a votar. Como te dije, así no nos sentimos parte de un circo y evitamos que nos marquen… que nos tengan controlados y así, quizá, hasta podemos salir del país sin miedo a que no nos dejen entrar al regreso”, expresa Josefa a DIVERGENTES.
Según la mujer, el amigo CPC le contó que las listas de control que levantan en los barrios no solo sirven para mapear a quienes no son “militantes”, sino que sirven también para determinar quién puede volver a ingresar a Nicaragua tras salir a un viaje. Desde 2021, miles de nicaragüenses han sido impedidos de ingresar a su propio país, una política represiva documentada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la describe como un destierro de facto. En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional reformó la Ley 761 para legalizar la facultad de negar el ingreso o la salida a cualquier ciudadano por “seguridad nacional” o “riesgo social”, incluso a nicaragüenses por nacimiento.
“Esto, al menos, me da la esperanza de poder viajar a ver a mi familia al extranjero. Tengo años de no verlos… pero pues hay que esperar aún más, porque esta gente [el régimen] no anda jugando. Dos sobrinos míos que no quisieron agarrar el carné de militante fueron el año pasado a Costa Rica y no los dejaron regresar. A uno de ellos le permitieron volver, siempre y cuando aceptara el carné”, afirma Josefa.
“Hay más expectativa en lo que hacen afuera”
Rodrigo, un extrabajador del Estado que desde hace un par de años labora en un emprendimiento privado en Chinandega, no sintió el alivio de Josefa cuando escuchó a Ortega anunciar que no habrá más elecciones. “Pero tampoco me generó mayor sorpresa”, dice. “Bróder, yo te repregunto, ¿qué cambia para nosotros, los nicas, que hayan o no elecciones? Nada. Si desde hace años no podemos elegir y nos toca votar no para decidir, sino para poder sobrevivir en este país. Así es nuestra vida”, reflexiona el joven, cuyo nombre también se cambió por razones de seguridad.
Rodrigo, que tiene una familia nutrida, dice que ha hablado con todos ellos después de la noche del 19 de julio, cuando Ortega lanzó la pretensión de abolir las elecciones. También con sus vecinos, y asegura que nadie “adentro” tiene “mayores expectativas sobre si las quitan o no”. “Da igual, la atención de los que seguimos adentro de Nicaragua está afuera. En ver qué hace Estados Unidos, la comunidad internacional. ¿Por fin van a tomar cartas de verdad en el asunto? O, ¿van a dejar que se pasen otra raya más? Nuestra verdadera atención y expectativa está en lo que hagan afuera”, concluye Rodrigo.
Hasta la publicación de este artículo, ocho gobiernos del hemisferio y dos organismos internacionales han condenado el anuncio de Ortega: Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil y Bolivia, más la Secretaría General de la OEA y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Pero de toda esa cascada, solo Panamá y República Dominicana tomaron una medida concreta: retiraron a sus embajadores de Managua y rebajaron el nivel de las relaciones bilaterales. El resto son comunicados. México, El Salvador y Honduras guardan silencio.
Mientras tanto, en Managua la Asamblea Nacional ya le dio trámite al deseo de Ortega. Gustavo Porras, presidente del Parlamento sandinista, informó que desde el miércoles 22 de julio la directiva se reúne con el Consejo Supremo Electoral para “identificar cuáles son los elementos” de la reforma, y anunció un “proceso de consultas” con los órganos de control del Estado, el Ejército, la Policía Nacional, instancias del Ejecutivo y movimientos sociales, gremiales y sindicales. Ningún partido político aparece en esa lista.
Porras calculó que la propuesta de reforma entrará a la Asamblea entre finales de esta semana y principios de la próxima, con la intención de aprobarla en la primera semana de agosto. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser refrendada en segunda legislatura en enero de 2027. “Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero”, afirmó el diputado sandinista.
El modelo que vayan a instaurar es, por ahora, una incógnita. Los analistas consultados por DIVERGENTES apuntan a dos vías posibles: una reforma constitucional que suspenda los comicios o la conversión de la Asamblea Nacional en Constituyente, sin convocar a nuevas elecciones, para que los copresidentes se adjudiquen el plazo que deseen.
Los más ponderados creen que los Ortega-Murillo van hacia un centralismo democrático de corte chino, un sistema en el que el partido concentra el poder y decide internamente quién asciende y quién gobierna. Pero la comparación tiene un límite. En Pekín existe una nomenclatura, un partido, que delibera. “En Nicaragua no queda ninguna: nada se decide al margen de Ortega y Murillo”, dice Juan Carlos Gutiérrez, sociólogo y analista político desterrado, “y lo que hay son operadores obedientes sin capacidad de decisión autónoma. Un modelo de partido único, sí, pero con la impronta de una pareja”.
Sea cual sea la vía que elijan, a Josefa le da igual la etiqueta. Lo único que espera es que el modelo que salga de la Asamblea no la obligue a volver a una urna. En su casa, desde niña, le enseñaron que votar era un deber. Ahora su deseo es no tener que hacerlo nunca más, mientras Ortega y Murillo retengan el poder. “Votes o no votes con ellos, ninguna implica tranquilidad”, remata.