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Camila Ortega, hija de la pareja presidencial y directora de la Secretaría de Economía Creativa, sorprendió ayer al intervenir en el Foro Global de Mujeres en Beijing, China. Su discurso fue en español, pero también dio declaraciones en inglés que algunos usuarios comentaron con tono sarcástico, destacando su supuesta “fluidez”. 

Sin embargo, sus palabras reflejan la narrativa propagandística del régimen, que contrasta con la realidad que denuncian feministas nicaragüenses: la imagen de mujeres en cargos públicos es instrumentalizada, sin garantizarles voz, ni poder real. Un ejemplo claro fue la presencia de la ministra de la Mujer, Lucién Guevara —quien la acompañó en el evento— pero no emitió ninguna intervención, quedando invisibilizada incluso en un espacio dedicado a mujeres.

Ortega, conocida en el país por liderar la iniciativa de moda Nicaragua Diseña, también exaltó el papel de la mujer campesina y de las estructuras de poder, asegurando que “Nicaragua ha sido reconocida por nuestro liderazgo en equidad y nuestra participación en la política”. 

El régimen suele respaldar este discurso citando el Informe Global de Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que ubica a Nicaragua como el país con mayor paridad de América Latina y el Caribe, con un cierre de brecha del 78.3%. Sin embargo, esta narrativa no es como la refleja el Gobierno en los espacios internacionales y difiere de la realidad de un país donde el poder real continúa en manos de un pequeño círculo cercano al régimen.

Según la feminista y directora de La Corriente, María Teresa Blandón, el régimen es un represor de las mujeres, desmantela a las organizaciones que las protegen, mantiene en condición de desaparecidas a activistas y periodistas, apresa a opositoras y coloca ministras en cargos sin poder real. Tal es el caso de la actual ministra de la Mujer, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Arling Alonso, junto a las diputadas y miembros de la AN, Amada Pineda, María Haydée Ozuna y Loria Dixon, quienes quedan relegadas a la sombra de los hombres en el Parlamento, sin protagonismo ni voz pública.

Lo mismo ocurre en los ministerios. En el caso del Ministerio de Salud, las figuras con mayor visibilidad han sido Laureano Ortega y el viceministro Carlos Sáenz, incluso por encima de las exministras Sonia Castro y Carolina Dávila.  Tras su salida, Martha Reyes asumió la cartera hasta octubre de 2024, cuando fue reemplazada por la recién destituida, Ofelia Villalobos. 

Sin embargo, quienes concentran la exposición pública siguen siendo Laureano y Sáenz, pues son ellos quienes encabezan anuncios sobre acceso a vacunas, foros internacionales, donaciones de equipos médicos y otras actividades relevantes dentro de la cartera de salud. 

La misma dinámica se repite en la Alcaldía de Managua. Aunque la alcaldesa Reyna Rueda aparece en actos públicos entregando viviendas, recorriendo altares de la Inmaculada Concepción o supervisando obras de calles y drenajes, el verdadero poder recae en el secretario Fidel Moreno, considerado la pieza estratégica del régimen Ortega-Murillo en la capital.

La desigualdad persiste entre mujeres y hombres

Según el informe del WEF, Nicaragua obtuvo un puntaje de 0.783 en el Índice Global de Brecha de Género, lo que deja un 21.7% de desigualdad por resolver. Este resultado coloca al país en el puesto 18 de 148 naciones, un retroceso frente al sexto lugar que ocupaba en 2024, con una caída de 12 puestos en un año. 

En términos económicos, aunque Nicaragua mostró estabilidad durante la última década, manteniéndose entre las diez economías mejor posicionadas en el Índice Global de Brecha de Género, la puntuación cayó más de dos puntos porcentuales este año, sacando al país del top 10, contradiciendo el discurso de prosperidad que Camila Ortega repitió en Beijing como parte de la narrativa oficialista.

Si se analiza el indicador de participación y oportunidades económicas de el informe, el país alcanzó apenas 0.533 puntos, ubicándose en el lugar 131 a nivel mundial, de la posición 100 que ocupó en 2024, evidenciando que existen un número menor de mujeres en el mercado laboral, desigualdad salarial y menores ingresos frente a los hombres.  

Es decir, aunque Camila Ortega enfatice que “continuamos construyendo un futuro de dignidad, prosperidad, paz y felicidad para nuestros pueblos”, en especial para las nicaragüenses, las estadísticas del WEF dicen lo contrario: de cada diez nicaragüenses, solo 4.8 mujeres participan en el mercado laboral frente a 8.3 hombres, una brecha de 35 puntos porcentuales. 

Eso sin mencionar, que aunque la hija de la pareja presidencial destaque el emprendimiento y la autonomía que han logrado las mujeres nicaragüenses, no se visibiliza en la igualdad salarial, donde el país refleja según el WEF, que las mujeres perciben 4830 dólares, mientras los hombres 10 220 dólares, una diferencia de -5.39 puntos anuales. Esto significa que, las mujeres ganan menos de la mitad que los hombres en un año, pues aunque el país figura “alto” en igualdad salarial por trabajo similar, en la práctica el ingreso real de las mujeres sigue rezagado, porque hay menos mujeres en el mercado laboral, muchas están en el empleo informal o en puestos de baja remuneración, y pocas acceden a cargos de poder o mejor pagados.

Las mujeres tienen poder limitado en los puestos públicos

La directora de Nicaragua Diseña remarcó que la Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, “garantiza que las mujeres ocupemos cargos de alta responsabilidad, representando el 56% del gabinete de gobierno y más del 57% de los puestos de elección popular, siendo un evidente reflejo de nuestro modelo democrático y de participación protagónica”, sin embargo, la jefatura de Estado sigue marcada por la desigualdad: en los últimos 50 años, solo 6.72 años han sido ocupados por mujeres, seis de estos por la fallecida expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. 

Aunque según el informe, Nicaragua está cerrando brechas de género a un ritmo más rápido que otras regiones y el país aparece como caso destacado por la proporción de mujeres en ministerios y Parlamento, pero esa paridad son solo números. 

Blandón afirma que “desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo regresaron al gobierno en el 2007, se han ocupado de que hayan porcentajes paritarios o casi paritarios en cada uno de los poderes del Estado, que están bajo su absoluto control. O sea, es una paridad en el contexto de un gobierno autoritario”

La feminista agrega que, la paridad que existe en el Parlamento o en los ministerios se debe únicamente a que la pareja presidencial ha designado los puestos a su criterio, nivel de fidelidad, cercanía, lealtad o sometimiento al régimen, y no se puede analizar esta paridad como un logro democrático. 

Retroceso desde que los Ortega llegaron al poder

Blandón recordó en una entrevista con Divergentes a inicios de este año que, durante los primeros cinco años del régimen, muchas mujeres depositaron su esperanza en el discurso oficial, que prometía acceso a la tierra, bonos solidarios, créditos favorables y títulos de propiedad. Sin embargo, esas promesas se desmoronaron durante el segundo período de Gobierno, acompañado del debilitamiento de leyes que protegían sus derechos, como la penalización del aborto terapéutico y el desmantelamiento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779). 

Esta regresión legal dejó a miles de mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. Solo en el primer trimestre de 2025, al menos 21 nicaragüenses fueron asesinadas, 12 de ellas dentro del país. A eso se suma, que estas condiciones incrementan la pobreza entre niñas y mujeres, lo que provoca mayor flujo migratorio y limitaciones a oportunidades laborales. 

En este contexto, lo dicho por Camila Ortega durante el Foro Global de Mujeres es falso. El régimen Ortega-Murillo, según Blandón exhibe cifras de paridad como símbolo de “liderazgo en equidad” en espacios internacionales, pero en la práctica reproduce un modelo autoritario que niega poder real a las mujeres. La representación femenina en cargos públicos no se traduce en participación efectiva, autonomía política ni garantía de derechos, más bien en disciplina partidaria.