El 7 de diciembre de 1941, cuando los nazis ya ocupaban casi toda Europa occidental –de Francia y Bélgica a Noruega y Grecia–, Hitler dictó el decreto Nacht und Nebel (Noche y Niebla), que instituyó uno de los crímenes más atroces de la humanidad: la desaparición forzada. Ocho décadas después, esa práctica la ejerce con impudicia la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Sin ascos, sin prevenciones y sin remordimientos, en medio de una transición dinástica en marcha y encabezada por Murillo, que busca imponer mensajes fulminantes a una sociedad atemorizada. Una sociedad que asiste, inerme, a las purgas internas de altos funcionarios sandinistas y a la eliminación de críticos que adversan a la sucesora inmediata de su marido. 

La expresión más letal de esa práctica han sido las muertes recientes de Mauricio Alonso Petri y del abogado Carlos Cárdenas Zepeda. Ambos fueron secuestrados por la policía en las redadas iniciadas previas al 19 de julio, cuando los sandinistas celebraron el 46 aniversario de su revolución. El primero estuvo 38 días desaparecido; el segundo, doce. Con menos de una semana de diferencia, sus familias fueron llamadas a reconocer sus cadáveres, después de haber recorrido cárceles y hospitales preguntando en vano por su paradero. 

Si después del asesinato por motivos políticos hay una mayor perversidad, esa es la desaparición forzada. Porque el impacto no sólo destruye a la víctima, sino que también hunde a sus familiares en lo que el Comité contra la Desaparición Forzada llama “un luto congelado”: una tortura continua, de día, de noche y de madrugada. Ansiedad, depresión y estrés postraumático. El sufrimiento psicológico se prolonga sin tregua. Y en el caso de los presos políticos de Nicaragua, esa angustia ya muta en la mayor preocupación de los familiares de las 33 personas detenidas en los últimos meses y mantenidas en desaparición forzada: ¿les revelarán su paradero sólo cuando estén muertos?

Y no hay que ser cautos ante una dictadura que cada vez acentúa más sus modos nazis. Ya el Papa Francisco dijo, acertadamente, que los copresidentes eran “hitlerianos”. Con los Ortega-Murillo siempre hay algo peor después de lo peor: son los capos de la perversidad. Perdón por la falta de positivismo, pero como ciudadanía estamos obligados, por principio humano y moral, a demandar la liberación de los presos políticos hoy mantenidos en desaparición forzada. Porque la finalidad de la desaparición forzada es, casi siempre, además del exterminio, sembrar un miedo profundo y paralizante que se extiende a toda la sociedad.

Si bien los nazis no inventaron como tal las desapariciones forzadas, sí las legalizaron al ponerlas sobre papel y sistematizarlas. Antes, en 1917, Lenin recurrió a ellas durante el Terror Rojo. Después de los nazis vendrían Habré en Chad o Pinochet en Chile. En fin, regímenes y dictadores responsables de crímenes de lesa humanidad abundan para enumerar. Pero, al menos en el Hemisferio Occidental, esta práctica por motivos políticos alcanza hoy su mayor dimensión en Nicaragua, con sobrados matices nazis. Vale mencionar que ha existido la práctica en Venezuela y Cuba. 

Cuando Hitler decretó la “Noche y Niebla”, el objetivo primordial era intimidar a la población civil y acabar con toda forma de resistencia contra el régimen nazi en los países ocupados. Ordenaba que toda persona sospechosa de colaborar o simpatizar con la resistencia fuera arrestada en secreto y trasladada a Alemania, donde seres humanos eran disueltos en los intestinos nazis. Los desaparecían sin dejar rastro y nunca se informaba a sus familias sobre su paradero. No había juicios públicos y, en muchos casos, eran ejecutados en secreto o enviados a campos de concentración junto a judíos.

Si bien el régimen Ortega-Murillo ha entregado a sus familias los cadáveres de Alonso Petri y Cárdenas Zepeda, la cadena de inhumanidad acuñada por Hitler la han emulado casi toda: ni juicios públicos o tan siquiera reportar las condenas políticas prefabricadas en el sistema judicial “Nicarao”. O no darle acceso a los expedientes de juicio a abogados defensores o familiares, porque, aparte de hacerlo adrede, no hay que dejar menudo registro de un crimen de lesa humanidad. Es que los copresidentes cada vez son más nazis. 

En el caso de los alemanes, las sentencias de los juicios sumarios y sin defensa tampoco eran anotadas en la estadística oficial del Reich ni en los prontuarios penales ordinarios. La práctica usual de informar a la prensa sobre las ejecuciones y de fijar avisos en sitios públicos se omitió. Era desaparecer. Borrarte, porque Hitler no quería que esas personas se convirtieran en símbolos capaces de inspirar a otros a rebelarse. Por eso la familia de Alonso Petri fue obligada a enterrarlo de manera exprés, en un sepelio custodiado por policías armados con fusiles de guerra.

Son seis los presos políticos que han muerto cautivos bajo el régimen Ortega-Murillo, entre ellos el general en retiro Humberto Ortega, fallecido en arresto domiciliario en septiembre de 2024, y el excomandante guerrillero Hugo Torres, muerto en prisión en febrero de 2022. Por la razón antes esgrimida, los familiares de estos dos personajes del sandinismo tampoco pudieron tener entierros normales, la posibilidad de despedirlos y procesar el trauma. Tampoco les permitieron realizar autopsias independientes: había que incinerar las pruebas del crimen. Volverlo cenizas. 

Las muertes de Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, ocurridas con menos de una semana de diferencia, plantean otra duda urgente: ¿qué está pasando con los presos políticos en los lugares indeterminados donde los mantienen recluidos? Familiares consultados sostienen que son maltratados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote Nuevo”. Quizá por la angustia y la desesperación, Rosa Ruíz es de las pocas que se atreve a denunciar con nombre y apellido la desaparición de su hijo, Yerri Estrada, un médico de 30 años recién graduado. 

“Sé que a mi hijo le arrancaron las uñas y le aplicaron choques eléctricos en los dedos, porque los tiene vendados; su rostro está irreconocible, su cara hinchada, con los ojos prácticamente cerrados”, relató la mujer, subrayando que lo mantienen en la DAJ. ¿Se imaginan soportar esas puñaladas de pesadumbre? Lo ideal, para apaciguar ese dolor y la angustia, sería presentar un habeas corpus. Pero desde hace años cualquier atisbo legal fue exterminado por los copresidentes. Y de humanismo tampoco queda nada en la pareja presidencial.

Creo que estos crímenes de lesa humanidad recientes, cometidos contra dos presos políticos muertos y contra las demás personas en desaparición forzada (como Fabiola Tercero, desde julio de 2024), además de enfatizar la inspiración nazi de los Ortega-Murillo, son un mensaje fulminante para todos –sean sandinistas o no, Bayardo Arce o no–: quien se oponga a la transición dinástica será apresado… o, en la peor de las circunstancias, víctima mortal de la “Noche y Niebla” copresidencial.