EDITORIAL

La propuesta infame de César Zamora

El presidente del Cosep propone a lo sumo una disculpa que nunca es lo mismo que perdón. La disculpa exonera de responsabilidades y el perdón reconoce un error inexcusable sin librar a los perpetradores. César Zamora se enmarca en la misma lógica de Daniel Ortega de usar el perdón como olvido, algo que Nicaragua no puede permitirse después de una larga historia de violencia e impunidad

Un entierro en la ciudad de Masaya después de la operación limpieza en 2018. Carlos Herrera | Archivo | Divergentes.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), César Zamora Hinojos, hizo este 21 de junio una propuesta oprobiosa a Nicaragua: “Hay que sabernos perdonar”, planteó y anunció que han reactivado “diálogos” con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un panorama de represión sostenida, impunidad para las víctimas, torturas en las mazmorras de El Chipote y exilio de miles, las palabras del empresario de la energía resultan desalmadas y tienen varias aristas que debemos analizar. 

La primera y más grave es la de “sabernos perdonar” después de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Ortega-Murillo. A cuatro años de la masacre de abril, ninguno de los perpetradores policiales, paramilitares y judiciales han encarado a la justicia. Mucho menos los autores intelectuales. En cambio, los familiares de las víctimas fatales continúan perseguidos, al igual que toda voz crítica en Nicaragua. Hablar de perdón de esa manera, como lo hace el señor Zamora, es desfachatado. Ni la justicia transicional ni la universal conciben el perdón como él lo interpreta: haciendo borrón y cuenta nueva de los crímenes cometidos, uno de los grandes propósitos dichos por el dictador en su auto investidura en enero pasado. Dejar caer una lápida de olvido. 

A lo sumo, lo que el presidente del Cosep propone es una disculpa que nunca es lo mismo que perdón. La disculpa exonera de responsabilidades y el perdón reconoce un error inexcusable, para que una sociedad pueda seguir adelante, pero sin librar a los perpetradores de los castigos jurídicos y penales acordes a sus delitos. O sea, que Zamora se enmarca en la misma lógica de usar el perdón como olvido, lo que en Nicaragua no puede permitirse después de una larga historia de violencia e impunidad. 

Uno de los principales fines del perdón en contextos de justicia transicional es que sea un correctivo para el futuro. La no repetición. Las víctimas pueden perdonar, pero sin que sus perpetradores sean exonerados. Insisto en esto porque la pareja presidencial es en lo que más brega en sus discursos y acciones: reiteran que sufrieron un “intento de golpe de Estado”, que son víctimas, que los presos políticos son “delincuentes”, “terroristas”, “traidores a la patria” y otros epítetos usados desde 2018. Es la imposición de una narrativa que intenta borrar de la memoria a las más de 350 personas ejecutadas con disparos letales con armas de alto calibre. Una represión coordinada desde el más alto nivel gubernamental. De modo que es intolerable hablar de perdón, cuando se siguen violando derechos humanos a diestra y siniestra. 

Foto de archivo de César Zamora en una reunión con Daniel Ortega. Archivo | Cortesía.

Zamora, que ha sido un empresario que simpatiza mucho con los tiranos de El Carmen, dijo que “el país requiere más pláticas que gritos”. Otra afirmación sin mayor sustento, cuando ha sido el Gobierno quien ha dinamitado todos los puentes de entendimiento. Desde el diálogo nacional que lo ocuparon para armar paramilitares, hasta la expulsión del nuncio apostólico. El único grito que hay en Nicaragua es el de las víctimas pidiendo justicia, un clamor que el régimen acalla a diario a punta de hostigamiento y persecución a todos los niveles. 

El papel que juega el presidente del Cosep fue advertido desde su nombramiento, ocurrido menos de 24 horas, después que arrestaran a los titulares de la patronal, Michael Healy y Álvaro Vargas. Una ficha facilitadora para recomponer la alianza de Ortega con el gran capital. Esa relación corporativista que fue corresponsable de pavimentar la vía que desembocó en una dictadura sin contrapesos y que asesinó masivamente cuando vio su poder amenazado.  

Después de la sanción de Estados Unidos al negocio minero, y cada vez el régimen más acorralado, sin duda, simular la apertura de una negociación es urgente de cara a la comunidad internacional para intentar salvaguardar los activos que quedan. Para ello el régimen necesita una contraparte que aparente ser potable, en una fórmula vieja y fracasada: que “despolitizar” las relaciones económicas resuelven la profusa crisis sociopolítica que atravesamos desde 2018. Para reforzar la movida, el régimen y el Cosep dicen que el mediador de “estos diálogos” será el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno de los principales financistas de la dictadura. 

Es irónico porque Dante Mossi, presidente de la entidad financiera, ha dicho que ellos no “opinan sobre asuntos políticos internos”, pero ahora se vuelven un intermediario sin chistar. Aunque Zamora intenta centrar el diálogo en cuestiones económicas, lo cierto es que el único diálogo urgente que el país necesita es político y sobre todo humanitario. Eso pasa por la inmediata liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución. Y no admite ninguna propuesta infame que ultraje la memoria de las víctimas de la sanguinaria dictadura Ortega-Murillo.