La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha empleado una amplia gama de medidas arbitrarias que violan los derechos humanos de disidentes políticos y sus familias, se denuncia en el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la situación de Nicaragua.
Mientras que las personas opositoras son sometidas a prisión, condenadas en sentencias dictadas sin juicio y la privación de su nacionalidad “mediante decisiones judiciales que carecen de toda semejanza con la legalidad”, sus familiares sufren las mismas medidas, aunque no estén relacionadas a la defensa de derechos humanos y al activismo político.
Según la Oacnudh, esto “ha tenido un efecto paralizador en el sentido más amplio en la sociedad nicaragüense, dejando claro que cualquier persona crítica con el Gobierno y sus familiares serán castigados”.
Además, los derechos humanos en el país se han deteriorado gravemente con la eliminación progresiva de todas las organizaciones sociales, además del control total del Estado, y con el destierro y exilio de personas opositoras. “El Gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta tal punto que no deja espacio para la disidencia”, advierte la oficina.
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Naciones Unidas advierte sobre persecución a Iglesia
La Oacnudh advirtió que si bien desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 la Iglesia católica ha sufrido ataques por parte del régimen Ortega-Murillo, entre 2022 y 2023 se produjo una fuerte escalada de agresiones en frecuencia y gravedad.
La escala se intensificó a partir del allanamiento a la Diócesis de Matagalpa el 19 de agosto de 2022, cuando la Policía Nacional encerró a monseñor Rolando Álvarez dentro de la curia y mantuvo bajo arresto domiciliario a otros ochos miembros de la iglesia: cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.
Estas ocho personas fueron condenadas a 10 años de prisión por los supuestos delitos de socavar la integridad nacional y propagación de noticias falsas en un juicio arbitrario realizado en enero de 2023. Finalmente fueron desterrados del país y despojados de su nacionalidad el pasado 9 de febrero, junto con más de otras 200 personas expresas políticas.
La condena más alta a un sacerdote en este período ha sido contra monseñor Álvarez, condenado a más de 24 años de cárcel por los mismos delitos y despojado de su nacionalidad y de sus derechos como ciudadano. Hasta ahora también es el sacerdote que más tiempo ha estado privado de libertad con un año y tres meses desde que fue arrestado.
Hasta antes del 18 de octubre, la dictadura Ortega-Murillo mantenía encarcelados a 13 sacerdotes, de los cuales desterró 12 a Roma, Italia después de realizar “acuerdos con el Vaticano”. Sin embargo, dentro de los clérigos desterrados no iba incluido monseñor Álvarez, quien continúa privado de libertad en el Sistema Penintenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Los sacerdotes que fueron desterrados son: Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes.
Destierro, la nueva arma del régimen
En el informe la Oacnudh señaló que el destierro y el despojo de la nacionalidad es una medida represiva que fue aplicada a 317 personas en este año, lo que no está permitida bajo el derecho internacional al que está sujeto Nicaragua.
“Tales medidas y la forma en que se apliquen casos fueron manejados por las autoridades judiciales, incluido el hecho de que parece que tales medidas que no tenían ningún fundamento en la legislación nacional, han suscitado preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Nicaragua”, indicó la Oficina del Alto Comisionado.
De las personas privadas de su nacionalidad, se documentaron 43 casos de personas a las que se les negaron sus documentos de identidad como cédulas, pasaportes y partidas de nacimiento, además de registros académicos universitarios. Ante esto, las autoridades nicaragüenses les dijeron que no existían en los Registros Públicos.
La Oacnudh indicó que es una forma de “muerte civil” y tiene un impacto negativo en sus derechos y de sus familiares, especialmente en las personas que recibían o habían aportado al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS), ya que también han sido privados de su derecho a recibir pensión.
Dentro del grupo de personas desnacionalizadas, el régimen Ortega-Murillo también suspendió la licencia de 26 abogados y notarios, dado que “como extranjeros, ya no podían ejercer su profesión en Nicaragua”.
Torturas contra personas presas políticas continúan
La Oacnudh documentó casos de tortura física, sexual y psicológica, malos tratos e incumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocido como las Reglas de Nelson Mandela y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Mujeres.
Los casos se documentaron en el establecimiento penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en el establecimiento penitenciario integral de mujeres conocido como La Esperanza, en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como El Chipote y en la comisaría del Distrito III, Managua. “El Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación en relación con los tres centros de detención”, dijo la Oficina.
Dentro de las torturas en El Chipote se reportaron el aislamiento prolongado e incomunicación total, encierro en celdas con total oscuridad o exposición a luz artificial durante jornadas enteras. También se expusieron técnicas como proporcionar arbitrariamente o retener el acceso a información sobre sus familiares, privación de materiales de lecturas, información o artículos personales.
A las personas presas políticas tampoco les brindaron artículos de higiene personal como papel higiénico, cepillos de dientes, pasta de dientes, jabones o los paquetes brindados por sus propios familiares.
Violencia sexual, una medida dentro de las torturas
Entre los casos de violencia sexual, la Oficina reporta que tanto hombres como mujeres eran obligados a desnudarse cada vez que salían de sus celdas y hacer sentadillas desnudos cuando regresaban. Los guardias también hacían inspecciones visuales injustificadas y degradantes en sus cavidades corporales como parte de rutinas de búsqueda.
En el caso de las mujeres, la Oficina expone que “los guardias violaron a las prisioneras obligándolas a ponerse en cuclillas mientras estaban desnudas en mitad de la noche e introduciendo sus dedos en sus vaginas con el pretexto de comprobar si escondían teléfonos móviles”.
Por otro lado, tanto El Chipote como en los otros centros de detención y cárceles del país el confinamiento solitario prolongado, y la privación de atención médica y medicinas, especialmente en las personas de la tercera edad.
“La Oacnudh también ha documentado casos en los que a los detenidos, en particular a los de mayor edad, se les negaron medicamentos a pesar de tener enfermedades crónicas (por ejemplo, diabetes o hipertensión) que corrían el riesgo de provocar complicaciones graves si no se trataban”, señala el informe.
A finales de octubre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó a 91 personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales 74 son hombres y 17 son mujeres. Actualmente estas personas también reportan sufrir torturas y privaciones de sus derechos fundamentales.