El modelo de régimen que Ortega y Murillo imponen en Nicaragua se basa en tres grandes herramientas que son aplicadas según la conveniencia de la familia presidencial: éstas se gradúan dependiendo del objetivo y en la actualidad, cuando buscan instalar un sucesor dinástico, están abiertas todas las posibilidades. Hagamos un repaso de estas herramientas:

El miedo. Se aplica principalmente a los opositores, pero no excluye a los propios cuando es necesario. Se inflige a través de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. Los métodos van desde el acoso hasta el asesinato, pasando por supuesto por los juicios sin garantías, retenciones ilegales, desapariciones de corta duración y más.

La prebenda. La mayor parte se materializa en posiciones en el Estado que no son académicas ni profesionalmente merecidas por el beneficiario. Las razones normalmente son por intereses partidarios y hay también un grupo más pequeño: quienes no son empleados estatales, pero participan del presupuesto a través de contrataciones amañadas que le generan grandes ganancias, las cuales reparten con varios miembros de los diferentes estamentos del partido sandinista y el Estado.

La impunidad. Aquí hay una serie de beneficiarios: algunos incluidos en el grupo de los prebendarios, pero otros en posiciones de poderes oficiales o no, que les permiten coordinar redes de delincuencia. Esas redes operan para convertir las obligaciones del Estado, como impartir justicia, en objetos transaccionales y que les dejan ganancias en razón de a quién favorece o no una sentencia. Aquí también hay grupos que operan tomando tierras, cobrando deudas por vías no legales, y otro tipo de actividades al margen de la ley. Estas actividades pueden dejar ganancias para repartir en una cadena más pequeña que la de los prebendarios, pero generalmente de mayor calado económico.

Ahora veamos: los beneficiarios de la prebenda y la impunidad terminan conformando círculos de poder locales y nacionales. Se estructuran en su nivel más bajo alrededor de los alcaldes y secretarios políticos, hasta los niveles más altos que incluyen altos mandos del Ejército y la Policía. También magistrados de los poderes del Estado, operadores político-económicos de la familia Ortega-Murillo e incluso miembros de la familia.

Aquí es donde se activa un esquema de poder basado en el crecimiento del poder económico de individuos con poder político que, a su vez, mantienen círculos más pequeños o individuos, quienes simplemente operan para ellos: aplican violencia en caso que lo consideren necesario y por supuesto lo hacen teniendo la garantía de impunidad total. Este esquema termina consiguiendo crear “indispensables” en cada nivel y esos “indispensables” cobran sus servicios al círculo inmediato superior, basado en las dos herramientas antes mencionadas.

Cuando los beneficiarios del enriquecimiento e impunidad crecen demasiado se hace necesario controlarlos. Son algo así como la flora intestinal que, cuando se reproduce en demasía, causa problemas al cuerpo. Es ahí donde entra en juego la purga como método para controlar este crecimiento.

Las purgas son propias de regímenes autoritarios, pues en democracia lo que hay son destituciones… y, en todo caso, procesos judiciales públicos y transparentes cuando un funcionario cometió delitos. Es así como la persecución contra los propios sandinistas es una característica de quienes se han erguido como señores de horca y cuchillo, que deciden sobre la vida y los haberes de quienes están bajo su poder.

El régimen Ortega-Murillo ha entrado en un proceso de purgas. Desde la “destitución” manu militari de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, no han parado las noticias sobre las caídas y enjuiciamientos en los distintos ministerios, alcaldías o entes autónomos. Nadie luce a salvo, nadie con excepción de la pareja Ortega-Murillo y sus hijos. 

El mundo sandinista –que salvo por el 2018 ha considerado durante los últimos 17 años que todo es seguro con “El Comandante y La Compañera”– entra hoy en la dimensión desconocida. Para ellos, la incertidumbre, el no saber si mañana amanecerán destituidos o presos… o no saber si los mal habidos bienes que tienen los conservarán, los pone en una situación complicada, muy jodidos. 

La pregunta que ronda en el ambiente es: ¿por qué se están dando estas purgas? Visto desde afuera, y con la información que tenemos, luce como el paso previo a la sucesión en el poder que Ortega prepara. Encontramos tres consecuencias que apuntan en esa dirección:

Ruptura de Feudos. Los modelos autoritarios no funcionan sin distribuir el poder. Aunque la lógica no es la misma que en la democracia, en el autoritarismo se otorgan feudos que generan ganancias políticas o económicas a quien designa el dictador. A su vez, éste se convierte en contribuyente del dictador. Es así que Ortega tenía repartidos cotos de caza como el Poder Judicial para la venta de sentencias y demás. El Ministerio de Hacienda para la colocación de deuda pública y venta de bonos. La Aduana y la Dirección General de Ingresos (DGI)  para la evasión controlada de impuestos. Lo mismo con las alcaldías, la construcción pública y un largo etcétera. Este orden de cosas debe cambiar para que la sucesora o sucesor de Ortega los redistribuya basado en la jura de lealtades. Es un método en que el poder retorna al origen para que este sea dado según las nuevas necesidades de sumisión. No es combatir la corrupción, es redistribuirla.

Colocación de Nuevos Liderazgos. Atado a la ruptura de feudos también está la sustitución de liderazgos políticos. Estos no se remueven porque están agotados, se remueven para dar espacio a quienes son más útiles a la sucesión planeada por Ortega y Murillo. Se quiere con ellos comenzar una nueva etapa de enriquecimiento y captura de poder que le permita, a quien sustituya a Ortega, rodearse de gente que necesite a toda costa mantenerse en el poder el mayor tiempo posible para llenar sus bolsillos, al igual que lo hicieron sus  antecesores en los feudos que le fueron entregados. De esa forma no se corre el riesgo que tenía con los actuales operadores de feudos de querer negociar con los Estados Unidos para mantener sus fortunas. Estos nuevos no tienen fortuna que mantener, tienen una fortuna por hacer.

Limpieza de potenciales opositores. Esta es la tercera consecuencia: los remanentes de las administraciones democráticas en el Estado deben ser removidos antes de la llegada de la sucesión de Ortega para evitar que estos ejerzan una resistencia pasiva. Que estos remanentes no pongan en riesgo la capacidad de control que se necesitará para instalar la sucesión dinástica que Ortega y Murillo persiguen. La resistencia pasiva incluye filtraciones de información sensible, ineficacia voluntaria o cualquier otro tipo de acciones que el empleado estatal inconforme puede hacer en silencio, y que terminarían golpeando a la sucesión.

Los Ortega-Murillo entienden bien en qué ambiente están navegando. Saben que sus partidarios hace rato dejaron de ver las convicciones ideológicas como el motor de su lucha por retener el poder. Ahora, simplemente, están en búsqueda de fortunas: ven al Estado como un botín. Y los Ortega-Murillo, que siguen teniendo como fin último el poder por el poder mismo, saben que esta sed por el dinero les será útil para que su sucesión se asiente con tranquilidad y, así, puedan fundar la segunda dinastía política de nuestra historia.

Finalmente, no dudo que Ortega y Murillo miren la sucesión como la veía y la practicaba Luis XIV de Francia al momento de reclutar funcionarios: “Cuando nombro un ministro me consigo un potencial traidor y cien inconformes”. Ahora imaginemos cómo será imponer un sucesor para los Ortega-Murillo.