La Nicaragua que gobiernan Daniel Ortega y Rosario Murillo es el país “renegado” en la Organización de Estados Americanos (OEA). No solo abandonó el foro hemisférico en 2023, sino que cada tanto sigue desafiando a la región de maneras extremas, como sucedió con la reforma constitucional aprobada este primero de septiembre, que extiende un año más el mandato copresidencial y sella al más alto nivel la proscripción electoral de la oposición. A pesar incluso de la brutal represión de 2018 como antesala, los países miembros “siguen sin saber qué hacer” con Managua.
La mayor prueba de ello, según fuentes políticas y diplomáticas consultadas por DIVERGENTES, es que todavía no logran un consenso ni siquiera para fijar una fecha de la reunión de cancilleres convocada para abordar la crisis, después de que el Consejo Permanente aprobó la convocatoria el pasado 19 de agosto.
“El problema más grave es que no solo no tienen fecha, sino que no tienen siquiera contenido sobre qué discutir los cancilleres ni claridad sobre qué van a aprobar”, coincidieron diversas fuentes políticas y diplomáticas consultadas por DIVERGENTES para este artículo. “No saben qué hacer con el renegado del grupo”, insistieron.
De hecho, la Secretaría General de la OEA busca insumos y propuestas para darle contenido a una cita que, por ahora, sigue sin un norte definido. El propio secretario general, Albert Ramdin, reconoció que la organización necesita “propuestas concretas” y que corresponde a los Estados miembros acordar qué tipo de presión política, económica o diplomática están dispuestos a ejercer sobre Managua. “No podemos seguir diciendo las mismas cosas sin actuar”, afirmó en una entrevista con Confidencial.
Después de que el caudillo sandinista lanzó el pasado 19 de julio su desafío de que “aquí no volverá a haber elecciones”, la OEA convocó al Consejo Permanente a una primera sesión que terminó en un fracaso diplomático, marcado por la desidia de los países miembros. Luego, Estados Unidos, que ha liderado la respuesta más firme contra Ortega y Murillo, instó a adoptar una actitud más activa. El Consejo volvió a reunirse el 19 de agosto y reunió una mayoría de 29 votos para convocar a los cancilleres de las Américas, la cita de mayor nivel político dentro de la OEA.
Entre los pasillos diplomáticos de la OEA se instaló la expectativa de que la reunión de cancilleres se celebraría antes del primero de septiembre, antes de que los copresidentes aprobaran la reforma constitucional que no sólo aplaza las elecciones previstas para noviembre de 2027, sino que proscribe constitucionalmente la participación de los opositores considerados “traidores a la patria”. Ante la desidia de la OEA, una vez más el régimen tomó la delantera y aprobó primero la enmienda en primera legislatura.
Estados Unidos ha sido el primer país en responder a la reforma constitucional aprobada. Este miércoles 2 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a sus socios internacionales a romper la normalidad con la “brutal dictadura” Ortega-Murillo. “Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas”, sostuvo el funcionario de la administración de Donald Trump. “Estados Unidos insta a sus socios internacionales a dejar de mantener de inmediato relaciones normales con esta brutal dictadura”.
Los roces con Estados Unidos
A pesar de la insistencia de Estados Unidos por acciones regionales que lo acuerpen en las suyas, el panorama en la OEA no es nada halagüeño. Una fuente diplomática del organismo explicó a DIVERGENTES que la eventual reunión de cancilleres sigue atrapada primero en una tramitología básica.
La OEA todavía debe completar pasos formales de la Reunión de Consulta, como aprobar su reglamento y definir la presidencia de la instancia, antes de cerrar una fecha para la reunión de cancilleres. La tarde de este miércoles 2 de septiembre, el organismo dijo que esa reunión para la tramitología se llevará a cabo a mediodía de este jueves.
Ahora, entre las opciones que circulan para programar la cita de cancilleres está el 17 de septiembre, aunque también se contempla moverla para después de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza el martes 8 de septiembre de 2026. Pero detrás de esa demora pesan además las diferencias entre varios gobiernos y Estados Unidos por la política de Donald Trump.
Canadá es uno de los casos más sensibles. Aunque ha sido uno de los países más activos en la respuesta regional frente a Managua, fuentes diplomáticas aseguran que Ottawa ha comenzado a mostrar mayores reservas, en medio del deterioro de su relación con la administración Trump y de “las dudas sobre la coherencia de la estrategia” estadounidense hacia Ortega y Murillo.
Una de las “contradicciones” que más incomoda a los canadienses quedó expuesta este 2 de septiembre, cuando Marco Rubio pidió a los socios de Estados Unidos dejar de mantener “relaciones normales” con el régimen, mientras Washington intenta al mismo tiempo restablecer su representación diplomática al máximo nivel en Managua, tras la nominación de Natasha Franceschi como nueva embajadora.
“El problema de la diplomacia actual de Estados Unidos en la OEA es que a un país le dicen una cosa y a otro, otra. Es como el presidente Trump: te dicen algo dependiendo de con qué estado de ánimo amaneció”, dijo una de las fuentes conocedoras de las negociaciones en el organismo.
A esas dudas se suma otra discusión más legalista. Canadá ha planteado reservas sobre la posibilidad de crear una comisión especial para Nicaragua después de la reunión de cancilleres, bajo el argumento de que el país ya no forma parte de la OEA y que un mecanismo de ese tipo implicaría destinar recursos del organismo. La objeción ha añadido otro punto de fricción en una discusión ya atravesada por las diferencias con Washington.
Las piedras grandes del zapato: México y Brasil
Pese a las “inconsistencias” achacadas a Washington, diplomáticos consultados por DIVERGENTES reconocen que un logro concreto de la gestión estadounidense fue “haber alineado” a los pequeños Estados del Caribe, históricamente más distantes o poco involucrados en la crisis nicaragüense. Las gestiones del subsecretario de Estado Christopher Landau ayudaron a sumar ese bloque y fueron determinantes para alcanzar los 29 votos que respaldaron la convocatoria de la reunión de cancilleres el pasado 19 de agosto.
Pero las piedras grandes del zapato siguen siendo México y Brasil. México mantiene su tradicional postura de no intervención, mientras Brasil ha asumido una posición todavía más resistente frente a las iniciativas impulsadas desde Washington. Más allá de los cálculos internos de cada gobierno, incluido el horizonte político de Luiz Inácio Lula da Silva, las fuentes diplomáticas señalan un factor común: las tensiones de ambos países con Trump a nivel hemisférico han alimentado el recelo frente a cualquier propuesta estadounidense sobre Nicaragua.
A eso se suma otra dificultad que tiene que ver con que la administración Trump todavía “no ha definido con claridad qué medidas concretas” pretende llevar a la reunión de cancilleres para buscar su aprobación.
Frente a esas resistencia mexicana y brasileña, organizaciones opositoras y de la sociedad civil nicaragüense han intensificado sus gestiones con ambos gobiernos. En una carta enviada a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, once organizaciones le pidieron que México participe activamente en la reunión de cancilleres y use su “prestigio y liderazgo” para contribuir a crear las condiciones para una transición democrática, pacífica y ordenada en Nicaragua, con elecciones auténticas, competitivas y transparentes.
A Brasil, en cambio, le solicitaron respaldar “acciones diplomáticas y pacíficas coordinadas” y apoyar medidas que comiencen por la liberación inmediata de las personas presas políticas y el restablecimiento de las libertades fundamentales, como pasos previos para una salida política a la crisis.
“Nos estamos esforzando porque de esa cita de cancilleres salga algo, no sólo una declaración con la única diferencia que vaya firmada por cancilleres y no embajadores”, dijo uno de los opositores que cabildea ante México y Brasil.
No obstante, las fuentes diplomáticas aclaran que eso no significa que esos gobiernos hayan dejado de condenar la deriva autoritaria de Ortega y Murillo. Lo que cambió es que el consenso que antes existía alrededor del caso nicaragüense “está ahora contaminado por la relación bilateral que cada país mantiene con Washington”.
Las tensiones con la administración Trump, insisten, han convertido “el grave expediente Nicaragua en otro terreno donde se proyectan las disputas hemisféricas con Estados Unidos”. “Canadá es uno de los ejemplos más claros, pero no el único. Chile, que antes se mostraba entusiasta frente a una respuesta regional, hoy aparece bastante más retraído”, según las mismas fuentes.
“El problema sigue siendo interno”
Las fuentes diplomáticas consultadas por DIVERGENTES tampoco encuentran demasiados incentivos en una oposición nicaragüense que continúa fragmentada, enfrenta disputas internas y no ha logrado articular una estrategia y alternativa común frente a la comunidad internacional. Un bloque sí ha intentado mover las posiciones de gobiernos como México y Brasil, intensificado gestiones diplomáticas y presentó incluso una propuesta de transición, pero esos esfuerzos no han logrado traducirse en una cohesión más amplia de la oposición.
Mientras algunos sectores opositores apuestan casi exclusivamente a la presión de Washington y otros rechazan cualquier iniciativa asociada a la administración Trump, en las cancillerías persiste la percepción de que no existe todavía una contraparte política suficientemente cohesionada para acompañar una eventual estrategia de presión regional.
El analista del Diálogo Interamericano Manuel Orozco también coloca parte del problema dentro de la propia oposición y advierte que una salida no puede descansar únicamente en la presión externa.
“El problema sigue siendo interno”, dijo a DIVERGENTES, y al referirse a los sectores más radicalizados fue todavía más duro: “Es como que le están haciendo el trabajo a los dictadores”. La crítica coincide con un análisis que publicó el 31 de agosto en Confidencial, en el que cuestionó la tendencia de algunos liderazgos a sobredimensionar una negociación o una presión decisiva de Estados Unidos y sostuvo que la desunión, las hipérboles y la falta de una estrategia realista terminan generando desconfianza entre los actores internacionales y dando mayor margen a Ortega y Murillo.
Los “renegados” en ventaja
Ante este complejo panorama, quien parece llevar ventaja son los copresidentes “renegados”. Ortega y Murillo ya movieron primero y aprobaron la reforma constitucional, mientras la OEA todavía discute cuándo reunir a sus cancilleres y qué hacer. “Tampoco es que sea tan fácil que todos los cancilleres viajen”, coincidieron las fuentes diplomáticas.
Para Juan Diego Barberena, la ampliación del mandato copresidencial hasta 2028 responde también a un cálculo frente a la administración Trump, con la intención de Ortega y Murillo de atravesar el actual ciclo de presión internacional y ganar tiempo antes de cualquier eventual compromiso electoral.
El exdiputado Eliseo Núñez lleva esa lectura más lejos. A su juicio, los copresidentes buscan hacer coincidir el final de su nuevo período con el final del mandato del magnate republicano. Si la presión internacional llegara a obligarlo a negociar condiciones electorales, podría aceptar compromisos con fecha de ejecución en 2028 y apostar a que, para entonces, Washington tenga menos capacidad o voluntad de exigir su cumplimiento.
La jugada encaja con una práctica ya conocida del régimen. Frente a la presión externa, Ortega y Murillo no necesariamente ceden, sino que ajustan el calendario, moderan la forma y preservan el fondo, coinciden ambos opositores. Mientras la OEA intenta construir consenso y la oposición sigue sin cohesionarse, los copresidentes “renegados” vuelven a administrar el tiempo a su favor.
La “caja de herramientas” pasa ahora por decisiones unilaterales
Ante la falta de una respuesta común dentro de la OEA, varias de las medidas de presión contra el régimen Ortega-Murillo dependen ahora de lo que cada gobierno esté dispuesto a hacer por su cuenta, coinciden las fuentes consultadas para este artículo. Esa es también la lógica que plantea el analista Manuel Orozco, quien insiste en que existe una amplia “caja de herramientas”, aunque ninguna medida funciona por sí sola.
Entre las acciones posibles están:
- Llamar a consulta a los embajadores en Managua.
- Aumentar el aislamiento diplomático y político.
- Ampliar sanciones a funcionarios y operadores del régimen.
- Sancionar a empresarios vinculados al poder.
- Aplicar medidas comerciales y arancelarias.
- Imponer restricciones financieras.
- Endurecer controles sobre flujos de petróleo y gas.
- Activar instrumentos legales bilaterales, como la Nica Act y la Renacer Act en Estados Unidos.
- Condicionar la presión a objetivos concretos, como la liberación de presos políticos, el restablecimiento de libertades y la apertura de un mecanismo de concertación política.
- Reforzar acciones de poder blando contra la propaganda y la desinformación.
Orozco advierte que el problema no es la ausencia de herramientas, sino la falta de voluntad política, coordinación y objetivos claros para utilizarlas de manera conjunta. En el escenario actual, además, varias de esas decisiones “dependen de qué esté dispuesto a hacer cada gobierno por su cuenta”.