A principios de octubre, tras seguir con creciente terror las detenciones de excarcelados políticos, opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Jairo* coincidió con su esposa en que debían poner fin “cuanto antes” a la vida construyeron en Estados Unidos junto a sus tres hijos. Una decisión tan abrupta como la que le fue impuesta en febrero de 2023, cuando la dictadura copresidencial desterró a este padre de familia en un avión junto a otros 221 presos políticos.
“Al ver el caso del Chino Enoc, de Edwin, el expolicía detenido en Davenport, y sobre todo el de Luis Galeano, un periodista reconocido, nosotros dijimos: esta es la gota que derramó el vaso”, me dice Jairo, mientras va de camino a recoger a uno de sus hijos a casa de un amigo del colegio. Es abogado de profesión y pide anonimato por razones de seguridad.
Cuando lo entrevisto, está en plena faena de lo que él resume como “desbaratar su vida, pero sobre todo la de sus hijos” en Florida, para mudarse a otro continente, a un país que nunca han visitado, pero del que ya son ciudadanos: España.
Jairo vive con su familia en Miami, una de las ciudades donde el ICE ejecuta redadas casi de forma perenne. A pesar de que el gobierno de Joe Biden le concedió parole humanitario para rehacer su vida en Estados Unidos tras el destierro, tres meses después solicitó asilo político para intentar regularizar su situación personal y familiar. Pensó que con eso bastaba para tener una base jurídica en Estados Unidos mientras su caso era dilucidado por las autoridades migratorias.
Gracias a que era bilingüe y a su preparación profesional, consiguió un trabajo en el sistema de cortes del estado de Florida, donde ascendió hasta llegar a un nivel gerencial. Por las secuelas psicológicas de la prisión en Nicaragua y la presión del puesto mismo, lo dejó y se dedicó a emprender con su esposa. Comenzaron a comprar y vender muebles usados y él a trabajar como conductor de Uber Black, es decir, un servicio VIP. Eso comenzó a generarle plata, se asoció con otra persona, compraron más vehículos de gama alta y se metieron de lleno en este negocio. Fundó una pequeña empresa de transporte y sus hijos consiguieron becas en un colegio católico y estaban tan adaptados que ya formaban parte de equipos de fútbol.
En ese interín de “rehacer su vida”, alguien les recomendó que, si bien tenían una solicitud de asilo en trámite, eso en sí mismo no era una garantía total. Que, por si acaso, se acogieran a la generosidad del Gobierno español de Pedro Sánchez, que había ofrecido la nacionalidad a los presos políticos desterrados y opositores casi de manera expedita. Jairo lo hizo para tener una segunda opción que nunca pensó tener que usar, sin sospechar que la ciudadanía española terminó convirtiéndose en el talón de Aquiles de él y su familia, en momentos en que la política antiinmigratoria del presidente Donald Trump trasciende las redadas del ICE y alcanza también las instancias administrativas en las cuales se decide la suerte de los migrantes.
El pasado 9 de octubre, una decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración estadounidense terminó de precipitar aún más los planes de viaje de la familia de Jairo para mudarse a España. Irse “cuanto antes” para evitar una detención del ICE y terminar deportado, ya sea a un país de África o, en el peor de los casos, a Nicaragua, como le sucedió a Jeffrey Isaac Jarquín, “el Nene”, opositor exiliado que no formaba parte del grupo de los 222 presos políticos desterrados. Fue detenido en febrero y el primero de octubre fue enviado a Managua. En el aeropuerto Augusto C. Sandino lo esperaba una patrulla que lo trasladó directamente a la prisión La Modelo, según denunciaron sus familiares.
El Tribunal de Apelaciones de Inmigración estableció que los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los españoles, son presuntamente inelegibles para recibir asilo por decisión discrecional en Estados Unidos, bajo el argumento de que tienen derecho a residir legalmente en otros países europeos. Esa fue la estocada final para Jairo. “Siento como que construí un castillo de arena en la playa y que vino el mar y me lo botó”, resume el hombre.
Aunque Jairo se muestra agradecido con Estados Unidos por haberlos recibido y reconoce que la Administración del presidente Trump confronta a la dictadura que lo desterró, se esfuerza por no reñir con las contradicciones de la política exterior republicana, ni con las de su política interna.
Pero, a decir verdad, la contradicción va más allá del caso de este abogado. Es una política exterior muy dada a esos vaivenes que descalabran lógicas comunes. Como, por ejemplo, confrontar a China mientras el propio Trump recibe al presidente Xi Jinping al pie de la escalinata de su avión, con los máximos honores en Estados Unidos. O un Departamento de Estado que arremete contra las dictaduras de Cuba y Nicaragua, aún más después de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, mientras las autoridades migratorias detienen y deportan a perseguidos políticos nicaragüenses, algunos de los cuales fueron trasladados a Washington desde Managua, en un vuelo chárter organizado por el propio Gobierno estadounidense en 2023.
Esas son algunas de las paradojas de estos tiempos, unas que no estaban tan marcadas cuando Jairo solicitó la nacionalidad española, seis meses después de haber presentado su caso de asilo político en Estados Unidos. Es decir, pidió asilo como nicaragüense, antes de ser ciudadano español… un detalle que podrá parecer menor, pero que podría constituir un argumento jurídico a su favor. Aunque, a decir verdad –dice–, ya no le interesa explorar esa posibilidad porque está seguro de que no quiere someter a su familia, sobre todo a sus hijos menores de edad, a más “sufrimientos, incertidumbre y angustia”.
Por eso, estos días prefiere dedicarse a vender todo lo que tienen en Miami para engrosar el ahorro que les permitirá navegar en una España que, a pesar de ser ciudadanos españoles, les resulta marciana. En especial, ha dedicado días enteros a entender cómo funciona el sistema educativo de ese país, lo fundamental para el plan de vida familiar. En tanto, espera la fecha del vuelo, retrasada a petición de su hijo mayor, que le pidió terminar el período escolar para poder despedirse de los nuevos amigos que ha hecho en Estados Unidos después de los que perdió en Nicaragua.
Antecedentes judiciales frente a una feroz política antiinmigratoria
La organización internacional Human Rights Watch denunció a principios de octubre —cuando Jairo y su esposa decidieron poner punto final a su vida en Estados Unidos— que al menos ocho exiliados nicaragüenses a quienes el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad, entre ellos algunos con solicitudes de asilo pendientes, fueron detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses.
Siete de ellos forman parte del grupo de los 222 y el octavo es el periodista Luis Galeano, despojado de su nacionalidad en el grupo conocido como los 94, una semana después del destierro de los excarcelados en avión. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés) documenta que al menos 452 nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad por el régimen Ortega-Murillo desde febrero de 2023. A todos ellos, España —y otros países— les han ofrecido la nacionalidad para evitar que permanezcan en la apatridia.
Ante esos ofrecimientos de ciudadanía, la española ha sido la más demandada por las facilidades que ofrece: no obliga a residir en la península y se otorga mediante carta de naturaleza, un mecanismo excepcional que permite al Gobierno español conceder la nacionalidad por decreto, sin exigir los años de residencia habituales. Sin embargo, no todos los desnacionalizados la han solicitado. En marzo de 2023, el Gobierno español informó que 81 nicaragüenses desnacionalizados habían solicitado acogerse a su ofrecimiento. Tres años después, España ha concedido esa ciudadanía a más de un centenar de víctimas de la desnacionalización impuesta por el régimen copresidencial.
En marzo de 2025, DIVERGENTES reveló que al menos 160 de los 222 presos políticos desterrados habían solicitado asilo en Estados Unidos. Sin embargo, no todos optaron también por la ciudadanía española. Damaris Rostrán, activista de la diáspora nicaragüense en Nueva York y Nueva Jersey, quien acompañó el proceso de inserción de los 222 excarcelados en ese país, estima que entre 37 y 40 de ellos solicitaron inicialmente la nacionalidad española, aunque desconoce si otros se acogieron posteriormente a ese beneficio.
Como ha sucedido con el castigo político del despojo de la nacionalidad, la jurisprudencia sobre las consecuencias de adquirir una segunda ciudadanía en un proceso de asilo es limitada. Entre quienes decidieron no convertirse en españoles, sobre todo los desterrados en Estados Unidos, primó la idea de apostarlo todo a su solicitud de asilo político, tomando en cuenta que el propio Gobierno de Biden los había recibido como perseguidos políticos al otorgarles el parole humanitario. Pero al final, ante la embestida antiinmigratoria del presidente Trump, ni lo uno ni lo otro constituye garantía alguna.
Algo que Jairo entendió a golpe seco con la decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración estadounidense sobre la presunta inelegibilidad de los ciudadanos europeos para recibir asilo político. Pero también piensa en aquellos compañeros de destierro que nunca solicitaron la nacionalidad española y que ahora enfrentan el riesgo de deportación sin tener siquiera otro país al cual trasladarse.
“Más allá de mí mismo, yo pienso en ese otro montón de muchachos de los 222 que se creyeron mil por mil que ya estaban en una tierra de libertad, de democracia, en una tierra donde iban a poder hacer su vida mientras llegaba el momento de regresar a una Nicaragua libre y que no aplicaron nunca a la nacionalidad española”, reflexiona Jairo. “Entonces todas esas familias ahora están en el aire, ahora están que si los agarra ICE, ¿para dónde jodido agarran?”.
Las opciones que enfrentan, dice, son terribles: terminar deportados a algún país lejano de África o, en el peor de los casos, a Nicaragua, donde ya existe el precedente de “El Nene”, encarcelado nuevamente después de ser expulsado por Estados Unidos.
Ante la rapacidad de la política de expulsiones de Trump, explorar algunas vías legales para mantener su solicitud de asilo, a pesar de tener otra nacionalidad, es algo que no convoca a Jairo, sobre todo después de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración sobre las ciudadanías europeas. Sin embargo, eso no significa que no existan antecedentes judiciales similares a los que otros solicitantes de asilo podrían recurrir, pero con pocas posibilidades de ganar.
La jurisprudencia estadounidense no ha mantenido una interpretación uniforme sobre los solicitantes de asilo que poseen más de una nacionalidad. En junio de 2022, una corte federal de apelaciones con jurisdicción sobre Nueva York, Connecticut y Vermont falló a favor de una familia hondureña-nicaragüense en el caso conocido como Zepeda-Lopez v. Garland. Los magistrados determinaron que una persona con doble nacionalidad puede reunir los requisitos legales para ser considerada refugiada cuando demuestra persecución en uno solo de sus países de origen, aunque ello no garantiza que finalmente se le conceda asilo.
Otros antecedentes apuntan en sentido contrario. En 2013, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración rechazó la solicitud de un periodista venezolano que alegaba persecución política en Venezuela, al considerar que su ciudadanía española le permitía acogerse a la protección de otro país. El caso, conocido como Matter of B-R-, es uno de los precedentes utilizados por las autoridades migratorias para examinar solicitudes de personas con doble nacionalidad.
En el caso de los exiliados nicaragüenses existe, no obstante, una diferencia sustancial: cuando aterrizaron en Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023, todavía no eran ciudadanos españoles. Obtuvieron esa nacionalidad después del despojo de la nica. Esa circunstancia introduce una cuestión jurídica que los antecedentes citados no resuelven de manera específica: qué consecuencias debe tener una nacionalidad adquirida después del destierro y de la llegada al país donde se solicitó protección.
No existe una fórmula que garantice la permanencia de estas personas en Estados Unidos. La nueva interpretación migratoria dificulta sus posibilidades, mientras que los antecedentes judiciales muestran que la doble nacionalidad ha recibido tratamientos diferentes según el tribunal y las circunstancias particulares de cada solicitante.
En ese limbo se encuentra el periodista Luis Galeano, liberado por ICE después de pagar una fianza. El caso del colega es paradigmático porque pondrá a prueba al sistema migratorio estadounidense ante una solicitud de asilo con claros ribetes de persecución política.
Mientras tanto, un grupo de abogados estadounidense que trabaja pro bono ha comenzado a analizar los casos de los nicaragüenses desnacionalizados que solicitaron asilo en Estados Unidos, con el propósito de identificar argumentos jurídicos que permitan defender su permanencia en el país, incluso cuando hayan adquirido una segunda nacionalidad.
Jairo, sin embargo, me deja claro que, de plano, ya no quiere seguir explorando esas posibilidades. Prefiere apostar por España, aunque eso signifique “desbaratar” nuevamente la vida de sus hijos y comenzar de cero en un país que no conocen. “Por lo menos esta vez lo estoy haciendo yo, movido por las circunstancias, pero lo estoy haciendo yo porque tomé una decisión consciente”, dice el excarcelado político. “No será fácil en España porque somos españoles que nunca hemos vivido allí, no tenemos ni nómina que es obligatoria para alquilar una casa. Pero, bueno, son los retos de cara a buscar una vida mejor y definitiva en un sitio donde ya no debemos ser vistos como extranjeros, sino que, en principio, es nuestra nueva patria”.