Hay que admitirlo, guste o no: Daniel Ortega y Rosario Murillo son tan déspotas como hábiles políticamente. Tras el sainete norcoreano en versión Temu montado por sus diputados la noche de este primero de septiembre en la ciudad de León, al aprobar a mano alzada la reforma constitucional para extender su mandato un año más, los copresidentes demostraron que leen con agilidad política el momento que atraviesan. Cuando les toca ser matones van a tope, aunque eso les acarree costos, pero cuando tienen que hilar fino para esquivar y marear a la comunidad internacional lo consiguen medianamente bien. Es más, a menudo interpretan mejor el ambiente que los sectores ultras, tanto de derecha como de izquierda, de la oposición nicaragüense.

A ver, pero vamos por partes. El pasado 19 de julio, cuando Daniel Ortega dijo “aquí no volverán a ver elecciones”, no lo hizo como quien tira una piedra a un lago por entretenerse llanamente, sino con el cálculo de viejo navegante político que echa la sonda para tantear el fondo por el que intenta hacer avanzar su barco dictatorial. La pretensión escandalizó a la comunidad internacional, que camina un tanto perdida, porque en Nicaragua desde hace más de una década sólo hay elecciones sin elección ni competencia política real. 

Los copresidentes vieron que apostar a ese extremo podía acercarlos más rápido al naufragio, sobre todo frente a un Estados Unidos gobernado por Trump, que ya había mostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, aunque Nicaragua, a diferencia del régimen chavista, carece de un factor estratégico como el petróleo.

Por eso, al ver la condena unánime por pretender abolir las elecciones, los copresidentes apostaron primero al malabar, a la ambigüedad semántica (entre si Ortega dijo “no va a haber” o “no van a ver”), y luego tiraron sobre los “traidores a la patria”. Es decir que elecciones iban a ocurrir, pero “a la nicaragüense”, sin “golpistas” ni injerencias externas, aunque eso fuese otro recurso más de tanteo, porque los que fuimos desnacionalizados perdimos, según otras leyes ordinarias aprobadas hace unos años, el derecho de elegir y ser electos.

Clarísimos ya de que la abolición total no era ruta viable, la maquinaria mediática oficialista se quedó con el discurso contra los “vendepatria” como argumento central para emprender esta nueva reforma constitucional. Iniciaron una simulación de consultas nacionales en las que nadie se opuso —como en la votación en León en primer debate legislativo, donde la masa acarreada “votó” unánimemente—. Participaron en las consultas “todos los sectores del país”, porque, ¿quién se negaría a participar bajo un Estado policial donde una afrenta se paga con cárcel, muerte o destierro? Pero en especial fueron los hijos asesores presidenciales y las nueras con cargos ministeriales de los Ortega-Murillo los que más enérgicamente dieron su visto bueno en las “consultas”.

En ese proceso “abierto y plural”, el diputado Gustavo Porras, como gran director legislativo de la reforma constitucional, dijo que se extendería el plazo presidencial de seis a siete años “de manera prorrogable”. En ese momento se interpretó que ese era el espíritu mismo de la enmienda: perpetuación en el poder mientras los mismos diputados prorrogan el periodo de los copresidentes. Pero eso no fue más que otro tanteo, otra plomada lanzada al lago.

Por esa fecha, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió para debatir sobre el reto lanzado por los Ortega-Murillo de sepultar los vestigios de las elecciones y la democracia nica. Primero fracasaron y después, bajo la presión de Estados Unidos, el 19 de agosto el Consejo Permanente del organismo —del que los copresidentes retiraron a Nicaragua— aprobó con 29 votos la convocatoria a una reunión de cancilleres, únicamente con la abstención de México y el voto en contra de Brasil, dos potencias del continente que tienen roces permanentes con Trump.

Mientras las “amplias consultas” seguían, curiosamente Porras y sus compinches nunca revelaron el articulado constitucional a reformar, a diferencia de ocasiones anteriores, como ocurrió en 2025 cuando aprobaron la creación de la “copresidencia” y extendieron de cinco a seis años el mandato de los Ortega-Murillo. Esta vez solo revelaron “conceptos” generales. 

A sabiendas de que la OEA no logra fijar fecha para la reunión de más alto nivel de la organización, la de cancilleres, por falta de consenso sobre qué acciones tomar frente a Managua, la copresidenta salió a contradecir a Porras: él había dicho que la aprobación de las reformas sería el 21 de septiembre, pero Murillo la adelantó al primero del mismo mes, aprovechando que la OEA sigue trabada.

Y, ¡capum!, aprobaron las reformas constitucionales la tarde noche de este primero de septiembre. Fue hasta el final de la discusión en lo particular del texto que revelaron el detalle de los ocho artículos reformados. Nos dimos cuenta de que los Ortega-Murillo, tras tantear varias veces, eligieron el repliegue, al eliminar “el prorrogable” del período. Repitieron la misma forma usada con la modificación constitucional de 2025 de extender un año más. 

Es decir, una jugada política ya probada, efectiva para confundir a países incautos o pasados de ingenuos o cómplices: apostar, según ellos, por la opción que llama menos la atención para intentar mitigar lo que salga de la reunión de cancilleres de la OEA, sobre todo acciones unilaterales.

Y entonces llegamos a la actualidad, cuando los Ortega-Murillo retoman la efectiva técnica del alargue copresidencial: las mismas elecciones fantoche para simular respaldo popular y mantenerse en el poder sin golpes mortales por parte de Estados Unidos y una comunidad internacional desinteresada, sinceramente, de lo que ocurre en un país tan chico y despetrolado. Así la reforma constitucional cambia todo sin cambiar nada. Los nicas seguimos sin poder elegir, la represión calibrada y el proyecto dinástico intacto. 

Pero lo más grave del asunto, para mí, estriba en los polos ultras de la oposición. Tanto los de la “derecha” como los de la “izquierda”. Mientras los Ortega-Murillo han sabido aprovechar al máximo esa desidia internacional frente a ellos, y el laberinto en llamas por el que a diario camina Trump entre Irán y sus frentes domésticos, los derechistas se desgastan imponiendo una narrativa de lucha ideológica contra los “zurdos” y lo “woke”, en un penoso intento de llamar la atención de una Casa Blanca que se mueve en ese tenor, pero que tampoco los vuelve a ver, en particular al bloque duro autodenominado “tranque de Miami”. 

Y, por el otro lado, una izquierda dogmática que, carente de sentido de la realpolitik de estos raros tiempos, emite manifiestos por la “dignidad y el decoro nacional” ante una eventual acción directa de Trump. Parte de principios abstractos y olvida que, para tumbar a la dictadura, no siempre se puede elegir con quién se pelea, como se elige un par de zapatos a la medida en una tienda.

Si la prioridad es acabar con la tiranía bicéfala, atrincherarse en la pureza ideológica (en ambos extremos) y combatir en todos los frentes a la vez tiene un solo efecto: hacerle el juego, aunque sea sin querer, al enemigo real, sanguinario y vivo, que es el régimen Ortega-Murillo. O, como bien plantea el profesor y excarcelado político Fredy Quezada, si no pueden sumarse, que al menos no estorben.

Y no es que yo esté de acuerdo con Trump o lo que pasó en Venezuela, que es un caso similar pero bien distinto, y cuyos detalles ameritan otra columna. Pero, después de tanto dolor, sufrimiento y exilio compartido, todavía me resulta inaudito cómo estos dos polos opuestos se terminan tocando en la puerilidad política.

En un esfuerzo yermo por solo debatir entre ellos mismos a través de dogmas obtusos y poco prácticos ante la urgencia nacional, demuestran una severa desconexión con la gente que sigue dentro de Nicaragua, cuya principal preocupación es la economía y la falta de libertad. Unos ciudadanos que sobreviven con un miedo que no parece miedo, en una normalidad a la que la dictadura también saca réditos.

Pero ambos extremos no escuchan ni quieren escuchar y, a la larga, una parte de la responsabilidad de tanto alargue copresidencial la tendrán que asumir por su elección de la intrascendencia política, sea por ego, vanidad o soberbia. Esa discusión cacofónica que mantienen, encerrados en sus burbujas, no interesa ni a los nicas ni a los que están alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio, que cada vez los reciben menos. ¿Cómo puede ser que todavía no logren entenderlo?