En 1934, durante la purga conocida como la “Noche de los Cuchillos Largos”, el líder de las primeras fuerzas paramilitares del nazismo, Ernst Röhm, fue detenido por orden expresa de Hitler y encerrado en la prisión de Stadelheim bajo la acusación de “traición”. Le dejaron una pistola en la celda para que se suicidara. Cuando se negó, fue ejecutado después por los guardias. No hubo acusación formal, juicio ni defensa. Fue una purga política decidida desde la cumbre del poder, fabricada por el propio “Führer”. Röhm pudo haber merecido muchas cosas, hasta los disparos, pero también merecía un debido proceso. Era una concepción que no estaba asentada antes de la caída del nazismo. 

Episodios como el de Röhm, que son peliagudos en tanto confrontan moral y justicia, llevaron después de la Segunda Guerra Mundial al desarrollo de principios jurídicos destinados, precisamente, a evitar que los Estados pudieran encarcelar o eliminar a sus adversarios sin garantías. De ese esfuerzo, durante el largo y complejo periodo de posguerra, nacieron conceptos centrales del derecho internacional. En específico el debido proceso, la prohibición de la detención arbitraria y la categoría de preso político que, es necesario decir, aún no tiene un marco jurídico definitorio plenamente consensuado. 

En un entramado similar de graves violaciones a los derechos humanos, que incluso incurren en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, el caso de Arce ha generado un debate necesario sobre si el exasesor económico de Daniel Ortega es o no un preso político. En este artículo no pretendo posicionarme de un lado u otro, ni mucho menos convertirme en defensor ad hoc de un personaje señalado de corrupto y pieza económica clave del régimen que nos asola, sino esbozar algunos argumentos desde lo que creo y defiendo desde el periodismo que practico: aquello que nos distancia de la barbarie y el fanatismo, el debido proceso y los derechos humanos universales. 

En ese sentido, quisiera referirme a los hechos en medio de tanta estridencia. Arce fue detenido en julio de 2025, en el contexto de una purga interna del sandinismo comandada por la copresidenta Rosario Murillo. Varias cosas no son un secreto en torno a este funcionario asociado a la corrupción y a los placeres opulentos que suelen acompañar a ciertos izquierdistas devenidos en millonarios mal habidos. Fue un comandante central de la Revolución Sandinista, el último de los que se mantuvo leal a Ortega, a pesar de su antigua y persistente relación friccionada con Murillo. A partir de este punto quiero hablar con la responsabilidad y el conocimiento que, de alguna manera, me han dado tantas entrevistas con personas cercanas a ese entorno represivo.

Desde antes de 2018, Arce y la vieja guardia del Frente Sandinista comenzaron a ser apartados por Murillo. Eran parte del poder, pero una parte del poder venida a menos, cada vez con menor interlocución y capacidad de decisión real, en un Gobierno cuya administración fue concentrada con voracidad por Murillo. Es difícil concebir a estos personajes desde una lógica simplista. Sí, se mantuvieron orbitando y contribuyendo al poder, pero también oponiéndose de manera interna al proceso de sucesión dinástica impulsado por Murillo. 

Por eso, unos fueron expulsados de El Carmen por Murillo y Arce renunció a su cargo sin hacerlo público. De hecho, después de 2018 intentó renunciar varias veces al puesto de asesor económico presidencial, de acuerdo con fuentes sandinistas. Sin embargo, Ortega, a quien Arce siempre se dirigía exclusivamente, en una antigua postura de menospreciar a la copresidenta, le ordenó mantenerse en el cargo. Desde entonces permaneció en el puesto de manera más bien ornamental, sin funciones, tras la expulsión de facto que le impuso Murillo. En la práctica, el asesor presidencial económico se dedicó a sus cuestionados negocios privados. 

También, en 2018, fue uno de los escasos personajes sandinistas de relevancia que criticó la represión ante la cadena Univision. Si bien fue una crítica tibia, ocurrió en un contexto donde cualquier cabeza rueda por menos que eso. Resultó llamativo. ¿Eso lo convirtió en un opositor “azul y blanco”? De plano que no, pero deja constancia de algún tipo de diferencia con la pareja presidencial, de quienes Arce, en círculos internos, solía preguntarse: “¿cuándo se volvieron peor que los Somoza?”, aunque él mismo fuera parte de ese conglomerado represor. Una crítica que Murillo conoció y apuntó en su libreta de vendetas, en la vieja página dedicada a Arce. 

De modo que su encarcelamiento, aunque sea producto de una purga interna, tiene una clara motivación política. No tan visible como la del resto de víctimas del régimen criminalizadas por ejercer derechos fundamentales, pero la tiene, guste o no, porque la finalidad fue neutralizar políticamente a Arce, visto por algunos sectores como una pieza menos radical para una eventual transición. Y eso nos conduce a la siguiente parte del debate, relacionada con los hechos en torno a su detención violenta. 

Antes de ser apresado, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado aseverando que Arce no se había presentado a declarar y que, por ende, estaba en rebeldía. Sin embargo, su familia ha asegurado que nunca fue notificado de proceso alguno y que, cuando conoció el comunicado, intentó comunicarse con Ortega, pero no tuvo respuesta. En esos días su escolta personal le fue retirada y poco después fue detenido. Desde que se lo llevaron de su casa permaneció bajo paradero desconocido, es decir, en condición de desaparición forzada. 

A partir de ese momento el debido proceso comenzó a violarse, al tratarse de una detención arbitraria seguida de una desaparición forzada, circunstancias que no pueden justificarse por los actos previos ni por la calidad moral del detenido. Y esto no lo digo yo, sino juristas internacionales con los que he conversado antes de escribir este artículo. Es una cuestión básica de derecho y humanismo que, aunque ellos no lo respeten, nosotros sí debemos hacerlo.

Aquí aparece el punto neurálgico del debate: la categoría de preso político. No es un término con un significado jurídico preciso, porque no se trata de una figura legal establecida ni plenamente consensuada en el derecho internacional. Precisamente por eso su discusión suele contaminarse de juicios morales sobre la biografía del detenido, cuando lo relevante son las condiciones de su detención. De nuevo, eso lo dicen los juristas internacionales que han estado involucrados en casos de crímenes de lesa humanidad. 

Aparte de visitas intermitentes de sus familiares, Arce no tuvo un juicio. Seis meses después de su detención, el Estado informó de una condena en su contra por corrupción y un supuesto esquema de lavado de dinero, justo un día después que su familia se atrevió a denunciar públicamente su situación. Sin juicio ni derecho a la defensa, hay que sumar el monto estratosférico achacado a Arce. Unos 5000 millones de dólares, una cifra cuya viabilidad técnica ponen en duda expertos en lavado de activos. Es decir, no dicen que Arce no haya cometido el delito, sino señalan dificultad de atribuir una operación que se acerca a los colosales casos de corrupción en América Latina y el mundo. Al margen de eso, hay que señalar que la dictadura ha disfrazado las condenas políticas de otras personas con delitos comunes. O en otros casos han fabricado juicios y cargos de manera exprés, y hasta de manera telemática, siempre sin derecho a la defensa. 

Ahora, Arce sigue desaparecido y corrieron rumores de que fue trasladado a un hospital en condición delicada ante el deterioro de salud. Su familia, hasta ahora, no ha sido informada al respecto, de modo que viven sumidos en la zozobra. Hasta aquí, la enumeración de los hechos. Si bien no hay un concepto unánime de preso político, desde que el término comenzó a emplearse en el campo de los derechos humanos, varias organizaciones han desarrollado criterios para identificarlo. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el Consejo de Europa coinciden en elementos básicos: que la detención tenga una motivación política, que el proceso judicial esté manipulado o carezca de independencia, o que el encarcelamiento busque neutralizar a una persona por su posición o influencia política. Es decir, insisten en que la categoría no se define por la biografía moral del detenido, sino por las condiciones en que se produce su detención.

Aunque Arce sea corrupto y un personaje moralmente cuestionable, si nos ceñimos a los derechos universales antes enumerados, casi todos le han sido irrespetados. También hay que mencionar que este debate se genera porque el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó a Arce en el listado de personas presas políticas. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (que es parte del Mecanismo) ha salido al paso para cuestionar el método con el que se clasificó al exasesor económico, basándose en la moral del sujeto, particularmente en los pecados capitales que se le atribuyen. 

Hasta cierto punto, esa rabia es entendible. Sobre todo en víctimas que han sufrido la represión más retorcida de los Ortega-Murillo. Sé que hablan desde experiencias más que válidas. Eso es lo más incómodo de la dicotomía que este caso plantea. Creo en la moral como guía, pero también en el debido proceso y en los derechos humanos universales como método. La moral es sana, pero cuando llega al extremo de negar principios básicos que nos protegen de dictaduras oprobiosas como la Ortega-Murillo, lo que sucede es algo parecido a autolesionarse. 

No dudo que Arce sea un tipo corrupto como han demostrado investigaciones periodísticas, pero en contextos tan delicados, en los que necesitaremos un proceso de justicia transicional, eso deberá servir para delimitar responsabilidades individuales y establecer castigos acordes. Por desgracia, en este momento de derrumbe total de la justicia nacional, no hay una instancia capaz de dilucidar eso y, más bien, nos toca como sociedad construir un tribunal para la transición, apegado a las normas universales. 

En ese sentido, me resulta maniqueo comparar el caso de Arce con que Ortega encarcele a su mujer, la copresidenta Murillo. En este momento esa comparación capciosa mete más ruido que posiciones ponderadas en un debate que ya de por sí está bastante polarizado. Arce contribuyó a la dictadura, sin duda. Tiene que pagar, pero ceñido a las responsabilidades que le correspondan. El asesor económico ha sido sancionado por la Unión Europea y Canadá por favorecer esquemas de corrupción que sostuvieron al régimen, pero no ha sido señalado por violaciones directas a los derechos humanos; de ser autor de crímenes de lesa humanidad como Ortega, Murillo y otros funcionarios. Ni siquiera el Grupo de Expertos menciona su nombre en la lista de más de 50 perpetradores directos. Y aquí viene otra cuestión incómoda: no es lo mismo disparar que financiar a través de la corrupción a un régimen.

Es decir, no absuelvo a Arce de nada (además porque no soy juez), pero cada acción debería tener un castigo acorde. Si consideramos que eso no es así, básicamente nos alejamos de la concepción de los derechos humanos universales. Y no digo que Arce debe ser “blanqueado” ni que pueda alegar la banalidad del mal que nos propuso Hannah Arendt a partir de los juicios de Núremberg, sino comprender algo que, lo reconozco, jode: incluso quienes no apretaron el gatillo son responsables cuando contribuyen a que una maquinaria de poder oprobiosa funcione. Pero esa responsabilidad no cancela sus derechos. Así simple, duro y, si quieren, contradictorio.

El antecedente central está en los juicios de Núremberg, donde esta jurisprudencia empezó a gestarse. No todos los líderes nazis obtuvieron la misma condena por sus actos en esas audiencias. Hubo ejecuciones para unos, largas penas de prisión para otros e incluso absoluciones, porque el tribunal distinguió distintos niveles de responsabilidad. Pero al final todos pasaron a la historia, ante la moral universal, como aberraciones. Y es casi seguro que Arce termine como un corrupto que financió a un régimen criminal. De eso nadie lo salva, pero mientras tanto, guste o no, tiene derecho al debido proceso. Negárselo lo convierte, aparte de un perseguido, en un preso político. Negarles sus salvaguardas universales, eso sí, es banalizar los derechos humanos y reducirlos a un club de simpatías mutuas. 

Para finalizar, la reflexión no es tanto abogar por Arce, aunque sé que me van a tildar de ello, sino pensar en lo que queremos realmente para Nicaragua. ¿Una transición compleja en la que procuremos un proceso de justicia apegado a normas universales que nos protegen a todos, o una que funcione como una inquisición vengativa que, al final, termina validando el mismo estilo del régimen abyecto de Ortega y Murillo que nos ha destrozado como sociedad? 

Que no haya perdón ni olvido. Que haya justicia a toda costa, pero sin convertirnos ni parecernos a quienes hoy nos machacan. Eso, a mi parecer, sí es una cuestión moral insoslayable. No puede ser esta una discusión tan simplista, de blancos y negros, sino una más madura y sin apasionamientos exacerbados. O dicho de otro modo: ¿se quiere una Nicaragua post copresidencial donde lo único que podamos ofrecer sea una pistola en la celda? Si en eso se cree, eso solo nos conduce al mismo bucle doloroso de nuestra historia nacional.